CDMX.- El abuelo del menor autor del tiroteo del pasado 10 de enero en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, fue vinculado a proceso y sentenciado a permanecer en prisión preventiva por el delito de homicidio doloso por omisión por un Juez de Control.

Luego de una audiencia que duró alrededor de 4 horas se determinó que José Ángel “N”, de 58 años de edad, podría ser responsable por omisión de la muerte de la maestra María, esto luego de que el Fiscal general del Estado dio a conocer que las armas que fueron utilizadas por el joven de 11 años para perpetrar el ataque eran propiedad del detenido.

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía de Coahuila, una vez expuestos los datos de prueba que integraron la carpeta de investigación por la que se judicializó y se obtuvo la orden de aprehensión, resultaron aptos y suficientes hasta el momento para estimar que se ha cometido un hecho criminal, en el que probablemente haya participado José Ángel “N”, a quien se le imputa tal conducta por omisión.

Lo anterior, expuso, “por haber faltado a un deber jurídico de cuidado que le correspondió observar personalmente, en su calidad de garante respecto a las armas que se encontraban en su domicilio, y que los datos de prueba arrojan que eran de su propiedad”.

El Juez de Control determinó un plazo de cuatro meses para que se lleve a cabo el proceso en su contra, además de que dictó prisión preventiva para el imputado.

En caso de que se logre fincar la responsabilidad, el hoy imputado podría ser condenado a una pena de 18 a 35 años de prisión.

De acuerdo con declaraciones de la defensa del imputado, se analiza la medida para impugnar o interponer un amparo en contra de la vinculación a proceso de su cliente, para lo cual tendrán un plazo de 15 días.

El pasado lunes 13 de enero, el Fiscal Gerardo Márquez Guevara confirmó la ejecución de una orden de aprehensión en contra de José Ángel “M”, abuelo del menor de 11 años que mató a una maestra en el colegio Cervantes de Torreón para después suicidarse.

El Fiscal explicó que al hombre de se le atribuye la comisión por omisión del homicidio doloso de la maestra María Assaf, al haber sido negligente en el uso de armas que llevó el menor al colegio.

ARMAS ERAN DEL ABUELO: FGE

El mismo lunes 13 de enero, el Fiscal del Estado dio a conocer que las armas que fueron utilizadas por el menor autor del tiroteo eran propiedad del abuelo con quien vivía.

“Por los indicios que se tiene se estima que son propiedad del abuelo, se encontraban en la casa”, informó Gerardo Márquez Guevara antes de ingresar a una reunión de Seguridad del Estado.

El Fiscal general agregó que hasta estos momentos no se tienen elementos para comprobar que las armas fueron conseguidas por el abuelo de José Ángel de manera legal.

“Las armas eran del abuelo y de alguna forma, por algún motivo, se dejaron al alcance del menor. Dentro del ámbito familiar que él (José Angel) vivió trajo como consecuencia lo que hizo”, declaró.

También manifestó que hasta estos momentos, el abuelo se ha reservado su declaración ante las diligencias que realiza la Fiscalía para definir las acciones legales que habrán de hacerse entorno al caso.

UIF VA TRAS SUS CUENTAS

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) buscará congelar las cuentas bancarias de los abuelos y el padre del menor autor del tiroteo en el Colegio Cervantes de Torreón, esto luego de que detectara irregularidades en el flujo de efectivo que podrían constituir de lavado de dinero y fraude.

El 14 de enero, Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, detalló que la Unidad a su cargo detectó operaciones poco usuales, como transacciones millonarias entre empresas vinculadas a ellos o de su propiedad, e incluso a Estados Unidos.

Agregó que ninguno de los señalados ha presentado su declaración fiscal anteriormente, por lo que podrían haber incurrido en el delito de lavado de dinero y fraude.

Los señalados fueron identificados como José Ángel “N”, abuelo del menor; Rebeca “N”, su abuela, y José Ángel “N”, padre del menor.

A raíz de estos hallazgos, la UIF procederá a presentar la demanda correspondiente y solicitará el bloqueo de las cuentas bancarias vinculadas con los imputados, explicó el funcionario en el marco de la reunión del Gabinete de Seguridad con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

Con información de Vanguardia.