San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Mendoza Reyes, presentó ante el pleno de la LXIII Legislatura la iniciativa de Ley de Publicidad Oficial del Estado de Oaxaca  con el que se busca regular la planeación, organización, coordinación, asignación y contratación de espacios a las campañas de comunicación social de los entes públicos.

Lo anterior obedece  al ordenamiento emitido luego de que, con fecha 11 de mayo del presente año, en el Diario Oficial de la Federación se publicó la expedición de la Ley General de Comunicación Social, dicho decreto en su artículo tercero transitorio, dispuso que en un plazo no mayor a 90 días, se llevaran a cabo las adecuaciones necesarias para dar cumplimiento a dicha ley en todo el País.

Al respecto Mendoza Reyes enfatizó que para el “Partido Acción Nacional una verdadera sociedad democrática, es aquella en la que los ciudadanos deben y tienen el derecho a conocer actividades oficiales, políticas de gobierno y los servicios que presta el Estado, no obstante es preciso tomar en cuenta que también el ciudadano tiene derecho a conocer el destino final de los recursos públicos, toda vez que el gasto que realiza  el gobierno se efectúa con la recaudación de las contribuciones”. 

Asimismo puntualizó que “la falta de regulación clara y concreta como en nuestra entidad, atenta contra la transparencia y favorece la discrecionalidad en materia de publicidad oficial o gubernamental. En general, las diferentes etapas de asignación y contratación de publicidad oficial no cuentan con regulaciones claras y adecuadas desde el nivel estatal y municipal  en Oaxaca”.

Al presentar dicha iniciativa de Ley, el legislador recordó el pronunciamiento que el Benemérito de las Américas, Benito Juárez García, hizo en Veracruz en 1859 cuando conminó a la Nación a respetar y hacer respetar el derecho a la libertad de expresión, en ese sentido hizo énfasis en la enorme responsabilidad que implica comunicar a los ciudadanos los deberes del servicio público y que los entes a su vez transparenten la asignación de los recursos públicos para campañas de comunicación social.

“La ausencia de reglas claras y transparentes sobre la asignación del gasto de comunicación social da lugar a un estado de actos inconstitucionales que vulnera la libertad de expresión en su dimensión colectiva”, concluyó Mendoza Reyes.