San Raymundo Jalpan, Oax.-  Con la finalidad de evitar procedimientos administrativos discrecionales que propicien la opacidad en la administración pública, la Fracción Parlamentaria del Partido Morena, presentó al Pleno Cameral la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Entrega–Recepción de los Recursos y Bienes del Estado y Municipios de Oaxaca.
  
La iniciativa, presentada por las y los diputados de Morena, establece  las bases generales y los procedimientos, conforme a las cuales los servidores públicos salientes entregarán a quienes los sustituyan en el encargo, empleo o comisión, los recursos humanos, financieros, materiales y documentos, en los casos de la terminación de un periodo constitucional, un periodo de gobierno; o bien pidan licencia, renuncien, sean removidos o por cualquier causa que constituya la separación del cargo, empleo o comisión.
  
La propuesta plantea que es necesario contar con una Ley que establezca las bases y los procedimientos de los cuales se han de desarrollar todos los procesos de entrega–recepción de los servidores de los Poderes del Estado y los Órganos Autónomos, y con ello evitar la diversificación de criterios y procedimientos de entrega–recepción, los cuales en su mayoría quedan a discreción de los titulares de dichos entes públicos, a través de la emisión de manuales, reglamentos sin una base legal. 
 
El documento agrega que en el sistema legal de Oaxaca no existe una legislación que regule tal proceso por parte de los servidores públicos, lo cual ocasiona que la entrega–recepción de diversas administraciones se realice en la opacidad y con diversas irregularidades en la documentación en la entrega de recursos financieros, materiales y humanos y hasta la desaparición de bienes muebles e inmuebles públicos.
  
La iniciativa de Ley de Entrega–Recepción de los Recursos y Bienes del Estado y Municipios de Oaxaca está integrada por tres títulos, 35 artículos y tres artículos transitorios. 
 
En su exposición de motivos las y los diputados de Morena subrayan que la transparencia y la rendición de cuentas constituyen los pilares fundamentales del Estado Democrático; por lo cual éstos deben ser una obligación a cumplirse en todos los niveles y poderes públicos, sin excepción.