Oaxaca.- “Hasta que Oaxaca no atienda las secuelas del conflicto iniciado en 2006, parece difícil que puedan solucionarse sus problemas de la actualidad ni los de los años que sigan, ya que mientras que las víctimas han sido olvidadas, estigmatizadas e incluso criminalizadas, los perpetradores de violaciones a los derechos humanos gozan de impunidad, gracias a lo que parece una amnistía de facto”, dijo el presidente de Comisión de la Verdad de Oaxaca. Alejandro Solaline Guerra.

En conferencia de prensa, dijo que hoy la Comisión de la Verdad de Oaxaca concluye formalmente sus trabajos de investigación sobre los hechos que motivaron violaciones a los derechos humanos acontecidos en los años 2006 y 2007. En el transcurso de este día se hará entrega del informe a los tres poderes del Estado y se realizarán todos los trámites administrativos para el cierre de la gestión.

Es por ello que este informe se titula: “¡Ya sabemos!”. Porque una vez que la sociedad esté consciente de los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos del pueblo oaxaqueño, lo que sigue para las víctimas del conflicto es la justicia y la reparación integral del daño. Con este documento de denuncia, esta Comisión de la Verdad dice no a la impunidad en Oaxaca.

La Comisión de la Verdad recomienda a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía de Investigación de Delitos de Trascendencia Social que, como resultado de la profusa información que brinda el presente informe, retomen las indagatorias en contra del exgobernador de Oaxaca, Ulises Ernesto Ruiz Ortiz y ex funcionarios, así como demás integrantes de su gabinete y funcionarios municipales, especialmente los encargados de procuración de justicia y seguridad pública. Esto con el fin de que se finquen las responsabilidades penales por delitos y violaciones graves a los derechos humanos, en especial de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes que se detallan ampliamente en este informe.

Estos delitos cometidos no solo son imprescriptibles, sino que, dadas las características de sistematicidad con que se cometieron, pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Es necesario señalar que una de las principales medidas de reparación para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos es el enjuiciamiento y sanción a los responsables, perpetradores y operadores de los crímenes cometidos.

La Comisión de la Verdad recomienda a la Procuraduría General de la República revisar las demandas penales dirigidas en contra de las administraciones federales, de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, por su responsabilidad en los hechos del conflicto social oaxaqueño. En el conflicto de Oaxaca, la intervención de fuerzas federales, la participación de las instancias de administración de justicia y la injerencia de los aparatos de inteligencia a nivel nacional fue una responsabilidad directa de estos dos ex presidentes.

Asimismo, se recomienda a la Procuraduría General de la República, a través de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, revisar la actuación de los ex funcionarios federales Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna y Ardelio Vargas Fosado, señalados por las propias víctimas y actores en el conflicto social como responsables de dirigir las acciones represivas contra manifestantes en el Operativo Juárez de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2006.

La Comisión de la Verdad recomienda al Congreso del Estado y a la Secretaría de la Contraloría iniciar los procedimientos administrativos de inhabilitación de la función pública y separación del cargo a funcionarios señalados como responsables de violaciones a los derechos humanos. Todo esto con base en lo que establece la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.

En la investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, caso Oaxaca 1/2007, se establece la responsabilidad de los siguientes funcionarios: Alma López Vásquez, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, Pedro Ismael Díaz Laredo, Manuel Moreno Rivas, Jorge Alberto Quezada Jiménez, Heliodoro Díaz Escárraga, Margarito López Aragón, Joaquín Darío Berges y Dorantes, Víctor Amado Alonso Altamirano, Jorge Aquino Reyes, Andrés Quevedo Martínez, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, Sergio Segreste Ríos y Daniel Camarena Flores. La depuración del personal de las instituciones públicas, en particular en los sectores de seguridad y justicia, es uno de los componentes de una estrategia efectiva y legítima de justicia transicional.

La Comisión de la Verdad recomienda al gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, realice las gestiones necesarias que garanticen el cese de los funcionarios que ocupan actualmente cargos en su gobierno y que tuvieron responsabilidades en las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los años 2006 y 2007, según las investigaciones de esta Comisión y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos nombramientos han fomentado y consolidado la impunidad, además de que han sido un factor que ha inhibido a las víctimas a buscar la verdad y justicia.

Es de precisar que este informe es a todas luces parcial, pues señala solo a funcionarios del gobierno, y no a quienes incendiaron Oaxaca al confundir la protesta social con vandalismo y terror cometido en contra de la sociedad.