México.- Ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron que el caso del estudiante de preparatoria Marco Antonio Sánchez Flores, presuntamente golpeado por policías de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP-CDMX), se investigue con base en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, es decir, como desaparición forzada.

En un pronunciamiento conjunto –firmado por 76 ciudadanos y 39 organizaciones, colectivos y asociaciones– demandaron que se ponga especial atención al desenlace de la investigación, específicamente al tipo penal que se establezca, pues existe la posibilidad de que se eliminen las responsabilidades de los superiores jerárquicos, “quienes toleran u ordenan la desaparición forzada de personas”.

Por ejemplo, subrayaron, a lo largo de estos últimos tres días se han cambiado las versiones de los policías involucrados, y al inicio se ocultó el nombre de los presuntos responsables.

Es “claro” que se trata de un caso de “desaparición forzada” donde participaron elementos de la Policía de la Ciudad de México, subrayaron la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana), el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), entre otras organizaciones.

En el documento dado a conocer esta tarde argumentaron que Sánchez Flores, quien estuvo desparecido seis días, fue golpeado en vía pública, lo subieron a una patrulla y no lo presentaron ante ninguna autoridad.

Según la declaración que dio su madre a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) local, misma que se conoció el viernes 26, el alumno de la Preparatoria No. 8 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue detenido, esposado y golpeado por cuatro elementos policíacos, quienes lo acusaron de robo, en las inmediaciones del Metrobús El Rosario. Después de ello nada se supo del estudiante.

En su carta, las organizaciones denunciaron que una vez que la familia dio aviso a las autoridades de que el paradero de Marco era desconocido, éstas se mostraron “omisas” para localizarlo, y prueba de ello es que en la Coordinación Territorial de Azcapotzalco 2, funcionarios públicos se negaron a levantar un acta por “detención ilegal” y “desaparición del menor”, y activar la Alerta Amber hasta que pasaran 48 horas.

“Lamentamos profundamente que el Gobierno de la Ciudad de México no demuestre las capacidades para actuar adecuadamente en la búsqueda de una persona que es detenida por policías de la Ciudad, siendo que, por el contrario, fue la ciudadanía la que se organizó y activó la búsqueda de Marco Antonio.

“Esta situación nos alarma, pues evidencia que, o no se cuenta con control sobre los elementos policiales, o que las omisiones en torno a la desaparición de este joven son acciones encaminadas a proteger a los perpetradores”, mencionaron las ONG.

Luego de que el jefe de Gobierno, Miguel ángel Mancera, y el procurador capitalino, Edmundo Garrido, señalaron que las lesiones que presentó el joven “no dejan cicatriz perpetua” y no “comprometen ningún órgano”, además de que no hay “certificación” de que los policías lo golpearon previo a subirlo a la patrulla, las organizaciones firmantes manifestaron su rechazo a lo que llamaron “todo intento de desviar la investigación hacia tipos penales que no correspondan con los hechos narrados por testigos”.

“El Gobierno de la Ciudad de México debe responder de manera rápida, eficaz y con apego a derecho por este caso, pero también por los diversos casos de desaparición y detenciones arbitrarias que se presentan ya recurrentemente en la Ciudad de México. Es inaceptable que los cuerpos de seguridad pública, a plena luz del día, detengan arbitrariamente y desaparezcan a nuestros jóvenes”, recalcaron.

A esta demanda se sumó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Tania Reneaum, quien desde el sábado 27, un día después de darse a conocer la denuncia en los medios de comunicación, pidió a la PGJ capitalina que de manera “urgente” se tomaran todas las medidas necesarias “para determinar la suerte y el paradero de Marco Antonio Sánchez Flores y garantizar su seguridad física y mental”.

“La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México debe llevar a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre las circunstancias que rodean su desaparición, que haga públicos sus resultados y que lleve a los responsables ante la justicia. Es importante considerar como línea de investigación la posible implicación de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México que ese día tuvieron contacto con el menor de edad”, apuntó.

Además, la titular de la Comisión de Derechos Humanos local (CDHDF), Nashieli Ramírez Hernández, abrió una queja y calificó el caso como “desaparición forzada”.

“Esta CDHDF se suma a la exigencia de la localización y presentación con vida del estudiante adolescente de 17 años de edad y refrenda el compromiso de continuar en la defensa, investigación y el acompañamiento a las víctimas relacionadas con este caso”, publicó en su página.

En conferencias por separado, Mancera y Garrido adelantaron que el titular de la instancia encargada de investigar los delitos y perseguirlos insistió en subrayar que las lesiones de Sánchez Flores son lesiones “que no dejan cicatriz perpetua” y que no “comprometen ningún órgano”.

El jefe de Gobierno desestimó que se hubiera tratado de un caso de desaparición forzada e insistió que no hay “certificación” de que los policías golpearon al estudiante previo a subirlo a patrulla.

“La única certificación que se tiene en este momento es la que corresponde a las huellas que presenta en el rostro. El forcejeo es lo que se tiene”, dijo Mancera Espinosa esta mañana. Y también negó la desaparición, pues –dijo– no se aplica a una persona que se encontró “libre” y “deambulando” por las calles.

La presión social aumentó para exigir respuestas. El plantel de la Escuela Nacional Preparatoria número 8, “Miguel E. Schulz”, de la UNAM, paró actividades este lunes, luego de que un grupo de jóvenes encapuchados impidió el paso a alumnos y pidió el esclarecimiento de los hechos. También se citó a una manifestación a las 18 horas en el Ángel de la Independencia.

Aún se espera la declaración del joven, la más importante para el esclarecimiento del caso.