Oaxaca.- “La seguridad y los derechos humanos están sumamente vinculados, no podemos tener ni justicia ni seguridad si no se respetan los derechos humanos, pues un Estado que alega que por temas de inseguridad van a reducirse o a limitarse dichos derechos, es un Estado autoritario”, señaló la investigadora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) Luisa Pérez Escobedo.

La investigadora especializada en seguridad y justicia impartió el taller “Documentación de violaciones a derechos humanos” al personal de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. En entrevista después de impartir ese taller, señaló que en México existe un debate respecto a la necesidad de reducir derechos humanos de ciertos sectores de la sociedad en beneficio de la seguridad y la estabilidad. 

La investigadora Pérez Escobedo señaló que esa discusión es un falso dilema, porque no se puede combatir la violencia o el narcotráfico reduciendo derechos; al contrario, recalcó, estas acciones empeoran la situación en materia de seguridad y justicia. 

Durante la entrevista realizada el 29 de agosto al término de los talleres de actualización que son parte de las acciones del Programa Derechos Humanos para la Cohesión Social (que realiza la Defensoría en colaboración con la Unión Europea), la investigadora del IMDHD subrayó que el tema de los derechos humanos es fundamental en materia de justicia y seguridad. 

Puntualizó que la reducción de las prerrogativas fundamentales es también una vulneración al régimen democrático, pues para que un Estado pueda ejercer el monopolio de la fuerza tiene que ajustarse a ciertos límites, pero si el Estado no cumple con esos mínimos, se deslegitima al convertirse en autoritario. 

Pérez Escobedo explicó que este tipo de acciones dan pie a que las autoridades realicen actos que implican abuso de poder. Por ejemplo, detalló, los actos de tortura, de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias son justamente consecuencia de la falta de respeto a los derechos humanos. 

La autoridad, en esos casos, “no respeta derechos humanos, no actúa dentro de los límites de su mandato, abusa del poder que la ciudadanía le entregó para ejercer el cargo público, dando pie a violaciones a derechos humanos con sus acciones”, insistió. 

La defensora de derechos humanos agregó que otro punto muy importante para que una sociedad logre acceder a la seguridad y justicia con pleno respeto a los derechos humanos, es el combate a la impunidad. 

“Mientras no se castigue ni se sancione a los funcionarios que han estado participando, tolerando o promoviendo este tipo de prácticas violatorias de los derechos humanos, no se detendrán las violaciones a estos derechos”, sentenció. 

Pérez Escobedo resaltó que la impunidad es el caldo de cultivo que permite la repetición de violaciones graves a los derechos humanos, pues, desde su experiencia como investigadora en temas de justicia y seguridad, la impunidad unida a la corrupción es el gran problema que impide la existencia de un ambiente de pleno respeto a los derechos humanos, pese a que México tiene una legislación de avanzada en la materia. 

Finalmente, la investigadora señaló que es urgente sancionar a quienes participan en actos de corrupción y permiten la impunidad, pues es necesario un cambio no sólo a nivel político o institucional, sino social, el cual requiere que como sociedad asumamos la responsabilidad de sancionar y no tolerar más actos de corrupción o permitir que continúe la impunidad, además de que exijamos el respeto a los derechos humano y la dignidad de las personas.