CDMX.- La defensa del sacerdote José Miguel Machorro agredido la semana pasada en la Catedral Metropolitana puede solicitar el dictamen médico pericial del atacante a fin de conocer los resultados y en su caso impugnarlo, además de requerir hacer su propia valoración, afirmó José Abel Flores Ramírez.

El Presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH) agregó que se debe priorizar los derechos de las víctimas, así como de proteger y representar al clérigo en el Ministerio Público por un asesor jurídico, externo o de oficio.

Respecto a la inimputabilidad del indiciado por un peritaje que determina que padece un desorden mental, Flores Ramírez mencionó que en materia de derecho penal se sancionan las conductas, no a las personas, así que el punto es determinar si existió propiamente una conducta, ya que si la persona tiene un trastorno psicológico, no fue un movimiento voluntario, es decir no hay conducta.

“Existe un procedimiento para los inimputables, si bien es cierto que a este tipo de personas no se les puede castigar, lo que debe hacerse es que el Estado garantice que la persona no sea un riesgo para la sociedad, además de proteger a la víctima que sufrió el ataque”.

Si se le impone una pena no cumpliría sus fines de reinserción social sin importar si es una pena de prisión o una multa no tendría ningún efecto, sino más bien lo que procede es una medida cautelar para que no vuelva a ser un riesgo, enfatizó.

El penalista exigió el pronunciamiento de las autoridades federales y locales para respaldar acciones de mayor seguridad en los templos religiosos, de tal manera que los mexicanos puedan ejercer libremente su derecho a la libertad de creencia.