San Raymundo Jalpan, Oaxaca. El diputado Horacio Sosa Villavicencio, presidente de la Junta de Coordinación Política, aseguró que el Poder Legislativo tiene el compromiso de entregar a los pueblos y comunidades un instrumento legal para hacer efectivo su derecho a la consulta, además de garantizar el ejercicio de otros derechos.

Lo anterior, durante el Foro realizado en el recinto legislativo, donde se presentó la propuesta final de la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para el Estado de Oaxaca. El evento contó con la presencia y participación de ciudadanos y ciudadanas interesados, así como autoridades municipales, representantes de núcleos agrarios, comunales y ejidales, asociaciones, organizaciones, académicos e integrantes de la sociedad civil.

Durante su intervención en el Foro, el legislador hizo ver a los y las participantes que deben considerar a la mayoría de las fuerzas representadas en el Congreso como aliadas de las luchas de resistencia contra las políticas neoliberales, que buscan despojar a los pueblos de los bienes comunes para ponerlos al servicio de oscuros intereses.

En tribuna, la diputada Gloria Sánchez López, presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas y Migración, sostuvo que la propuesta de ley fortalece la libre determinación de los pueblos, al permitir que ellos mismos decidan sobre sus territorios.

Recordó que para llegar a esta etapa, se realizó un proceso de consulta a través de ocho foros informativos y ocho consultivos, los cuales garantizaron la participación de pueblos y comunidades en el análisis, difusión y elaboración de este instrumento jurídico.

Aseguró que la versión final de la ley contiene las observaciones y propuestas, realizadas en su momento, por las comunidades y pueblos indígenas y afromexicano, además de los elementos jurídicos para garantizar sus derechos en materia de consulta. El paso siguiente, consistirá en presentar el dictamen de dicha ley para su discusión y votación ante el Pleno Legislativo, conformado por las 42 diputadas y diputados integrantes de la LXIV Legislatura.

En su intervención, Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas del gobierno federal, agradeció a los y las congresistas, por la sensibilidad y compromiso mostrado durante todo el proceso con los pueblos y comunidades. Agregó que esta ley debe ser una herramienta para garantizar los derechos sustantivos de los pueblos indígenas y afromexicano.

El documento final elaborado por las Comisiones permanentes de Asuntos Indígenas y Migración, Administración y Procuración de Justicia, Democracia y Participación Ciudadana y Derechos Humanos, consta de 81 Artículos distribuidos en 24 capítulos, siete títulos y cinco transitorios.

La propuesta detalla el proceso, etapas y la regulación de la consulta, los principios rectores; los organismos técnicos, garantes y asesor; las medidas precautorias, de impugnación y juicio, así como las responsabilidades y sanciones.

También, estuvieron las diputadas Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Laura Estrada Mauro, Elisa Zepeda Lagunas, Arcelia López Hernández, Juna Aguilar Espinoza, Magaly López Domínguez, Hilda Graciela Pérez Luis, Elim Antonio Aquino, Maritza Escarlet Vásquez Guerra, Elena Cuevas Hernández y Aleida Serrano Rosado.

Así como los legisladores Othón Cuevas Córdova, César Enrique Moráles Niño, Alejandro López Bravo, Emilio Joaquín Aguilar, Fredie Delfín Avendaño, Timoteo Vásquez Cruz y Saúl Cruz Jiménez.

También, asistieron la diputada federal Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados Feder; Nancy Ortíz Cabrera, delegada estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca y José Bernardo Rodríguez Alamilla, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca.

Antes de iniciar los trabajos del Foro, los y las legisladoras, así como los asistentes, participaron de un ritual indígena para que los trabajos se desarrollaran con éxito, atendiendo ante todo “los legítimos intereses y derechos de los pueblos y comunidades, que han defendido sus territorios y recursos naturales”, consideró Carmen Santiago Alonso, directora del Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”.