CDMX.- La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha bloqueado cuentas por tres mil 400 millones de pesos y cerca de 37 millones de dólares por actividades relacionadas con presunto lavado de dinero, delitos de corrupción, tráfico de drogas y robo de hidrocarburos, informó Santiago Nieto Castillo, titular de la dependencia.

Asimismo, sostuvo que se han presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) 38 denuncias para avanzar en sentencias condenatorias por temas vinculados a la corrupción política, el tráfico de drogas, el robo de hidrocarburos y la trata de personas, entre otros.

“Se ha cumplimentado ya una orden de aprehensión en contra de una persona que utilizaba el sistema financiero para lavar dinero proveniente del tráfico de personas, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México”, describió Nieto Castillo.

Aseguró que las sentencias están llevando su cauce legal en colaboración con la Secretaría de la Función Pública y de la Fiscalía General de la República, con el propósito de que estos casos sean llevados ante los tribunales.

En el tema del combate al robo de hidrocarburos, Nieto Castillo reveló que se bloquearon, en un primer momento, 900 millones de pesos relacionados con el huachicol y se dio vista de 16 casos a la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Sostuvo que se está solicitando que se revoquen los permisos de esas gasolinerías.

Nieto Castillo acudió a la capital de Coahuila para firmar un convenio de colaboración de intercambio de información entre el gobierno del estado, encabezado por Miguel Ángel Riquelme Solís, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El convenio busca robustecer las acciones en materia de fiscalización y verificación del cumplimiento de las disposiciones fiscales, así como consolidar a la Unidad de Inteligencia Financiera en la entidad, como una instancia neutral, técnica y especializada para establecer responsabilidades de tipo penal, resarcitorio o administrativo a funcionarios públicos, contribuyentes o proveedores de la administración pública.