En Oaxaca ser desplazado triqui se ha convertido un modus vivendi, un negocio particular para algunos grupos que abusando de su condición de vulnerabilidad, presionan, y extorsionan a las autoridades del gobierno de Oaxaca para obtener beneficios personales y de grupo.

Según un informe del gobierno de Oaxaca, entregado a Roberto Campa Ciprian Subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación (SEGOB), los grupos de desplazados triquis han sido sobre atendido, ya que reciben ayudas y apoyos económicos por encima de la norma general y aun así se queja de desatención oficial.

El informe de gobierno en mención, revela las entregas mensuales y ayudas económicas en efectivo para su manutención para cada uno de los cuatro grupos de desplazados además de apoyos alimenticios, de vestido y vivienda diversos.

Entre la ayuda documentada al grupo triqui se destaca el pago de 220 mil pesos a Lorena Merino por indemnización y 41 mil pesos más de forma mensual por apoyo de manutención general a favor de su clan.

Además de que el gobierno estatal se hace cargo de la renta una vivienda en la Colonia “América” para la representante y un local que implica y un pago mensual total de 16 mil pesos.

También se la otorgado (30 pares de zapatos) uniformes escolares para 40 niños, cobertores, 20 cepillos de dientes y 20 tubos de pasta dental detergente, además de apoyo alimenticio en especie diversos como la entrega de chorizo y tasajo de hebra de primero.

Además de que se les entrega despensas mensuales y semanales y los menores y las mujeres son beneficiarias del gastos médicos.

Otra ayuda datan en la entrega de 2 hectáreas para impulsar un proyecto eco turísticas de truchas, apoyos para adquirir 25 mil pollos y terrenos para sus animales, y contar un temazcal y una capilla.

En su última solicitud de chantaje exigieron hasta la entrega de una casa habitación de dos plantas con jardinera.

En el documento de respuesta de la Subsecretaría de Gobernación en Derechos Humanos al gobierno de Oaxaca, se explica que la obligación del estado Mexicano con los cautelado es solo protegerlos garantizando que obtengan una condición de vida y segura que revierta su estado de vulnerabilidad.

Hace 6 años, cuatro grupos de indígenas triquis, originarios de la comunidad de San Juan Copala fueron desplazados por la violencia generada por grupos hostiles, trasladándose en caravana a la ciudad de Oaxaca para exigir a las autoridades estatales su regreso seguro a sus comunidades de origen.

Su presencia en la capital oaxaqueña en un plantón instalado en el palacio de gobierno causó junto con su condición de vulnerabilidad que fueron beneficiarios de medidas cautelares dictadas por organismos internacionales de derechos humanos.

El gobierno de Oaxaca revela que a los cuatro grupos de desplazados se le ha atendido por igual con los mismos apoyos, sin embargo el clan que lidera Lorena Merino se queja de desatención.

Sin embargo ha sido de los que más apoyo ha recibido por parte de las autoridades del gobierno de Oaxaca.

Su ultimo reclamo verso en la compra de un terreno de 3.6 hectáreas en la comunidad de Reyes Etla donde la dirigente propuso el terreno con un comprador a mondo para exigir un monto de 15 millones de pesos por la adquisición predio a la par que de ceder un millón de pesos para construir casa ejidal del poblado como acuerdo con las autoridades del poblado para permitir el uso del terreno.

Sin embargo el sitio es un solar que no tiene luz, agua y no tiene dominio pleno.

Lorena Merino integrante del grupo de desplazados que se mantiene en los pasillos del Palacio de Gobierno en protesta, desperdicia los apoyos en especie otorgados por las autoridades y chantajea con poner en condición de trauma de guerra a 8 niños indígenas y mujeres que utiliza como vallas humanas y estandartes.

LOS DESPLAZADOS ERAN INVASORES

En la zona triqui, los grupos y autoridades municipales de San Juan Copala rechaza que los desplazados sean originarios de la zona y los acusan de invasores.

