Oaxaca.- Esta mañana, habitantes de la comunidad indígena de  San Dionisio Ocotepec,  entregaron en la delegación de la Procuraduría General de la República en el estado, a los 11 policías estatales, así como sus armas, luego de que una turbamulta de dicha comunidad los retuviera el pasado miércoles.

Entre los cosignados se encuentra  cuatro mujeres y un presunto menor de edad, quienes vestidos de civil y portando sus armas largas, se encontraban en inmediaciones de la comunidad donde pagadores de programas federales entregarían recursos.

El secretario municipal de Ocotepec, César López, indicó que tienen la certeza que los retenidos, quienes se ostentan como policía estatales, intentarían asaltar a los pagadores, pues al ser asegurados se les encontró una libreta con los datos de los pagadores y los números de patrulla que los escoltaban.

Jaciel Vázquez, coordinador de la agencia estatal de investigaciones confirmó que los retenidos son parte del grupo de inteligencia de la policía estatal.

Precisó que desde el momento que se notificó la retención, a la comunidad se trasladó un agente del ministerio público del fuero común, para requerir a los retenidos, pero al representante social le informaron que debido a los usos y costumbres, la asamblea sería quien determinaría su castigo o multa a los retenidos.

Es de precisar que a los retenidos se les aseguró armas largas AR-15, armas cortas, cartuchos útiles, un fajo de papel periódico recortado en forma de billetes y que hacían simular 50 mil pesos, así como credenciales que no coincidían con sus identificaciones oficiales.

Después de casi 36 horas de estar retenidos en la cárcel municipal y en riesgo de ser linchados, la autoridad municipal y la asamblea del pueblo determinaron entregar a las instancias federales a los asegurados, pues indicaron que no confían en las instancias estatales de impartición de justicia.

Los detenidos fueron subidos a varias patrullas de la policía municipal y escoltados por ciudadanos para finalmente ser entregados ante un ministerio público federal, junto con las armas y objetos que podrían probar el presunto intento de asalto a los pagadores de programas federales.

La PGR indagará si las armas que portaban los elementos retenidos son de la corporación estatal a la que están adscritos, y estos podrían alcanzar su liberación de manera inmediata, pero en caso de encontrar un arma que no estén dentro de las licencias policiacas del estado, estos serían consignados.

Será en las próximas horas cuando el ministerio público de la federación resuelva la situación jurídica de  Jorge Alberto Peña Morales, Adilene Aragón Ramírez, Doraida Vicente Gómez, Héctor Díaz Hernández, Darío Díaz Sosa, Rigoberto Álvarez Hernández, Jaciel Amisaid Rivas Pérez, Saulo Martínez, Sofía Pérez Bautista, Juan Carlos Velázquez y Cristian Velázquez Cruz.