Oaxaca.- Ante la inconstitucionalidad que representan los administradores municipales y  la "bomba de tiempo" para la gobernabilidad de la entidad, así como el negocio en el que se ha convertido el nombramiento de los mismos, la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXIII Legislatura, presentó una iniciativa de ley para la eliminación de esta figura.

Desde la tribuna del Congreso del Estado, el coordinador de la bancada, Juan Mendoza Reyes, denunció que la designación de administradores municipales se ha convertido en un botín económico y político del actual Secretario de Gobierno, Alejandro Avilés.

Sostuvo que la actuación de los administradores ha sido contraria a los intereses de las comunidades, al extremo que se han dedicado a saquear los recursos que corresponden a los municipios sin rendir cuentas.

“Durante el trienio 2014-2016, 20 administradores municipales manejaron un monto de mil 47 millones de pesos, de los cuales se desconoce el destino y aplicación, además de que no gestionaron obras a favor de las comunidades”, sostuvo.

Y señaló al secretario General de Gobierno de mostrar un evidente afán de controlar los recursos de las localidades que por conflictos no cuentan con autoridades, mediante el nombramiento de “allegados y personeros” como administradores.

Lo anterior, impide que las comunidades indígenas ejerzan el derecho de contar con Consejos Municipales integrados por ciudadanos de la comunidad. Como consecuencia, los habitantes inconformes han realizado tomas de oficinas y bloqueos, contribuyendo a la falta de gobernabilidad, que debería ser el fin primero de la Secretaría General de Gobierno.

Mendoza Reyes refirió que los artículos 59 y 79 de la Constitución local exceden las previsiones y mandatos de la Constitución Federal, debido a que en ésta última no están previstos los administradores, sino los Consejos Municipales.

“De acuerdo al principio de supremacía constitucional, propongo la reforma de los artículos correspondientes, para que su contenido sea acorde con la Constitución Federal”, indicó.

Y añadió que la actuación de los administradores municipales, además de ser anticonstitucional, no ha contribuido a resolver los problemas electorales de las comunidades indígenas; por el contrario los ha agravado.

Finalmente, señaló que actualmente cerca de 20 municipios enfrentan el problema de nombramientos de administradores municipales, pese a que en estos casos no existe resolución definitiva sobre la invalidez de sus elecciones, ya que las determinaciones del Instituto Estatal Electoral han sido controvertidas ante los tribunales.