Oaxaca.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca realizó  el conversatorio “Política Ambiental y Derechos Humanos” en colaboración con la Unión Europea y junto con organizaciones de la sociedad civil como Política y Legislación Ambiental (Polea  A. C.), el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS A. C.), GeoConservación A. C., Espacios de Encuentro de las Culturas Originarias (EECO A. C.), el 31 de enero último.

Durante su participación, Bernardo Rodríguez Alamilla, Consejero Ciudadano de la Defensoría, señaló que la finalidad de esta actividad es visibilizar desde la perspectiva de los derechos humanos los proyectos vigentes ambientales que impliquen algún riesgo o violenten los derechos de las comunidades indígenas en el estado, así como generar la construcción de una agenda que permita conocer los retos y oportunidades de los pueblos de Oaxaca.

En concordancia con los señalamientos del Consejero Ciudadano, la coordinadora por la Defensoría del Proyecto de Cohesión Social II México-Unión Europea, Silvia Bustamante Arreola, señaló que las comunidades rurales e indígenas de México tienen una gran responsabilidad y uno de los más significativos atributos, ya que el 39 por ciento de los bosques y el 60 por ciento de las selvas se encuentran en regiones indígenas, las cuales, pese a esto, han afrontado durante años serios problemas y una serie de trabas que obstaculizan el pleno derecho de las comunidades a manejar sus territorios.

Bustamante Arreola agregó que, de acuerdo con el artículo 29 de la Declaratoria de la ONU, los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras y recursos. Asimismo, manifestó que el artículo Segundo de la Constitución Mexicana reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y autonomía para conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras.

La representante de la Defensoría puntualizó que la crisis ambiental está repercutiendo no solo en los derechos de las comunidades indígenas, sino en toda la población, por lo que “nuestra calidad de vida, presente y futura, nuestra salud e incluso nuestros patrimonios y cultura están vinculados con la biósfera”. En este sentido, dijo, la dignidad, la autonomía y la inviolabilidad de la persona dependen de la efectiva defensa de la biósfera.

La coordinadora del Proyecto de Cohesión Social II México-Unión Europea señaló que Oaxaca no es omisa en estas violaciones, donde los pueblos indígenas hoy afrontan fuertes presiones para obligarlos a ceder sus territorios. Por ello, señaló como urgente establecer salvaguardas que aseguren protocolos de actuación donde el derecho humano a un ambiente sano no sea violentado y que las comunidades indígenas puedan asegurar las condiciones que les permita garantizar estos derechos.

Durante su participación, Iván Zúñiga Pérez, integrante de Política y Legislación Ambiental A. C., señaló que la agenda en derechos humanos y medio ambiente es prioritaria porque es un tema fundamental  para el bienestar de las personas, para lo cual debe haber un esfuerzo desde la sociedad civil por fortalecer la parte institucional en la legislación estatal.

Por su parte, Alejandra Serrano Pavón, integrante de Evironmental Law Alliance Worldwide, señaló que tenemos que fortalecer qué partes de nuestro derecho a un ambiente sano son fundamentales para defender y para exigir a las autoridades su cumplimiento.

Finalmente, la Defensoría informó que en el conservatorio realizado en el Salón Mitla del Hotel Victoria también participaron el Consejero Ciudadano de la Defensoría Emilio de Gyves Montero, así como Fernando Mondragón, integrante de GeoConservación, Jarumy Esmeralda Méndez Reyes, subsecretaria de Normatividad Ecológica del estado, Tzinnia Carranza, integrante del Programa de Cambio Climático, y Víctor Leonel Juan Martínez.