Oaxaca.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca solicitó a la Secretaría de Salud del estado (SSO) implementar los mecanismos necesarios para garantizar la presencia de personal médico e instrumental y medicamentos requeridos en el Hospital Básico Comunitario de Tamazulapan del Espíritu Santo, a efecto de garantizar la atención médica de las y los habitantes de esa comunidad, luego de que una mujer que estaba en trabajo de parto perdió la vida junto con su bebé posiblemente debido a la falta de médico en dicha clínica.

Además, ante esta situación, la Defensoría de los Derechos Humanos reiteró este miércoles 7 de junio su llamado a las autoridades municipales de las comunidades mixes San Pedro y San Pablo Ayutla y Tamazulapan del Espíritu Santo para que atiendan la solicitud de diálogo hecha por el organismo en la alerta temprana que emitió el 30 de mayo de este año debido al conflicto por límites de tierras que sostienen habitantes de esas localidades.

La institución autónoma recordó que, en la alerta temprana que emitió, requirió a las autoridades de las comunidades San Pedro y San Pablo Ayutla y Tamazulapan del Espíritu Santo que realicen acciones para sensibilizar a sus ciudadanos a fin de que busquen en forma conjunta soluciones pacíficas al conflicto que sostienen pobladores de ambos municipios, y que ya causado la muerte a un habitante de Ayutla.

Ante el fallecimiento de la mujer embarazada y su hijo, la institución autónoma inició el expediente DDHPO/920/(14)OAX/2017, tras conocer por medios de comunicación que, al presentar malestares de parto, la mujer fue trasladada al hospital de Tamazulapan, donde –expusieron los medios– no pudo recibir auxilio porque no había médico en dicho centro de salud a causa del conflicto agrario que se vive en la zona. Ante la presunta ausencia del médico, los familiares de la víctima la trasladaron a la Cruz Roja de Tlacolula de Matamoros, en donde la paciente ya no presentó signos vitales.

En su expediente, la Defensoría solicitó a la SSO instruir a los servidores públicos involucrados en los sucesos para que, en un plazo de siete días hábiles, rindan un informe detallado y competo sobre los actos motivo de la queja, debiendo precisar el conocimiento y el grado de intervención que tengan en los sucesos descritos, a fin de que el organismo defensor pueda dar seguimiento al caso.

Además, debido al enfrentamiento suscitado entre pobladores de ambas comunidades mixes el 5 de junio último, la Defensoría de los Derechos Humanos informó que en esa misma fecha inició el cuaderno de antecedentes DDHPO/CA/547/(01)/OAX/2017, dentro del cual reiteró las medidas requeridas en la alerta temprana para la atención integral del conflicto entre dichas poblaciones.

La Defensoría solicitó la adopción de medidas cautelares a la Secretaría General de Gobierno para que implemente y coordine mesas de trabajo que atiendan en forma integral los problemas entre estas poblaciones, a fin de garantizar una convivencia pacífica.

Además, el organismo defensor solicitó a la Fiscalía General del estado que adopte las medidas de protección necesarias para garantizar la integridad de las personas que se encuentran en medio del conflicto limítrofe entre San Pedro y San Pablo Ayutla y Tamazulapan del Espíritu Santo.

A la Secretaría de Seguridad Pública del estado, la institución defensora le solicitó que salvaguarde la seguridad en la zona para garantizar la integridad de bienes y derechos de las personas de ambas comunidades.

Asimismo, la Defensoría solicitó a la Secretaría de Salud estatal, en vías de colaboración, que implemente los mecanismos necesarios que permitan brindar una atención médica de calidad a las personas que resultaron lesionadas por el conflicto entre ambas comunidades.

Además, la Defensoría pidió a la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo que coordine las acciones que permitan aplicar procesos de atención a las poblaciones en conflicto de manera integral para favorecer la paz en la zona.

Finalmente, la Defensoría expuso que el conflicto entre las comunidades debe solucionarse en forma pacífica y por la vía del diálogo para garantizar que no ocurran más hechos violentos y evitar así violaciones a derechos humanos de difícil o imposible reparación.