Oaxaca, Oax.- El senador Toledo manifestó que, por desgracia, en algunas zonas indígenas de Oaxaca y del país se dan lamentables sucesos que violentan los derechos humanos de las jóvenes indígenas, quienes son obligadas por sus padres a casarse, en contra de su voluntad, con personas que desconocen.

Expuso, como ejemplo, el caso de una indígena menor de edad que fue llevada por la fuerza por su propia madre a las oficinas de la oficialía regional del Registro Civil, en Santa Lucía Monteverde, distrito de Putla, estado de Oaxaca,  para obligarla a casarse, al parecer como parte de un pago o dote de tipo patrimonial con el contrayente.

Posteriormente, la menor fue llevada en contra de su voluntad al domicilio de su presunta pareja, pero huyó a la ciudad de Oaxaca, sin embargo, el síndico y un concejal de Santa Lucía Monteverde dieron con su paradero y la hostigan para que cohabite con el hombre con quien fue obligada a casarse.

Ante tales hechos, la menor presentó una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, quien investiga las posibles violaciones a sus derechos humanos, en el expediente DDHPO/0890/(18)OAX/2017.

El senador Toledo exigió a las autoridades involucradas rindan puntual cuenta de sus acciones ante la Defensoría y asuman la medida cautelar para que se abstengan de causar actos de molestia “en contra de la persona, bienes, derechos propiedades y posesiones de la agraviada".

Jorge Toledo manifestó la importancia de que el Congreso de la Unión se pronuncie contra este tipo de acciones que van en contra de los derechos básicos consagrados en nuestra Constitución Política, así como en leyes locales y federales, y en los tratados internacionales firmados por nuestro país.

Recordó que el gobierno federal acaba de firmar un convenio en materia de derechos humanos de las mujeres con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que los servidores públicos federales han insistido que el respeto a los derechos humanos carece de género, edad o condición. Explicó que como legislador y presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, reitera su compromiso de sumarse a la sinergia para mantener la política de cero tolerancia a la violencia física y psicológica en contra de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres de nuestro país, especialmente de las indígenas.

Consideró que en la defensa de los derechos humanos no hay ni puede haber usos y costumbres, ninguna tradición que violente los derechos fundamentales de la vida humana puede ser tolerada y donde existan, debe ser compromiso de los gobiernos estatales y federal erradicarlos mediante la educación y la difusión de las normas nacionales e internacionales para la defensa de los derechos humanos.