Oaxaca.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca informó que el 13 de febrero del 2017 la Sala Constitucional y la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado resolvieron el expediente 1/2016, en el cual requirió a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la anterior administración estatal, cumplir con la recomendación 3/2015 emitida por el organismo defensor.

La institución pública autónoma señaló que, si bien la recomendación 3/2015 fue aceptada por la SSP del gobierno estatal anterior el 26 de mayo de 2015, esa autoridad no cumplió todas las peticiones hechas por la Defensoría.

Por ello, el 13 de enero de 2016 la Defensoría interpuso una demanda de juicio de protección de los derechos humanos contra la SSP del gobierno anterior, porque durante esa administración, su Secretaría de Seguridad Pública no reparó el daño ni tampoco inició los procedimiento administrativos contra los funcionarios involucrados, como fue solicitado en la recomendación 3/2015 emitida por violaciones a los derechos humanos de un interno del Centro de Readaptación Social (Cereso) de la villa de Etla.

La Defensoría informó que la Sala Constitucional y la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado iniciaron el expediente 1/2016, mismo que resolvieron el 13 de febrero último, solicitando a la actual SSP dar cumplimiento a la recomendación emitida por el organismo defensor contra el titular de la Secretaría en la pasada administración.

En la recomendación 3/2015 la Defensoría acreditó que celadores del Cereso de Etla violaron los derechos a la integridad personal y la seguridad jurídica de un interno, a quien le provocaron una lesión en el brazo derecho, hechos que fueron corroborados al integrar el expediente de queja DDHPO/1607/(06)/OAX/2013.

En la recomendación mencionada, la Defensoría solicitó a la SSP iniciar procedimiento administrativo de responsabilidad contra los custodios o celadores que intervinieron en los hechos. La Defensoría también recomendó iniciar un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los integrantes del Consejo Técnico Interdisciplinario que acordaron el traslado del interno agraviado a otro Cereso.

Asimismo, la instancia defensora solicitó en su recomendación que la Dirección General de Reinserción Social se abstenga de autorizar, en lo subsecuente, traslados de internos sin observancia de los requisitos legales.

La Defensoría pidió la reparación del daño a la SSP, para lo cual la dependencia deberá reintegrar al interno los gastos generados por la cirugía a la que se sometió, derivada de la lesión que le causó el custodio del Cereso de la villa de Etla.

La Defensoría reseñó que recibió el 27 de septiembre de 2013 la queja de un interno, quien narró que cuando un celador intentó someterlo por haber participado en una riña con otro interno, lo tiró al piso y, al colocarle las esposas, le jaló con excesiva fuerza los brazos hacia atrás, lo cual le provocó una luxación.

El interno detalló al personal del organismo defensor que enseguida fue llevado a la zona de castigo sin proporcionarle atención médica, pese a que informó al celador que sentía un intenso dolor; sólo tras la intervención de otros internos que pidieron ayuda a los celadores, el lesionado fue conducido al hospital civil “Doctor Aurelio Valdivieso” para darle atención médica, la cual tuvo que pagar el propio lesionado.