Oaxaca.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que verifique la posible existencia de violaciones a las prerrogativas fundamentales de familiares de un paciente fallecido en el Hospital de Alta Especialidad de Oaxaca, pues condicionaron la entrega de su cuerpo al pago de un tratamiento cuyo saldo asciende a 148 mil 516 pesos.

Ante estos hechos, la Defensoría abrió el expediente de queja número DDHPO/144/(01)/OAX/2016, el cual será remitido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por ser el Hospital de Alta Especialidad de Oaxaca una institución que depende de la federación.

La Defensoría del Pueblo de Oaxaca solicitó la intervención de su homóloga nacional para que en el ámbito de su competencia indague la existencia de violaciones a los derechos humanos, a fin de evitar que este acto cause daños de difícil o imposible reparación a las prerrogativas fundamentales de la y los afectados.

El organismo defensor recibió por escrito la queja de I. T. S., quien narró que el 6 de enero de este año su esposo comenzó a tener problemas graves de salud, por lo que acudió a la clínica de Santa Cruz Mixtepec, de donde ella y su cónyuge son originarios; la doctora que los atendió les explicó que el estado de salud del paciente era delicado.

Debido a esta circunstancia, la agraviada y su hijo decidieron buscar que su paciente fuera atendido por un médico particular, quien después de valorar a su esposo les informó que se encontraba delicado de salud; por ello, debían buscar atención especializada, y al contar únicamente con Seguro Popular, la única opción que tenían era el Hospital de Alta Especialidad de Oaxaca, ubicado en San Bartolo Coyotepec.

La quejosa señaló que el 7 de enero fue admitido su esposo en dicho hospital, donde le informaron que su paciente tenía complicaciones cardiacas; además, después de recibirlo, personal del área de Trabajo Social los entrevistó respecto a su vivienda, por lo que I. T. S. le describió que su casa tiene dos cuartos de adobes con techo de lámina de asbesto, que su hijo trabaja como taxista foráneo y es quien sostiene a la familia integrada por ella, su esposo (ahora difunto) y tres nietas a quienes su madre abandonó.

La quejosa dijo que, después de que brindaron esta información, la trabajadora social les explicó que les correspondía la categoría dos de apoyo, por su condición económica, y que esta información la usaría cuando fuera a pagar el costo del tratamiento.

La agraviada expuso que durante la estancia de su esposo en el Hospital de Alta Especialidad de Oaxaca le solicitaron a ella y a su hijo la cantidad de 30 mil pesos para realizar un procedimiento quirúrgico, y aunque era mucho dinero, hicieron el esfuerzo por conseguirlo, pues sin ese recurso no le realizarían la intervención a su cónyuge.

La quejosa detalló que el 11 de enero último su esposo fue intervenido, pero los médicos solicitaron 10 mil pesos más; ella y su hijo manifestaron al médico que no tenían ese dinero, pero para salvar a su familiar aceptaron comprometerse a conseguir el nuevo pago.

La afectada agregó que después de que terminó la operación, el médico a cargo le dijo que su esposo estaba respondiendo bien a la operación y su presión era estable, y le pidió continuar esperando; sin embargo, media hora después, los volvieron a llamar para decirles que fueran a despedirse de su paciente, pues estaba muriendo y después de un rato en terapia intensiva falleció.

Después de fallecido el paciente, el cirujano se acercó a los familiares para decirles que fueran por el acta de defunción, por lo cual fueron al área de costos y ahí les informaron que pasaran al área de caja para pagar la hospitalización. Allí, la quejosa fue informada de que el saldo por hospitalización era de 148 mil 516 pesos. Por lo elevado de la cantidad, ella y su hijo pidieron una explicación, pero el personal se negó a dársela, diciendo que ellos la tenían registrada como una persona de nivel 6.

Debido a esto, ambos afectados fueron a ver al personal de Trabajo Social, donde les dijeron que ellos eran conscientes de la gravedad de su paciente y por eso estaban obligados a pagar, además de que no les entregarían el cuerpo hasta que no cubrieran el saldo, adicional a los 30 mil pesos que ya habían depositado.

La quejosa dijo que buscó el apoyo de la Comisión de Arbitraje Médico, donde les dijeron que debido a que en casos como el suyo no tienen competencia, sólo podían apoyarles para que les entregaran el cuerpo. En el Hospital de Alta Especialidad de Oaxaca autorizaron esta entrega, pero advirtiéndoles que eso no los eximia de pagar la deuda.