~~San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- La diputada Zoila José Juan integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido de la de la Revolución Democrática (PRD)  de la LXII Legislatura del Congreso del Estado propuso reformar  la Fracción II y adicionar la Fracción V y VI al artículo 316 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

La propuesta de reforma consiste en que cuando el embarazo sea el resultado de estupro o incesto y la víctima decida ya sea por ella misma o por medio de sus representantes legítimos la expulsión del producto, con intervención médica y dentro de los tres meses, contados a partir de esa violación, este sea legal, explicó José Juan.

La diputada –dijo- que la legislación restrictiva en materia de aborto y la falta de acceso aún en las causales legales, obliga a las mujeres, entre ellas a niñas y adolescentes estupradas a vivir una maternidad impuesta, con todas las responsabilidades que esto contrae o las orilla a recurrir a abortos clandestinos que ponen en riesgo su salud y su vida.

Asimismo, la legisladora del sol azteca manifestó que cuando los servicios de aborto son inaccesibles para las mujeres que los necesitan o cuando las leyes de aborto son restrictivas, los Estados pueden ser responsables a nivel nacional por las violaciones a los derechos humanos de las mujeres. 

“La falta de acceso al aborto legal y seguro es una violación a los derechos reproductivos de las mujeres y tiene un impacto negativo en el ejercicio de sus derechos humanos, sus oportunidades de vida y su futuro”.

Por otra parte, indicó que el acceso efectivo de las mujeres a las causales legales de aborto en el Estado son bastante precarias o nulas, lo cual denota una gran brecha entre la

Ley y el ejercicio efectivo de este derecho. 

“El acceso al aborto depende del lugar de residencia de la mujer y de su estatus socioeconómico, lo cual hace que el acceso al aborto en México sea un tema de justicia social y de discriminación de género”. 

La también Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, expresó que las mujeres pobres, que viven en regiones indígenas, que tienen menos acceso a la educación, tienen nueve veces más probabilidades de tener un aborto inseguro que las mujeres con mayores ingresos económicos, más escolaridad o las mujeres no indígenas. 

Esta situación se agrava aún más  en los casos de las niñas o adolescentes víctimas de  violación o de estupro. Nuestra legislación protege el derecho de las mujeres a acudir a la interrupción legal del embarazo por la causal de violación, pero no por la causal de estupro”, finalizó.