Oaxaca.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió medidas cautelares dirigidas a la Secretaría de Salud para demandarle que realice las acciones necesarias a fin de garantizar que las y los oaxaqueños tengan acceso a servicios médicos de calidad y calidez, pues trabajadores de la Secretaría estatal de Salud (SSO) han suspendido labores a plazo indefinido en 500 clínicas y hospitales de los 570 municipios del estado.

El organismo defensor solicitó a la SSO que informe en un plazo de 14 horas la aceptación o rechazo de la medida de protección emitida, además de explicitar las acciones que ha realizado para atender el conflicto existente entre esa dependencia y sus trabajadores, ya que debido a éste las instituciones de salud estatales únicamente brindan servicios de urgencias y hospitalizaciones, así como citas programadas con anterioridad.

La Defensoría del Pueblo de Oaxaca explicó que emitió de oficio las medidas cautelares dentro del cuaderno de antecedentes DDHPO/CA/1205/(01)/OAX2016, al tener conocimiento, por medios de comunicación, de que trabajadores de la SSO suspendieron labores a plazo indefinido en 500 clínicas y hospitales del estado.

La Defensoría del Pueblo de Oaxaca recordó que es obligación del Estado garantizar el derecho a la salud, lo cual implica que las personas puedan acceder en condiciones de igualdad a un sistema de protección y atención del más alto nivel posible.

La institución autónoma señaló que la atención médica que el Estado tiene obligación de garantizar debe abarcar elementos esenciales como la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, lo que implica que exista infraestructura suficiente, así como recursos humanos para dar una atención adecuada, y que los servidores públicos cuenten con el material necesario para proporcionar un servicio de calidad con calidez.

De acuerdo con los medios de comunicación, los trabajadores de la Secretaría de Salud están inconformes por la falta de respuesta a su petición de pago de cajas de ahorro del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pues dicho pago no se ha realizado desde hace siete años pese a que les fue descontado de sus salarios.

Además, los 12 mil trabajadores exigen que se les cubra en efectivo la entrega de uniformes que corresponden a este año, por lo cual iniciaron desde el viernes 14 de octubre último un paro de brazos caídos.