San Raymundo Jalpan, Oaxaca. La LXIV Legislatura saldó una deuda histórica que el Estado tenía con los y las oaxaqueñas, con la aprobación de la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para el Estado de Oaxaca.

Aprobado en sesión extraordinaria de esta soberanía, con 32 votos a favor, este instrumento jurídico establece los principios, bases y procedimientos para garantizar el derecho a la consulta, y reconoce a las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público.

En torno a esta decisión, el diputado Horacio Sosa Villavicencio, presidente de la Junta de Coordinación Política, manifestó que la ley reconoce el derecho a la consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como un derecho colectivo. Además, obliga a las autoridades a llevar a cabo la consulta cada vez que se prevean medidas administrativas o legislativas susceptibles de causar afectaciones.

“Hoy, los pueblos y comunidades podrán dar su consentimiento o rechazar la medida, llegar a un acuerdo con la autoridad, o  en su caso emitir opiniones y propuestas respecto de la medida consultada”, advirtió.

En tribuna, la diputada Gloria Sánchez López, presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas y Migración, precisó que la aprobación de este ordenamiento representa un paso firme en la defensa y reivindicación de los derechos de los pueblos y comunidades.

“Hoy es un día en que se hace justicia a los pueblos indígenas y afromexicanos, porque se trata de un instrumento poderoso para defender a quienes por años han estado desprotegidos”, afirmó la legisladora.

En su intervención, el congresista Saúl Cruz Jiménez, recordó que esta Legislatura ha tenido la convicción de garantizar el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades, al plantear varias iniciativas que aportaron ideas y en la que se conjugaron ideas y propuestas de los pueblos y comunidades.

En su oportunidad, la legisladora María de Jesús Mendoza Sánchez, dijo que el dictamen de la ley presentada es, por mucho, el cumplimiento al mandato de la Constitución Local que establece en el Artículo 1 que “el estado de Oaxaca es multiétnico, pluricultural y multilingüe”.

Este ordenamiento fue elaborado con las aportaciones realizadas por la ciudadanía, académicos, autoridades municipales, núcleos agrarios, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, y representantes populares, así como diputados federales e integrantes del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, entre muchos otros,  a lo largo de 16 foros regionales,  un foro estatal y trabajo coordinado de cuatro comisiones unidas. Como órgano garante, acudió la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

En su turno, la diputada Hilda Graciela Pérez Luis, celebró que la entidad oaxaqueña se coloque a la vanguardia y como ejemplo a nivel nacional, al hacer realidad un acto de justicia que es fundamental para garantizar la gobernanza democrática e incluyente, garantizando los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Para la construcción de la ley, las Comisiones dictaminadoras además de tomar en cuenta las opiniones, preocupaciones y aportaciones de los pueblos, también se consideraron los precedentes jurisprudenciales en materia de derecho de los pueblos indígenas.

La propuesta final de la Ley de Consulta Indígena para Oaxaca, estuvo a cargo de las Comisiones permanentes de Asuntos Indígenas y Migración, Administración y Procuración de Justicia, Democracia y Participación Ciudadana y Derechos Humanos, y consta de 81 Artículos distribuidos en 24 Capítulos, siete Títulos y cinco Transitorios.