San Raymundo Jalpan, Oaxaca..- El diputado integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Gustavo Díaz Sánchez presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el artículo 18 de la Ley Estatal de Salud, en materia de calidad, publicidad y veracidad de los resultados del monitoreo del agua potable, la cual tiene como finalidad garantizar la calidad del vital líquido para consumo humano.

La constitución mexicana establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, además de señalar que es un derecho que debe ser garantizado por el Estado a través de las instancias competentes y los ayuntamientos de una entidad, manifestó el legislador.

Sin embargo, señaló que aún no existe un sistema de monitoreo eficaz y eficiente para conocer la calidad del servicio de agua potable, lo cual violenta los derechos humanos de las y los oaxaqueños, aunado a un ausente manejo de información pública sobre el desempeño de los organismos operadores municipales, calidad de cuerpos de agua, descargas de aguas residuales, concesiones y disponibilidades.

En este sentido Gustavo Díaz, subrayó que la contaminación del agua persiste por la presencia de nitratos que proceden de los fertilizantes y el arsénico, lo cual genera que las personas padezcan enfermedades como: la diarrea, paludismo, esquistosomiasis, entre otras, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El representante popular aseguró que las autoridades encargadas de garantizar servicios integrales y calidad en la materia, los organismos o asociaciones relacionados a este rubro y los especialistas deben impulsar acciones conjuntas para el control y prevención de la contaminación de aguas, así como la reutilización de aguas residuales tratadas, a fin de proteger la salud de la población y el cuidado del medio ambiente.

Por ello, la propuesta plantea impulsar acciones coordinadas e interinstitucionales para dar solución a los diferentes desafíos que se enfrentan sobre el tema, así como para hacer públicos los resultados de los monitoreos del agua potable, sin restricciones y en un plazo no mayor a cinco días a partir del día en que se tengan los resultados.

La Iniciativa con Proyecto de Decreto fue turnada las Comisiones Permanentes Unidas de Salud Pública y de Administración de Justicia.