Oaxaca.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca manifestó este jueves su alta preocupación por la negativa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno del estado de Oaxaca para instrumentar medidas cautelares a favor de dos defensoras de derechos humanos que en las últimas semanas han sufrido hostigamiento debido a su trabajo.

“La medida cautelar solicitada consiste, en síntesis, en garantizar que el personal de la Secretaría no actúe fuera de la ley y del marco de los derechos humanos”, por lo que “es especialmente grave y doblemente atemorizante que la hayan rechazado”, dijo Razhy González, responsable de protección a defensoras y defensores de derechos humanos del organismo autónomo.

Explicó que en días pasados la Defensoría solicitó a la dependencia establecer medidas cautelares para dos integrantes de la Coordinadora Estatal de Madres, Padres y Tutores, quienes han sufrido hostigamiento a partir de su participación en movilizaciones en apoyo al movimiento magisterial contra la reforma educativa y a favor de la liberación de sus dirigentes presos.

En respuesta, dijo el defensor especializado, la Secretaría de Seguridad Pública pidió a las defensoras adoptar medidas de autoprotección y no infringir la ley, “lo que en el contexto del rechazo a garantizar que los agentes policiacos actúen conforme a derecho, suena a una amenaza franca por parte de la dependencia”.

Calificó el hecho como especialmente preocupante, dado que la misma dependencia ha mostrado de manera reiterada ser negligente en la protección a periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos.

De igual forma, el defensor especializado señaló que reiteradas violaciones a los derechos humanos cometidas por personal de la SSP fueron acreditadas en las 12 recomendaciones y 59 propuestas de conciliación que ha emitido el organismo autónomo tan sólo entre mayo de 2012 y mayo de 2015, “con violaciones graves, como al derecho a la vida o por tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

El representante de la Defensoría expresó no poder explicarse sino como amenaza la negativa a aceptar la petición de la institución autónoma en el sentido de “garantizar que cualquier servidor público de las corporaciones policiacas bajo su mando se abstenga de tomar represalias o causar actos de molestia de cualquier tipo que no estén debidamente fundados y motivados, conforme los artículos 1°, 14° y 16° de la Constitución”.

Citó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para recordar que la labor de promoción y protección de los derechos humanos que por iniciativa propia realizan las personas “es una actividad legítima que coadyuva con una obligación esencial de los Estados” y que genera en los gobiernos “obligaciones especiales de protección” a su labor.

“Esto es así aunque las y los defensores sean opositores al gobierno en turno”, finalizó.