CDMX.- “Claudia N” tenía 31 años cuando se enteró de su embarazo. Nunca tuvo complicaciones. Una noche, comenzó a sentir dolores de parto y debido a que, en su comunidad no había servicios de salud, fue asistida por sus familiares. Una vez en el hospital, y después de perder el conocimiento, supo que “su bebé venía lastimado” y que había sufrido una hemorragia vaginal.

Estuvo 2 días hospitalizada bajo la vigilancia permanente de 2 policías. Sin estar aún recuperada, y sin orden de aprehensión, fue retenida ilegalmente por tres días en instalaciones del Ministerio Público. Allí la obligaron a firmar una declaración cuyo contenido no entendía debido a que no sabía leer ni escribir. Su defensor público nunca le explicó por qué estaba ahí ni el proceso al que se enfrentaba.

Sin saber que decía su expediente, ni el delito del cual la acusaban, en el año 2000 “Claudia N” fue sentenciada a 26 años de prisión acusada de homicidio “en agravio de recién nacida”.

El caso de “Claudia N” es indignante. Por un lado, el Estado violó su derecho a la salud, y por otro, cuando ella sufrió las consecuencias de no poder acceder a servicios médicos, la criminalizó y fracturó su vida privándola de libertad por más de 20 años. Además, el acceso a la justicia le fue obstaculizado por una defensa inadecuada, y una autoridad que la juzgó y sentenció sin perspectiva de género y de derechos humanos.

Durante los 20 años que estuvo en situación de reclusión, “Claudia N” aprendió a leer y a escribir. También realizó trabajo remunerado que le permitió apoyar económicamente a sus padres y a sus hijas. Aunque hoy recupera su libertad, su lucha no culmina pues se enfrentará a los prejuicios y estigmas sociales de los que son víctimas las mujeres que han estado en situación de reclusión. Su panorama es complicado. Sin ninguna clase de apoyo postpenitenciario por parte del Estado, la construcción de su proyecto de vida será difícil.

Si bien la liberación de “Claudia N” es motivo de alegría para ella, su familia, y el equipo jurídico de AsiLegal que la acompañó, pugnamos para que las autoridades locales y federales implementen estrategias integrales de reinserción social, acordes con las reformas constitucionales de 2008 y 2011, en las que la defensa y garantía de los derechos humanos sean los ejes rectores. También levantamos la voz para que se terminé con la criminalización hacia las mujeres que han vivido emergencias obstétricas.  Que a ninguna mujer le sea arrebatada la libertad por haber sufrido un aborto fortuito.

Con información de Asistencia Legal por los Derechos Humanos.