~~Oaxaca.- La tortura es un crimen de Estado por su práctica sistemática, además de una ser una grave violación a derechos humanos y parte importante de la crisis que afronta el país en esta materia, advirtió Andrés Marcelo Díaz Fernández, de la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación, al presentar el “Manual para la defensa de víctimas de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” el 8 de junio último, en la sede de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ubicada en Arteaga 414, en el centro histórico de la capital oaxaqueña.

Durante la presentación del Manual, Díaz Fernández explicó que en la defensa de los derechos humanos en México es se necesitaba una herramienta específica que permitiera brindar guías de protección y apoyo a quienes realizan la defensa de las víctimas de este delito, por lo cual su organización procedió a elaborar el documento presentado.

En la sede de la Defensoría que alberga al Centro de Fortalecimiento a la Cultura de los Derechos Humanos, el especialista Díaz Fernández explicó que el Manual fue elaborado en forma conjunta por el Instituto de Justicia Procesal Penal y Fundar Centro de Análisis e Investigación, partiendo de la premisa de que la tortura no sólo en México, sino en el mundo, ha sido históricamente practicada como un método de investigación de la verdad, por lo cual es necesario cuestionar la validez de la práctica, así como de la supuesta verdad que arroja.

El especialista en investigación en derechos humanos puntualizó que el “Manual para la defensa de víctimas de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” ubica a la tortura en su triple dimensión: primero, como una violación a los derechos humanos; segundo, como un crimen de lesa humanidad, y tercero, como un delito, pues la tortura destruye la dignidad de la persona y reduce su personalidad.

Acompañado por los consejeros ciudadanos de la Defensoría Sara Pilar Méndez Morales y Bernardo Rodríguez Alamilla, el académico Díaz Fernández detalló que, después de un trabajo de colaboración y análisis sobre el fenómeno de la tortura, se elaboró el Manual como una guía práctica para que las personas que estuvieran defendiendo víctimas de tortura, en cualquiera de sus ámbitos, puedan tener ideas de cómo armar estrategias de litigio y protección.

El maestro en Antropología Social por la Universidad Interamericana dijo que en México hacia falta un material que sirviera de guía a quienes defienden víctimas en materia de tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes, pues actualmente hay en el ámbito procesal penal resistencia para investigar la tortura como un delito, además de la negativa por parte de diversas instituciones del estado para considerar esta práctica como una violación a los derechos humanos.

Por ello, Díaz Fernández expuso que dentro del manual se ubica a la tortura en su triple dimensión, y además, se ofrece una guía de como presentar quejas ante sistemas internacionales de protección a derechos humanos, como la Organización de las Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con enfoque especial en el proceso de presentación de la denuncia en el sistema penal de México. La razón –añadió el especialista– es para dar a conocer diversos mecanismos que puedan ayudar a la protección y defensa de las víctimas

El abogado defensor de derechos humanos indicó que dentro del Manual se consideró también el impacto diferenciado que tiene la tortura por cuestiones de género, edad, etnia, incluso clase social o discapacidad. “Pareciera que es poco importante, pero son factores que también influyen en los procesos de defensa y protección”, puntualizó.

Al intervenir la integrante del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, Sara Pilar Méndez Morales, dijo que la tortura es una grave violación a los derechos humanos, y que en los últimos tres años la Defensoría del Pueblo de Oaxaca ha iniciado un total de 137 quejas por casos de tortura, datos que podrían incrementarse si hubiese mayor información sobre qué es la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes como un delito. Por su parte, la Fiscalía General del estado tiene 156 casos anteriores al sistema de justicia adversarial, y desde la puesta en marcha de éste, ha integrado otros 29 expedientes, abundó la también consejera ciudadana de la Defensoría.

Méndez Morales apuntó que la tortura es una práctica sistemática, un problema que ha sido señalado por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, institución que ha expresado su preocupación debido a que, durante 2014, después del examen periódico universal, emitió diez recomendaciones por otros tantos casos de tortura.

La defensora civil expuso que en México se cuenta con la recientemente aprobada ley General contra la Tortura, muy detallada en la materia, mientras que en Oaxaca se cuenta con una ley estatal para prevenir y sancionar la tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes. Sin embargo –aclaró–, estas leyes aun no encuentran su camino a la implementación, por lo que el Manual elaborado por Fundar es un gran aporte, pues es una acción de la sociedad civil para enfrentar y mejorar las condiciones de vida de las víctimas de tortura.

Por su parte, el consejero ciudadano Bernardo Rodríguez Alamilla, durante su intervención, estuvo de acuerdo en que en materia de derechos humanos respecto a la tortura, el gran reto es la implementación de las leyes para que ayuden a la protección y defensa de las personas que han sido víctimas de esa práctica, y que eviten que la misma se cometa.

Rodríguez Alamilla indicó que el manual es una guía de ayuda no sólo para la sociedad civil, sino para las propias autoridades, a fin de que puedan emprender en forma más práctica los procesos de investigación y sanción de esta violación a derechos humanos, porque el manual tiene en el centro de la toma de decisiones a la víctima, lo que le da ese enfoque de derechos humanos.

El también abogado defensor de derechos humanos puntualizó que el manual es muy pedagógico para la defensa, especialmente en cuanto a cómo desarrollar una buena documentación del caso para evitar la revictimización, además de ser sumamente pedagógico, al explicar paso a paso cómo ir demostrando que existió la tortura y lograr la protección y defensa contra ella.

Rodríguez Alamilla dijo finalmente que las instituciones públicas que trabajan en defensa y protección de derechos humanos tienen en el Manual una herramienta que les facilitará llevar un proceso de defensa directa de las víctimas, pues “nos anima a repensar la concepción de tortura como una acción de estado y no como un hecho aislado, lo cual sensibiliza respecto a la importancia para exigir la sanción y prevención de la tortura, pues nos permite entender que los casos de tortura son muestra de la forma en la que el Estado se relaciona con sus ciudadanos”.