En pleno “boom” de las licitaciones por la reforma energética, Pemex enfrenta un escándalo por extorsión a quienes ganan contratos con esa paraestatal.

Recientemente se detectó que la subdirección de desarrollo de negocios de Pemex Exploración y Producción (PEP) en la ciudad de México que está a cargo de Miguel Ángel Maciel Torres, servía como cuartel general para una red de complicidades, —entre los que está involucrado al menos un alto funcionario de la paraestatal — que extorsionaba con cantidades millonarias a quienes ganaban la asignación de un contrato mediante una licitación para dar algún servicio a Petróleos Mexicanos, según investigaciones de autoridades federales a las que tuvo acceso el diario Crónica.

La amenaza era simple pero efectiva: “O pagas 10 millones de pesos y dos camionetas del año o te impugnan la licitación y pierdes el contrato…”.

Ésa fue la advertencia que recibió a finales de mayo de este año un empresario de Campeche, justo unas horas antes de que se diera a conocer el fallo de la licitación 18575107-503-15 para Servicios de Alimentación y Hotelería a bordo de Plataformas habitacionales en la Sonda de Campeche, concurso en el que participaba y que al final si ganó.

De acuerdo con la nota del periódico Crónica, el empresario, “Juan N” —cuyo nombre real se omite por razones de seguridad—, recibió la llamada telefónica de una persona que hablaba presuntamente de parte de un alto funcionario de Pemex, según las investigaciones que realiza la Unidad de Responsabilidades de Pemex, la PGR y la Secretaría de la Función Pública.

Le dijeron que le ayudarían a ganar la licitación en la que participaba e incluso frenarían cualquier tipo de impugnación a la asignación por parte de otros competidores para que “no se le cayera”, pero a cambio tenía que pagar 10 millones de pesos en efectivo junto con dos  camionetas, una Silverado y una Terrain, ambas 2015.

“Juan N” dudó y hasta confrontó al presunto extorsionador. Para demostrar que hablaban en serio, le enviaron una fotografía por Whats App presumiblemente de la pantalla del sistema interno de Pemex con los datos del contrato de referencia incluso minutos antes de que se celebrara el Acto de Fallo para la asignación en la que participaba.

El empresario comprobó que hablaban en serio y  sobre todo que había una red de complicidades al interior de Pemex que respaldaba estas acciones.

“Es normal que tengas desconfianza y dudas pero siempre se ha manejado así…”, le advirtió al empresario, Cuauhtémoc Zapata Peñasco, quien en efecto, tenía una oficina en el piso 7 del edificio de Pemex ubicado en Presidente Masarik 111, en Polanco, en el área de desarrollo de negocios de Pemex Exploración y Producción (PEP). “Soy asesor del asesor legal”, le dijo.

Crónica tuvo acceso a las investigaciones que realizan la Unidad de Responsabilidades de Pemex a cargo de Luis Rosas, la Secretaría de la Función Pública y la PGR a través de la causa penal 55/2015 que ya derivaron en tres detenidos que están en el Reclusorio Sur, uno de ellos, justamente Cuauhtémoc Zapata Peñasco, a quien se le indaga por presuntos nexos con Miguel Ángel Maciel Torres, encargado del despacho de la subdirección de desarrollo de negocios de Pemex Exploración y Producción (PEP), con apenas poco más de un mes en ese cargo.

En tanto que Maciel Torres, alto funcionario de Pemex, está sujeto a investigación luego de que Zapata Peñasco, garantizara al empresario extorsionado, que toda saldría bien, pues su “jefe” estaba al tanto de todo ello y hasta le dio un número de empleado.

“Si quieres te doy el número de mi jefe, 190699 que es la de él”, le dijo.

“El mío es 594891, si quieres checarlo, adelante eh?”, le ofrece al empresario para generarle confianza de que en realidad son funcionarios de Pemex.

 Y en efecto, el número 190699 pertenece a Miguel Ángel Maciel Torres, encargado del despacho de la subdirección de desarrollo de negocios de Pemex Exploración y Producción (PEP), por lo cual las autoridades ya proceden a deslindar responsabilidades.

El número 594891 también es de Cuauhtémoc Zapata Peñasco, pero como empleado transitorio sindicalizado, es decir, que no siempre tiene contrato.

