Oaxaca.- A través  de la iniciativa de reforma a la Ley  Minera y a la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, el diputado federal del PRD, Manuel García Corpus pide que se garantice que la actividad minera no atente contra la existencia de los pueblos indígenas y se preserven sus recursos naturales.

Ante los medios de comunicación, el legislador señaló que la iniciativa destaca el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la consulta, “sabemos que es facultad exclusiva del titular del Poder Ejecutivo federal el otorgamiento de las concesiones en la materia, ante ello se busca que dicha facultad se ejerza respetando los derechos de los pueblos indígenas y su consentimiento”.

Asimismo la propuesta del diputado perredista, Manuel García Corpus plantea que se considere como causa de nulidad de las concesiones o asignaciones mineras en territorios indígenas, la contaminación grave del habitad y recursos naturales, pues hasta el momento no hay sanciones de este tipo por el mal manejo de residuos peligrosos.

Manuel García Corpus destacó que la industria minera es generadora de inequidad, dado que las concesiones son ambicionadas por inversionistas nacionales y extranjeros por los amplios márgenes de ganancia, sin que esto beneficie a los pueblos indígenas.

“Nosotros estamos solicitando que los pueblos indígenas y sus comunidades tengan derecho preferente para obtener las concesiones mineras cuando el mineral sobre el que recaiga se encuentre en su tierra, aunado al beneficio de usar y aprovechar los recursos naturales existentes, incluido el uso cultural, ceremonial y espiritual”.

Las mineras tienen que respetar a las comunidades indígenas y manifestar con claridad las condiciones en las que desarrollarán las actividades de exploración, explotación y las medidas para evitar la contaminación o la reparación de daños, precisó Manuel García Corpus.

De acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), durante 2016 en el territorio nacional se tenía el registro de 635 lugares contaminados por actividades mineras, de los cuales el 95 por ciento no ha sido atendido.