Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de Silvestre de la Toba Camacho, quien fungía desde febrero de 2015 como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur. La Comisión urge al Estado mexicano a conducir la investigación de estos hechos con la debida diligencia, y a sancionar a sus responsables.

De conformidad con información de público conocimiento, el 20 de noviembre de 2017, Silvestre de la Toba Camacho fue privado de su vida por disparos de arma de fuego, en la ciudad de La Paz, capital de Baja California Sur. De acuerdo con los primeros reportes de la Procuraduría del estado, un grupo de personas armadas disparó al automóvil donde viajaba con su familia. Silvestre de la Toba y su hijo de 20 años habrían fallecido en el lugar de los hechos; su esposa e hija se encuentran heridas de gravedad. La CIDH observa que este hecho se enmarca en un contexto de altos niveles de violencia en el estado de Baja California Sur, que se han incrementado durante este año. Según información oficial, en el mes de octubre de 2017 hubo 109 homicidios, un 240% más que los homicidios ocurridos en el mismo mes de 2016.

Desde que se creó la figura del ombudsperson en 1990 en México, con la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esta es la primera vez que quien preside una entidad de esta naturaleza, es privado de la vida de manera violenta.

“Esta situación es sumamente preocupante para la CIDH”, dijo el Presidente, Comisionado Francisco Eguiguren. “Las personas defensoras de derechos humanos tienen un rol fundamental en la promoción, respeto y defensa de los derechos humanos, y es obligación de los Estados prevenir cualquier atentado contra su vida y su integridad física y garantizar las condiciones adecuadas para que puedan desarrollar sus legítimas actividades de defensa de los derechos humanos sin temor ni represalias, y libres de cualquier restricción. Ante esta situación, resulta urgente que el Estado mexicano adopte todas las medidas a su alcance para que este asesinato no quede en la impunidad”, agregó.

La CIDH tomó conocimiento de la decisión del Gobierno federal de que la Procuraduría General de la República apoye a la Procuraduría del Estado de Baja California Sur en la investigación de este ataque. En este contexto, la Comisión insta al Estado mexicano a llevar adelante las investigaciones sobre este asesinato con debida diligencia y a que enjuicie y castigue a los perpetradores. Asimismo, la investigación debe esclarecer los móviles de este crimen a fin de determinar judicialmente la posible relación con su actividad de defensa de los derechos humanos. Las autoridades no deben descartar al ejercicio de la defensa de los derechos como un móvil del asesinato y/o agresión antes de que se complete la investigación, y tienen la obligación de proveer con recursos adecuados y personal especializado a las instituciones encargadas de la investigación de este tipo de asuntos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.