Oaxaca.- El Fiscal General de justicia de Oaxaca, Joaquín Carrillo, aceptó que hay al menos 20 agentes del ministerio público sujetos a investigación, por cometer errores de investigaciones previas, durante las investigaciones por los crímenes de la detenciones reportadas en la revuelta social de 2006.

Precisó que hay cuatro más también bajo investigación y que pertenecían a la fiscalía especial de derechos magisteriales que estaba bajo el control de la  sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que están señalados de falsear y/o ocultar información.

Indicó que la dirección de asuntos internos ya tiene los expedientes bajo su poder para determinar la consignación de los implicados, que podría ser desde una multa hasta  el cese de las funciones, a la par que serían inhabilitados de hacer cargos públicos hasta por 20 años.

¿Qué nos puedes decir de los procedimientos integrados contras los ministerios públicos que estaban al frente de la desaparecida Fiscalía Especial de Delitos Magisteriales que estaba bajo control de la CNTE?

-Que ha procedimientos interno de investigación y una averiguación previa en fase de integración para efecto de poder determinar, responsabilidad contra los implicados, en este caso los agentes del Ministerio Público que han sido señalados.

-Los procesos pueden ser de tipo administrativo y de responsabilidad penal-

¿De cuánto podría implicar la sanción contra los infractores y cuantos agentes del Ministerios Público están calidad de indiciados?

-Son 4 los agentes del Ministerio Público, tres ministerios públicos y un fiscal que están arraigados, además de que investiga a los que estuvieron al frente de la fiscalía los años anteriores-

Carrillo, dijo que tal fiscalía de Delitos Magisteriales integró un total de 192 averiguaciones previas y se ha detectado que en su mayoría estaban mal hechas y con errores de procedimiento para exculpar a los docentes de responsabilidad penal

Hemos revisado y seguimos revisados y hemos encontrado en los expedientes errores de formalidades, y hasta parcialidad en las indagatorias que siempre fueron a fin de evitar que los docentes de la CNTE fueron sujetos de sanción.

El Fiscal General de Justicia Héctor Joaquín Carrillo, reconoció que por dilaciones de la justicia y manipulación de expedientes durante la integración de denuncias integradas por delitos cometidos durante la revuelta del 2006, hay 20 agentes del Ministerio público bajo investigación.