Pregunta.- Secretario, ¿cómo se vivirán las festividades del Día de la Independencia  al interior del Estado?

 Respuesta.- Por supuesto que habrá festividades.  En dos o tres municipios quizá por algunas cuestiones internas no se podrá realizar el festejo, pero les estamos sugiriendo que se tomen precauciones para que no se generen conflictos innecesarios. Por ejemplo, en Santiago Amoltepec, donde recientemente  hubo  la revocación del mandato de algunos regidores y eso  puede generar situaciones que no quisiéramos que pongan en riesgo la celebración del  evento  o la integridad de algunas personas, pero de ahí en fuera, creemos que sí hay condiciones para que se realice esta   celebración.

P.- ¿Cuáles son los municipios que tienen riesgo?

R- Está Zimatlán de Lázaro Cárdenas, en la Mixteca, donde derivado de un conflicto agrario que existe hubo recientemente un incidente y creemos que podría darse la cancelación. Estamos tomando las previsiones para evitar cualquier situación que pudiera  poner en riesgo la integridad de las personas.

P.- ¿La delincuencia organizada, no pone en riesgo estas celebraciones? 

R.-  Para eso todos los cuerpos de seguridad estarán atentos, para que evitemos al máximo este tipo de  eventos. Se ha montado un operativo policiaco en la capital del estado para resguardar la seguridad de los visitantes y de quienes acudan al  zócalo a presenciar el Grito.

P.- ¿Cuántos elementos se desplegarán?

R.- En todo el estado se desplegarán más de 5 mil elementos, en la capital estarán mil 500 y esperamos que se integren  elementos de la Policía Federal.

P.- En el Istmo, la Costa y la Cuenca se han encendido focos rojos  en cuanto a delincuencia. Se siguen dado asesinatos en las últimas horas.

R.- En el Istmo se ha montado un operativo con la Policía Federal, la Estatal y la Fiscalía. En los últimos días ya no se han dado los asesinatos que se venían registrando. En la Cuenca se está trabajando con la base de instalaciones mixtas, por donde, debido al efecto cucaracha, los delincuentes pasan al estado. De igual manera a la región del Istmo, pero estamos haciendo un esfuerzo de coordinación y a partir de que se tomaron estas medidas la delincuencia ha disminuido.

P.- Las acciones de las organizaciones, en estas  fechas, ¿ponen en riesgo la  estabilidad?

R.- No. Estamos trabajando en coordinación con las distintas dependencias para dar respuesta a las peticiones de ellas.  Ayer mismo se manifestaron  la CODEDI,  OPIO,  UNTA que forma parte del COOA , que fueron atendidas por el Fiscal del Estado, debido a que sus planteamientos son de carácter jurídico.

P.- Sin embargo, se sigue sosteniendo esta cultura del chantaje, ¿cuánto le cuesta al estado?

R.- Se ha ido diluyendo poco a poco. Es una cultura a la que los oaxaqueños  ya no podemos seguir respondiendo. Ya no podemos seguir con estas presiones y chantajes.

P.- ¿Cuánto le cuesta al estado responder a esas presiones?

R.- Hay que diferenciar y ver que las organizaciones gestionan recursos  para comunidades y municipios.

P.- La situación de San Sebastián  Nopalera, en la Mixteca, registró enfrentamientos  y muertos ¿Cuál es el seguimiento que  le da la SEGEGO?

R.- Este es un conflicto agrario que ha sido atendido, incluso por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Este tema ya está resuelto jurídicamente, pero no socialmente. En la SEGEGO junto con las dependencias agrarias y la SEGOB  se ha buscado alcanzar acuerdos con ellos.  Hemos realizado mesas de diálogo. El gobernador Gabino Cué firmó con ellos un convenio de no agresión y respeto,  pero lamentablemente las personas de San Sebastián Nopalera  fueron quienes agredieron  y ayer falleció una persona en el Hospital Civil, después de su traslado en helicóptero a la capital, para recibir atención médica y falleció. Hay otros tres heridos, entre ellos una señora.

P.-  ¿Hay responsables?

R.- La Fiscalía del Estado  trabaja en este hecho y se van a castigar a los responsables.  Nosotros ya reforzamos la vigilancia. Lamentablemente este grupo actuó por la noche.

P.- ¿Cuántos conflictos agrarios hay en el estado y los que son álgidos, como el de San Sebastián Nopalera?

R.-Son  32 conflictos  álgidos que merecen atención inmediata y 6,  como el de San Sebastián Nopalera.  Está  Santiago Amoltepec  con dos de los municipios colindantes;  Yucutindo, San Juan Quiahije y San José  Ixtapam,   que están siendo atendidos por la mesa de atención agraria, la cual  que incluye a todas las dependencias - estatales y federales –,  que tienen que ver con los temas agrarios.  Es una mesa de atención especial que todos los días está revisando los temas .

P.- ¿Por qué no han sido resueltos, por falta de recursos o voluntad?

R.- Estos conflictos jurídicamente ya están resueltos, solo que una comunidades no reconoce las resoluciones presidenciales que benefician a sus vecinos, por ejemplo  San Juan Quiahije  tiene una resolución  a su favor, sin embargo, San José Ixtapam no lo acepta. Eso es lo que genera el conflicto social.

P.- ¿Hay actores políticos que están interviniendo en estos conflictos?

R.- Por supuesto. Hay asesores del FPR que asesoran a San José Ixtapam  y creemos que si hay voluntad por parte de las organizaciones eso nos ayudaría a alcanzar  la gobernabilidad en el estado. Otro caso es el de Comuna, que asesora a San Sebastian Nopalera  y Maurilio Santiago, a Zimatlán de Lázaro Cárdenas.  Estamos dialogando con ellos para que nos ayuden a dar una respuesta de paz.

P.- ¿Se puede pensar que las organizaciones están administrando los conflictos?

R.- No. Nosotros  tenemos que hacer un esfuerzo con las comunidades para que acepten las resoluciones. Si embargo, no nos permiten nada, ni  entrar a realizar las mediciones para ver qué parte les corresponde y cuál no. Nuestra obligación es continuar con el  proceso de diálogo para que las comunidades  acepten las resoluciones .  Buscamos por todos los medios convencerlos.

El año pasado la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Agrario (SEDATU) creó el Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER),   mediante el cual destinaron mil millones de pesos, los cuales  estaban a disposición de aquellas personas  que son dueños de una extensión pero no las tienen en posesión, les ofrecieron algunas contra prestaciones.  A ellos se les pidió que aceptaran el dinero,  lamentablemente no quieren,  ellos dicen “yo no quiero dinero, quiero el terreno”. De ese recurso no se usaron ni 300 millones.

P.- ¿Son responsables las organizaciones?

R.- Ambos,  por una parte es la voluntad de las comunidades y por la otra las organizaciones  se negaron. En cierta forma les conviene mantener vivos estos conflictos.