Oaxaca.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca manifiesta que es necesaria la intervención urgente del Poder Ejecutivo del Estado para detener las agresiones a periodistas y evitar, no sólo la afectación personal a quienes ejercen el oficio de la comunicación, sino también el impacto negativo para el conjunto social y para la posibilidad de aspirar a una sociedad armónica y democrática.

El organismo defensor considera que, para una intervención adecuada, la acción oficial debe darse en tres líneas centrales: la instrucción directa a los agentes encargados de la seguridad, la gestión ante autoridades municipales y el abordaje político con organizaciones gremiales.

Además, la institución autónoma subraya que es necesario actuar también para establecer y castigar las responsabilidades administrativas y penales por los agravios a periodistas, si bien los planteamientos del organismo en ese sentido se realizarán en el momento procesal oportuno, conforme avance la resolución de los casos específicos.

En vista de estas consideraciones, la Defensoría solicita al Gobernador Constitucional del Estado instruya a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para que ordene de manera directa a todos los agentes de sus corporaciones o agrupamientos policiacos que se abstengan de causar agravio alguno a periodistas con motivo de su cobertura informativa.

Para esto, la institución defensora pide brindar a los agentes el entrenamiento y la capacitación necesarios para que adopten lineamientos de conducta sobre el respeto de la libertad de expresión, además de que, en cumplimiento a los derechos humanos a la libertad de expresión y seguridad pública, realicen acciones que conlleven a garantizar el ejercicio periódistico en condiciones de seguridad.

Entre sus demandas a la autoridad estatal, la Defensoría  urge a instruir a la Secretaría General de Gobierno (Segego) para que, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, realice las acciones necesarias de conciliación, mediación y sinergia con los organismos gremiales Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación y Confederación de los Trabajadores de México, proveyendo lo necesario para garantizar el respeto del derecho a la libertad de expresión en el estado de Oaxaca.

El organismo autónomo también demanda al Poder Ejecutivo estatal que la Segego, con respeto a la autonomía municipal, establezca la comunicación, los acuerdos, la vinculación y concertación necesaria con los ayuntamientos de los municipios del estado a fin de que estén en posibilidades de ordenar de manera directa a sus policías municipales que se abstengan de causar agravio alguno a periodistas con motivo de su cobertura informativa.

En el caso de las policías municipales, la Defensoría requiere asimismo que se brinde a los agentes policíacos de los ayuntamientos el entrenamiento y la capacitación necesarios para adoptar lineamientos de conducta sobre el respeto de la libertad de expresión.

Además, la Defensoría solicita al Fiscal General del Estado instruya a todos sus fiscales y vicefiscales para que, en las averiguaciones previas y legajos de investigación que se encuentren en las áreas a su cargo, iniciadas con motivo de delitos cometidos en contra de  periodistas y comunicadores, de manera inmediata y con la debida diligencia se practiquen las actuaciones  tendientes a determinar sobre el ejercicio de la acción penal, y para que en las mismas se acuerden las medidas de protección pertinentes.

El organismo defensor recalcó que, de enero del presente año a la fecha, ha tenido conocimiento de 123 agravios contra al menos 74 comunicadoras y comunicadores, tanto por comparecencia de las personas agraviadas como mediante el monitoreo de medios de comunicación. Esos 123 agravios incluyen el homicidio de seis comunicadores en distintas poblaciones el estado.

La Defensoría puntualiza que, del total de agravios, 19 fueron contra mujeres y 97 contra hombres. Otros siete no fueron dirigidos a personas específicas sino a instalaciones o a la operación de medios.

En la mayoría de esas agresiones existen indicios claros de que los agravios fueron motivados por el propio ejercicio comunicativo, subraya la institución, que enfatiza además  que 96 agravios ocurrieron durante la cobertura informativa, es decir, mientras las y los periodistas recababan información.

La Defensoría especificó que el tipo de agravio registrado con mayor frecuencia contra periodistas fue la agresión verbal, con 30 casos, de los cuales 22 fueron amenazas, entre ellas, tres amenazas de muerte.

La institución autónoma indica que a ese tipo de agravios le siguen, en orden de frecuencia la intimidación, con 22 agravios; además, en 19 ocasiones se despojó o hubo el intento de despojar a las y los periodistas de su equipo de trabajo; también se registraron 14 casos probables de detención ilegal o arbitraria, retención ilegal, o privación ilegal de la libertad, y 12 agresiones físicas, con o sin lesiones.

El organismo subrayó con especial preocupación el homicidio de seis comunicadores durante el presente año en el estado, lo cual puede confrontarse con datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha informado de seis homicidios cometidos contra periodistas registrados en todo el país durante 2014, y otros seis en 2015.

La Defensoría expuso que en 60 por ciento de los casos (74 agravios) fueron señalados como agresores solamente dos tipos de actores sociales: agentes de seguridad (35%) y organismos gremiales (25%). En 43 de los agravios, los agresores fueron identificados como agentes de diversas corporaciones policiacas, sea de la SSP de Oaxaca (27), de alguna policía municipal (26) o de la Policía Federal (15).

El organismo autónomo calificó de especialmente graves los señalamientos hacia agentes municipales, y que en ese ámbito la institución autónoma investiga agravios a periodistas consistentes en detenciones ilegales, tortura y ejecución extrajudicial.

En orden de frecuencia, continúa la instancia defensora, a los agravios cometidos por policías municipales les siguen los de integrantes de centrales sindicales (31), de los cuales en 25 fueron señalados diversos participantes en la Coordinadora de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y en otros seis de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Otros 19 agravios fueron atribuidos a particulares y 15 habrían sido cometidos por personas desconocidas, enumera la institución.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo de Oaxaca señaló que entre los agravios particularmente preocupantes, además de los homicidios de periodistas, se cuenta el ataque cometido  contra la fotoperiodista Citlali Granados Cid, quien pese a su estado de gravidez fue hostigada y perseguida por un grupo de manifestantes adscritos a la CNTE en fecha reciente.

Por este caso, la institución abrió el 17 de septiembre último el cuaderno de antecedentes DDHPO/CA/1056/(01)/OAX/2016, mediante el cual dirigió cuatro medidas cautelares: a la Fiscalía y  a la SSP estatales, para garantizar la seguridad e integridad de la comunicadora; a la Secretaría de Salud, para que le proporcione atención médica y sicológica a la agraviada, y  a la Coordinación estatal para la Atención a los Derechos Humanos, a fin de que coordine acciones para el cumplimiento de dichas medidas.