De hecho en la actualidad no tenía  un contrato vigente. La última vez que tuvo contrato con Pemex fue del 1 al 3 de diciembre del 2014, según la ficha del contrato laboral de Zapata Peñasco.

Sin embargo, extrañamente contaba con una oficina permanente en las instalaciones de Pemex,  una computadora incluida y sobre todo acceso a las instalaciones de la paraestatal, siempre consideradas estratégicas donde no cualquier persona tiene acceso.

De acuerdo con las investigaciones, Zapata Peñasco conoce a Maciel Torres desde que éste era Gerente en la subdirección de Desarrollo de Campos adscrito a Campeche.

Los otros dos supuestos integrantes de esta red de extorsionadores son Román Higinio Trespalacios Cuevas y Jesús Emmanuel Castillo Lara, quienes fueron detenidos junto con Zapata Peñasco en un operativo conjunto de la unidad de Responsabilidades de Pemex, PGR y la Secretaría de la Función Pública cuando cobraban los 10 millones de pesos pactados por la presunta “ayuda” para que el empresario ganara la licitación y sobre todo “no se la impugnaran” y la perdiera. Los tres sujetos están en el Reclusorio Sur.

Las autoridades también tomaron posesión del equipo de cómputo de Zapata Peñasco, que utilizaba en sus oficinas de Pemex para indagar si contiene información sobre esta supuesta red de extorsión que utilizaba instalaciones de Pemex.

Paralelo a ello, la Unidad de Responsabilidades de Pemex también investiga la presunta colusión de más servidores públicos a fin de identificar a quienes pudieron haber accedido al sistema interno de Pemex que contiene lo relativo a los fallos de las licitaciones, cuya pantalla fue enviada como imagen al empresario extorsionado, con objeto de intimidarlo y “convencerlo” para que pagara los 10 millones de pesos solicitados.

Subutilizada infraestructura de Pemex

El descenso en la producción petrolera mexicana ya propició una subutilización de los ductos de Pemex de hasta 46 por ciento.

De acuerdo con el análisis que realizó la Comisión Reguladora de Energía (CRE) sobre la infraestructura para transportar y almacenar hidrocarburos, la empresa tiene capacidad ociosa entre 22 y 46 por ciento, según se informa en otra nota del periódico Reforma.

El caso más agudo, con 46 por ciento de subutilización, se localiza en la región norte, donde se encuentran los yacimientos petroleros de Chicontepec.

En segundo lugar están las regiones marinas, donde hay disponibilidad de los ductos de hasta 36 por ciento de la capacidad de transporte.

En Burgos, ubicado en el norte de Veracruz --que no incluye Chicontepec-- y la región sur, la capacidad ociosa oscila entre 22 y 25 por ciento.

La Comisión destacó que esta capacidad de transporte puede ser utilizada por las empresas que resulten ganadoras de la Ronda Uno petrolera, así como de las asignaciones que se otorguen directamente.

"Es importante señalar que, en su mayoría, los bloques a asignar se encuentran conectados a la red de flujo de hidrocarburos de Pemex", detalló en su documento.

No obstante, esto no aplica para las zonas de aguas profundas.

En ese caso, aún no hay infraestructura ni de transporte ni de almacenamiento cercana para las áreas y bloques que se van a asignar tanto en la zona de Perdido (frente a las costas de Tamaulipas) como en la zona del sur.

"Probablemente resulte más económico y viable para estos campos que el transporte y almacenamiento se realice a través de buquetanques", definió la dependencia.

No obstante, sí se realizó un análisis de cuánto costaría realizar ambas actividades.

En su análisis, la CRE dijo que en Perdido, los yacimientos están a 250 kilómetros de la costa, mientras que en los campos del sur, las distancias son de entre 100 y 200 kilómetros, respectivamente.

Esto implicaría que entre ambos campos se requeriría una infraestructura de entre 350 y 470 kilómetros, dependiendo el punto de recepción.

"Los costos de inversión asociados al desarrollo de infraestructura en estos campos se estiman en 2.36 millones de dólares por kilómetro, con un diámetro de 36 pulgadas; por lo tanto, el costo de desarrollar una infraestructura de 470 kilómetros es de mil 109 millones de dólares con una vida útil de 30 años", dice el documento.

Anualmente, el costo de los equipos y ductos sería de mil 181 millones de pesos, mientras que por la regulación que pretende emitir la CRE se estimó un beneficio de 9 mil 171 millones de pesos.