Oaxaca.- “La familia, la Sociedad y el Estado deben satisfacer las necesidades de niñas, niños y adolescentes, por ello se requieren reformas que garanticen plenamente sus derechos humanos”, señaló el Diputado Local, Horacio Antonio Mendoza al presentar la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 963 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. 

El Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, Horacio Antonio Mendoza aseguró que es responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia misma, garantizar que se satisfagan las necesidades primordiales de las y los infantes y adolescentes, toda vez que son ellos quienes resultan mayormente afectados al suscitarse problemas en el núcleo familiar.

 Por lo anterior presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 963 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, mismo que prevé establecer un plazo máximo de setenta y dos horas para que los jueces dicten las medidas precautorias o necesarias en caso de violencia familiar, en donde se vean vulnerados o en situación de riesgo las niñas, niños y adolescentes. 

“El Código de Procedimiento Civil no prevé un plazo para medidas precautorias, lo que ocasiona que se retrasen en dictarlas, incluso de dos a cuatro meses, lo que provoca una situación de riesgo que no favorece en nada, por el contrario vulnera al menor, por lo que la reforma también precisa que para proteger los derechos de los niños, no se permitirán grabaciones o tomas de fotografías en las diligencias donde intervengan”, puntualizó.

El Legislador del Sol Azteca, manifestó que aún cuando el aparato judicial tenga excesiva carga de trabajo por el aumento de juicios de orden familiar, debe priorizar la protección de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, “es necesario establecer un plazo legal, para que el juez familiar, mixto, civil o juez especializado en la materia dicte las medidas necesarias para evitar un riesgo en la afectación de los derechos”, señaló.  

Finalmente, Antonio Mendoza sostuvo que todas las autoridades y poderes en los distintos ámbitos de gobierno, deben ser responsables y respetuosos de la niñez, cumplir con los tratados internacionales y los mandatos constitucionales, así como garantizar y proteger los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en el Estado y el País.