Oaxaca.- El sector privado en el estado lleva la cabeza en el número de denuncias y recursos de amparo ante tribunales federal, esto por los atropellos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), exigiendo al gobierno federal cumplir con su obligación y responsabilidad en  la aplicación estricta de la ley para restablecer el orden social perdido.

La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), son los dos organismos que han presentado por separado y de forma colectiva recursos de amparo ante los juzgados de distrito por la omisión del estado mexicano a la violación a las garantías constitucionales, y vulneración del estado de derecho que comete la CNTE en prejuicio de terceros, y existe una omisión del estado para garantizar el orden público.

Ambos organismos empresariales, presentaron pruebas y elementos acerca de las pérdidas económicas de hasta por 7 mil millones de pesos, que han generado en los últimos 90 días los docentes de la CNTE en Oaxaca.

Lo que se ha traducido en prejuicio para  160 empresas siniestradas en la rama turismo y servicio y al pérdida de más mil 600 empleos.

Jaime Zorrilla, líder de la CANACO-SERVITUR, advierte que los recursos jurídico están sólidamente soportados y pruebas legales, argumentando que existe la confianza del sector privado en que la justicia federal resuelva a favor y ordene a la autoridad federal ejercer la acción que corresponda para restablecer las derechos violentados.

Argumentó que si existiera un desacato de la autoridad federal a cumplir con la resoluciones judiciales, se podría solicitar a la Cámara de Diputados se inicie un juicio de procedencia para retirarle el fuero y procesar y suplir a las autoridades omisas.

En el documento legal los empresarios reclaman a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sus acciones para   impedir el libre tránsito de los comerciantes, prestadores de servicios  y turismo  derivado del bloqueo, secuestro y toma ilegal de vías de comunicación, carreteras, calles, avenidas y vías principales en los estados de Oaxaca.

Refieren que las acciones de desestabilización por parte de los docentes  ha implicado el despojo de diversos bienes propiedad de los comerciantes, prestadores de servicios y turismo.

Además del desabasto ocasionado en insumos básicos para el desarrollo integral de los comercios, actividades de servicios y turismo que mi mandante representa, derivado de diversos bloqueos ilegales a vías de comunicación.

Se agrega que  la toma ilegal de instalaciones, cierre de comercios, centros comerciales y empresas en los estados de Oaxaca, impide el acceso a la sociedad en general y limita  que los comerciantes y prestadores de servicios y de turismo que mi mandante representa ejerzan de manera libre y plena sus actividades profesionales en beneficio de la sociedad.

Sostienen y fundamentan que al dañarse el derecho a la inversión se violenta los derechos de salud, educación y alimentación, pues ante los bloqueos infundados, se han disminuido los servicios básicos para dar la atención debida a fin de atender dichas prioridades de la sociedad.

Además se quebranta el derecho de propiedad, dado que a raíz de las manifestaciones, cierres, bloqueos, y actos realizados se han visto dañadas materialmente algunas propiedades de los comerciantes locales.

Al estado le reclama su omisión por que es su obligación  garantizar la libertad de tránsito en los estados de Oaxaca, en términos de la ley.