Oaxaca.- La Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca llamó a las autoridades estatales y a las y los afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para que privilegien el diálogo como estrategia para dirimir el conflicto magisterial derivado de los cambios generados por la reforma educativa. 

Además, el organismo público autónomo pidió a las instituciones del Estado que eviten al máximo el uso de la fuerza pública en la resolución de este conflicto, pues existe el riesgo de un rompimiento del tejido social, además de que esto podría generar posibles violaciones a derechos humanos con daños de difícil o imposible reparación. 

Asimismo, la Defensoría del Pueblo de Oaxaca emitió un llamado a los manifestantes que realizan bloqueos en carteras estatales para que permitan el paso regular de servicios públicos indispensables para el bienestar de la población y, especialmente, en casos de urgencias médicas y otras situaciones que puedan ocasionar causar efectos negativos en la salud de las personas. 

La institución llamó a los manifestantes a conducir sus demostraciones en los términos que marca el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin causar quebranto a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, ni provocar algún delito o perturbar el orden público, pues esta clase de incidencias puede ser utilizadas para deslegitimar el derecho a la protesta. 

Ante las expresiones que tratan de propiciar una reacción violenta hacia la legítima demanda social, el organismo defensor envió una propuesta general al Poder Ejecutivo del estado en la que le manifiesta que resulta fundamental preservar la comunicación entre las partes de este conflicto como un medio que permita la coexistencia pacífica.

La institución autónoma estima necesario que el gobierno estatal implemente mecanismos de atención pronta e inmediata del problema magisterial, en los que privilegie el diálogo como método para lograr consensos que permitan la comprensión y empatía entre los actores sociales.

La Defensoría señaló que la falta de atención al conflicto podría generar un problema social de mayores dimensiones, si se considera que esta pugna polariza a la sociedad, pues así como hay habitantes en la entidad que apoyan el movimiento magisterial, hay otro sector en el que generan animadversión las acciones desplegadas por los trabajadores de la educación porque se impide el ejercicio de algunos derechos, como el de tránsito. 

La Defensoría recordó que el actual conflicto derivó de los cambios estructurales que se realizaron en la entidad al ser implementada la reforma educativa ordenada por el Ejecutivo federal el 20 de julio de 2015, la cual generó la desaparición de algunos departamentos y la creación de otros, así como el cambio de adscripción de algunos trabajadores, lo que causó inconformidad entre agremiadas y agremiados al SNTE.

El organismo autónomo subrayó que, en un Estado democrático, los ciudadanos tienen derechos que se vinculan directamente con el diálogo o suponen el ejercicio del diálogo; por ello, quienes se encargan de ejercer el poder deben tener y practicar una cultura política democrática que favorezca relaciones entre gobernantes y gobernados, ciudadanos, organizaciones y Estado, sustentadas en valores como la igualdad, la libertad, la tolerancia, el pluralismo, la legalidad, la participación y el diálogo. 

El organismo defensor solicitó al Poder Ejecutivo girar instrucciones al Secretario General de Gobierno, al Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, a la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos y al Secretario de Finanzas para que realicen las acciones necesarias a fin de dar una solución adecuada y apegada a derecho a los planteamientos, tanto de los docentes de la Sección 22 del SNTE y a los padres de familia. 

Asimismo, la Defensoría del Pueblo de Oaxaca considera pertinente hacer un llamado a los trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación para que, en el ejercicio de su derecho a la manifestación, ajusten sus acciones para que no afecten los derechos humanos de terceros. 

La Defensoría recordó que, si bien el derecho a la manifestación se encuentra reconocido y tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las acciones realizadas en el ejercicio de este derecho por una parte de los sindicalistas suelen traducirse en la falta de clases en las instituciones educativas de los niveles inicial, básico y medio superior, así como en el bloqueo de vialidades. 

La institución autónoma expuso que, con este tipo de acciones, se conculcan, entre otros, el derecho a la educación y a la libertad de tránsito de los ciudadanos, por lo que la Defensoría se pronuncia en el sentido de que deben buscarse nuevos métodos de solución de los conflictos gremiales que no afecten los derechos humanos de terceras personas. 

La Defensoría puntualizó que las actividades de los docentes deben considerar lo dispuesto en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (artículo 13) y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 6º), pues no deben perder de vista que su principal objeto lo constituye la educación, y que conforme a la normatividad de la materia, ésta debe brindarse con calidad y calidez, puesto que es un derecho universal. 

La Defensoría señaló que la problemática derivada de los cambios generados por la implementación de la reforma educativa ha generado un ambiente de hostilidad, desigualdad y resentimiento entre los habitantes de la entidad. 

Por ese motivo, se hace imprescindible que el Estado garantice los derechos consagrados en diversos ordenamientos, incluidos tratados internacionales, de modo que se permita el desenvolvimiento de los poderes públicos y la seguridad humana, pues la convivencia social exige que la ley se aplique a todos por igual, y que la justicia, junto con el diálogo, sea la vía para la solución de los conflictos, finalizó la Defensoría.