El gobierno de Oaxaca a través de su subsecretaria de Derechos Humanos en la Secretaría General de Gobierno, sostiene que ha acatado lo dispuesto en la medida cautelar 197/10 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de 135 indígenas desplazados.

Sin embargo a la fecha ninguna de los grupos ofrece los nombres exactos de los beneficiarios.

ATACAN MUJERES A POLICIAS

En el último ataque que protagonizaron las mujeres indígenas contra la guardia del palacio de Gobierno para exigir una audiencia con el gobernador Gabino Cué, el grupo se dijo agredido y denuncio el robo de un huipil de 3 mil pesos y un celular además de un micrófono, y un equipo bocinas, sin acreditar la propiedad de los referidos utensilios.

TRIQUIS CON ORDENES DE APREHENSION

A la par de que medran y lucran con la ayuda humanitaria del gobierno, los indígena desplazados gozan de impunidad ya que Virgilio Ramírez García, hermano de Basilio Ramírez cuenta con tres órdenes de aprehensión por la comisión de varios delitos, según los expedientes 436/1990/33(I) por los delitos de amenazas, asalto, robo simple, y otros más el 951(DS)1999 por el delito de despojo.

Según Merino hay incumplimiento con lo acordado el pasado 13 de septiembre cuando se firmó una minuta de compromisos para adquirir un predio Santiago Juxtlahuaca, para reubicar a los desplazados.

En tanto, el gobierno de Oaxaca reconoció que cuenta con un plan para reubicar a los indígenas triquis que fueron desplazados del poblado de San Juan Copala, por condiciones de violencia, de los cuales unos 135 cuentan con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Lo único que hace falta es que haya un acuerdo y un entendimiento entre los grupos afirmó el secretario general de Gobierno Alfonso Gómez.

Dijo que hace poco tuvo una reunión con el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Ciprian, para afinar los detalles de la reubicación y adelantó que se tienen dos poblaciones ubicadas una en la zona de la mixteca, una cerca del municipio de Huajuapan de León y otra en zona conurbada de la ciudad de Oaxaca, donde ya se cuenta con los terrenos que servirán de asentamiento a las familias desplazadas.

Precisó que solo se revisa que los polígonos llenen los requisitos legales y urbanísticos, pues se trata de ofrecer las condiciones dignas a las familias para vivir.

Gómez Sandoval afirmó que aún se dialoga con todos los grupos de desplazados, porque persiste el interés de un sector por regresar a su comunidad natal e insisten en manifestarse frente a la sede del palacio de gobierno.

"La gente tiene derecho a manifestarse, pero la atención es muy puntual y por eso la se ha dialogado con ellos y se está en la conformidad, en saber que muy pronto tendrá una solución definitiva ante la imposibilidad que tienen muchos de ellos en regresar seguramente a San Juan Copala", explicó.

El funcionario dijo que en lo que se logra la reubicación de los desplazados, el gobierno de Oaxaca apoya a las familias triquis con la renta de sus viviendas, atención médica y útiles escolares a los niños, además de que se les suministra insumos semanales y mensuales para su bienestar.

Agregó que también se les apoya con la celebración de ferias artesanales para que promuevan sus productos y que de dichas ventas obtengan ingresos propios.

Gómez Sandoval reiteró que en ningún momento el Estado se ha apartado de su compromiso con las victimas de desplazamiento.

"En los últimos años, el gobierno de la República y el gobierno de Oaxaca hemos avanzado de manera importante para hacer efectivo el respeto y la defensa de los derechos humanos de las personas y grupos cautelados, toda vez que es el compromiso del Estado mexicano el cabal cumplimiento a estas recomendaciones", afirmó.

Dijo que de parte de las autoridades locales existe toda la voluntad para continuar haciendo efectivo el derecho de aquellas personas que cuentan con la protección de la CIDH, "a fin de brindarles las garantías de seguridad, atención médica, educación y alimentación, y con ello gozar de una vida saludable".