Oaxaca, Oax.- Al presentar en Oaxaca la “Guía para evaluar la política macroeconómica desde los derechos humanos: para activistas y defensores” –autoría de la investigadora Radhika Balakirshnan-- el ombudsman Bernardo Rodríguez Alamilla aseguró que es indispensable transitar del enfoque de atención de casos de violaciones a los derechos humanos, por el de solución de causas estructurales.

Ante la autora del texto, así como la directora de la facultad de Economía de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), Olga Montes García, el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) destacó que resulta fundamental incidir en la creación de política pública bajo enfoque de derechos, incluida la que rige la actividad macroeconomía del Estado.

Destacó que en la “Guía” de la doctora Radhika Balakrishnan, el enfoque de derechos humanos es clave porque implica reconocer las obligaciones del Estado de crear las condiciones que permitan el ejercicio efectivo de los derechos.

“La metodología predominante para evaluar la política macroeconómica, es cada vez más  deficiente, debido a que, de acuerdo con la especialista, está tomada de la economía neoclásica tradicional y se ocupa, antes que nada, de cuestiones de eficiencia. Su objetivo es la optimización de los intereses propios”, apuntó.

Y destacó que si bien es cierto que los mercados pueden distribuir trabajos, bienes, servicios y dinero en la sociedad, no lo hacen de manera equitativa.

En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) identificó en 2018 que el 41.9 por ciento de la población se encontraba en situación de pobreza, lo que equivale a 52.4 millones de mexicanos.

De igual forma en nuestro país, las 10 personas más ricas concentran la totalidad de los recursos que el 50 por ciento de la población más pobre. En tanto que la población indígena es cuatro veces más pobre que la no indígena.

Por su parte, la doctora Radhika Balakrishnan resaltó la importancia de establecer estrategias de trabajo de defensores y activistas que conlleven el análisis de las políticas macroeconómicas de los países.

Ejemplificó que en materia de impuestos se debe analizar el gravamen a productos y servicios de índole prioritaria para la subsistencia de las personas, así como el aumento que realiza el Estado cada año.

Aunado a los recursos que se destinan a rubros como salud y educación, los cuales deben crecer de acuerdo a los requerimientos de la población.

Precisó que la “Guía” es un importante documento que ofrece una visión sobre la incidencia de la macroeconomía en la garantía de los derechos humanos, el cual es fruto de la colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Rodríguez Alamilla resaltó que la “Guía para evaluar la política macroeconómica desde los derechos humanos: para activistas y defensores” es una valiosa herramienta, pues permite entender que cualquier  medida de política económica -ya sea austeridad fiscal, reformas de ajuste estructural, privatización de los servicios públicos, desregulación de los mercados financieros y laborales o cambios en los impuestos- tiene consecuencias para el ejercicio pleno de los derechos humanos.

“De manera pedagógica, el documento establece los criterios de realización progresiva, máximo uso de recursos disponibles, obligación mínima esencial, no retroceso, no discriminación e Igualdad, responsabilidad y transparencia desarrollados en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Protocolo de Derechos Económicos Sociales y Culturales, pueden y deben ser utilizados como elementos de evaluación y auditoría de las políticas de gasto, de tributación, fiscal y monetaria de un país”, indicó.