Oaxaca.- Organizaciones y comunidades participantes en el “Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras”, presentaron este lunes dictamen final y el informe del juicio. 

En conferencia de prensa, en el zócalo de la ciudad de Oaxaca de Juárez, frente al Palacio de Gobierno, piden que se detenga la política de criminalización de la protesta social, castigar a los responsables de asesinatos y presentación con vida de manera inmediata de las personas desaparecidas.

Además, pidieron que se garantice la seguridad a quienes defienden los territorios indígenas frente a los impactos de industrias extranjeras, y el ejercicio del derecho a defender sus derechos en condiciones de libertad y seguridad.

Ante ello indicaron que los días 11 y 12 de octubre realizaron una serie de asambleas en donde participaron 52 comunidades.

Mismos que  presentaron 22 casos de afectaciones ocasionadas en por la minería en 5 regiones de la entidad, Valles Centrales, Sierra Sur, Costa, Sierra Norte, Mixteca, Cañada e Istmo de Tehuantepec.
Precisaron, que en el Marco del Día Internacional de los Derechos Humanos que se conmemora cada 10 de diciembre, determinaron manifestar sus exigencias, y frente al nuevo gobierno federal que encabeza, Andrés Manuel López Obrador.

Señalaron, que son muy graves las afectaciones y las violaciones a los derechos humanos, por parte de estas empresas, ya que se han dañado los ecosistemas, contaminación de ríos, criminalización de autoridades comunitarias y de las y los defensores, fractura del tejido social e inseguridad en donde operan los mega proyectos.

Por tal motivo, pidieron que se atienda a cabalidad, el dictamen final del Juicio Popular, y en este sentido que se cancelen las 322 concesiones y los 41 proyectos mineros vigentes en la entidad.

Así como también, que se suspenda de forma inmediata la entrega de títulos mineros hasta en tanto no se elabore un nuevo marco jurídico que respete de manera plena y efectiva de los derechos de los pueblos indígenas establecidos en los tratados internacionales y en la Constitución, la derogación de la actual ley minera.