Oaxaca.- La representante de la organización defensora de derechos humanos Front Line Defenders María San Martín denunció que es dramática la situación que afrontan las defensoras de derechos humanos en Oaxaca, pues carecen de garantías de seguridad y sufren la falta de respuesta del gobierno en la ejecución de medidas cautelares.

Durante su intervención en el conversatorio “Los Retos y Desafíos de la Implementación de Medidas Cautelares para Defensoras de Derechos Humanos en Oaxaca”, realizado el 26 de noviembre último, San Martín externó la preocupación por la criminalización de la que son objeto las personas que defienden derechos humanos, la cual, aunada a la impunidad, hace que su actividad sea cada vez más peligrosa.

En el conversatorio participaron las organizaciones ciudadanas Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad A. C., Servicios para una Educación Alternativa A. C. (Educa), así como las defensoras comunitarias Yolanda Pérez, Evítelia Pacheco Ramírez, Dora Leticia Montaño Mota, Eva Lucero Rivero Ortiz y Rosalinda Dionicio Sánchez, quienes expusieron su experiencia como beneficiarias de medidas cautelares.

En el conversatorio también participó Razhy González Rodríguez, defensor especializado en Atención a Periodistas y Personas Defensoras de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, quien manifestó que el organismo defensor acompaña a las defensoras de derechos humanos en las mesas de seguimiento de medidas cautelares, pues está consciente que contribuyen con su actividad a la paz y a la democracia.

González Rodríguez añadió que el derecho a defender derechos humanos debe ser protegido y garantizado por el Estado, pues al hacerlo proporciona certeza respecto al respeto que confiere a los otros derechos de las personas.

Por su parte, durante su intervención en la actividad, la defensora comunitaria Evítelia Pacheco Ramírez reclamó que quienes exigen se garantice para ellas y otras mujeres el acceso pleno a sus derechos, sufren discriminación por ser indígenas, y pareciera que no cuentan como mujeres ni como personas, y que carecieran de derechos humanos.

Pacheco Ramírez manifestó que ellas se enfrentan continuamente al racismo, a la falta de atención, siempre les dicen que no hay recursos y, cuando por fin acceden a las medidas cautelares, los servidores públicos que llevan sus casos las juzgan, las señalan, invaden su privacidad, haciendo parecer que, en lugar de protegerlas, las fiscalizan.

A su vez, la defensora comunitaria Rosalinda Dionicio Sánchez expuso que falta sensibilidad de las autoridades en el tema del riesgo que afrontan quienes defienden derechos humanos, pues su respuesta a las solicitudes de protección es lenta, y a veces para que actúen una defensora tiene que morir o, como la propia ponente, sufrir lesiones de gravedad.

La defensora expresó que en ocasiones el Estado ni siquiera en casos graves garantiza los derechos de quienes defienden derechos humanos. Al respecto, recordó que ella quedó gravemente lesionada después de un atentado, por lo que era necesario que le reconstruyeran la pierna, pero la autoridad fue incapaz de garantizarle la atención mínima y tuvo que buscar por sus propios medios quien le brindara un servicio médico adecuado.

Por su parte, Eva Lucero Rivero Ortiz, defensora comunitaria y miembro de la Unión Cívica de Barrios, Colonias y Comunidades, refirió que el estado efectúa inadecuadamente las medidas cautelares, pues en su caso, aunque le proporcionaron personal de seguridad, las autoridades no asumieron el costo de este protección, dejándole a ella el pago. Detalló que eso implicó costear alimentación, trasportes, alojamiento y otros gastos de dicho personal.

Esto, puntualizó, afecta a quienes reciben esa clase de medidas, porque muchas veces no cuentan con dinero suficiente ni siquiera para sostener a sus familias, y el mantener a una persona para que cuide de ellas se vuelve una carga, pues no es una opción dejar a estos elementos de seguridad a su suerte, pues como seres humanos hay que tomarlos en cuenta.

Rivero Ortiz añadió que las autoridades parecieran exigir a los elementos designados para protección que además realicen trabajos de inteligencia y fiscalización, más que de protección, lo cual provoca que las defensora sientan desconfianza hacia estos elementos que reportan todo lo que hacen las cauteladas y envían reportes continuos sobre ellas.

Al intervenir en el conversatorio, la defensora comunitaria Dora Leticia Montaño Mota consideró que el proceso de implementación de las medidas “parece más un proceso judicial”. Expuso que son revictimizadas constantemente, pues las hacen recordar con frecuencia los sucesos violentos de los que fueron objeto, y esto les significa un desgaste emocional terrible, ya que les es muy difícil rememorar las agresiones sufridas.

Montaño Mota manifestó que uno de los puntos más frustrantes de la implementación de las medidas cautelares es que el Estado no les ofrece alternativas para salir de sus comunidades de origen, además de que, durante los procesos judiciales y las mesas de atención a sus medidas, se ven forzadas a continuar conviviendo con sus agresores en esas comunidades, pese al riesgo que esa convivencia representa.

Las cinco defensoras comunitarias participantes en el conversatorio exigieron que el gobierno estatal asuma un compromiso real al efectuar las medidas cautelares, y sostuvieron que no sólo exigen garantías de seguridad sino que su petición es por justicia, porque esa es la única garantía real de protección.