Oaxaca, Oax.- Un centenar de indígenas integrantes del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT), acordonaron la sede del principal complejo administrativo del gobierno  para reclamar el esclarecimiento del asesinato de su líder y fundador, Heriberto Pazos, así como de otros  homicidios no esclarecidos por la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca (FGJO). 

También demanda la aparición con vida de las indígenas Virginia y Daniela Ortiz que continúan en estatus jurídico de desaparecidas desde el año  2007. 

De la misma manera, exigen la instalación de una mesa de trabajo con autoridades estatales y federales para obtener recursos que hacen falta  para concluir las obras de infraestructura y proyectos productivos realizados en sus comunidades. 

Sergio Ruiz, uno de los representantes de la organización, acusó que hay funcionarios estatales que se niegan a dar la cara, porque no han cumplido con la entrega de los recursos comprometidos y etiquetados  para impulsar acciones de apoyo al campo y en favor los pueblos indígenas triquis. 

En la protesta, los inconformes no dejaron salir al personal sindicalizado, ni de confianza que laboran en al menos unas 25 dependencias estatales. 

Además se dejaron de realizar unos 2 mil trámites administrativos y de gestión de acciones de gobierno.

También se reportó tomada por parte de activistas del MULT  la carretera federal Oaxaca-México, y la Oaxaca-Tehuantepec, además de los tramos carreteros localizados en Putla de Guerrero, Tlaxiaco, Huajuapam y Juxtlahuaca. 

EL CASO VIRGINIA Y DANIELA 

Los familiares y amigos de las indígenas Virginia y Daniela Ortiz recordaron que el 5 de julio del año 2007, las  mujeres originarias de El Rastrojo, desaparecieron cuando  viajaban a San Marcos Xinicuesta, municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca.

A la fecha no han regresado. La primera tenía 20 años al momento de irse; era maestra de educación primaria bilingüe; Daniela, de 14 años, era solo estudiante. 

En tanto el Procurador de Justicia Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, reconoció que ambas indígenas siguen bajo el estatus de desaparecidas o no localizadas y abundó que continúan las indagatorias. 

Dijo que derivado de este plagio, hay dos personas bajo proceso penal, uno de ellos ex líder del Movimiento Unidad Popular (PUP) que se niegan a dar información sobre el paradero de las víctimas. 

CLAVES 

El pasado 25 de enero del 2012, se firmó un acuerdo de paz entre las principales organizaciones que se disputan el territorio triqui, después de décadas de disputas violentas, odios ancestrales y guerras fratricidas. 

El acuerdo fue signado por 32 de 38 autoridades municipales y comunales de la etnia triqui. 

En la zona en los últimos 80 años según datos oficiales se reportaron unos 80 crímenes violentos y se desplazaron a poco más de  mil familias, 30  de ellas originarias de la agencia municipal de San Juan Copala, quienes hoy cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y exigen su retorno a su pueblo natal por encima de condicionamientos de la autoridad estatal y municipal.