Primero la PGR y la unidad antilavado de Hacienda investigaron a allegados de Marcelo Ebrard. Ahora, el SAT va contra los hermanos del ex Jefe de Gobierno.

De acuerdo con una nota del periódico Reforma, la Secretaría de Hacienda inició auditorías a cuatro hermanos, dos ex esposas y una cuñada de Ebrard para comprobar sus declaraciones fiscales de 2013 a la fecha.

Según información oficial, el SAT investiga si cumplieron, entre otras contribuciones, con el pago del Impuesto Sobre la Renta.

El 18 de febrero iniciaron las auditorías fiscales contra Fabián Jorge y Eugenio José; el 14 de mayo el SAT empezó a indagar a Alberto Fernando y el 17 de junio a Enrique Camilo Ebrard.

Los auditores también empezaron a revisar las contabilidades de Francesca Lacy Ramos Morgan y Mariagna Prats, ex esposas de Marcelo Ebrard, así como de su cuñada Carolina Zamudio, esposa de Enrique.

Dichas revisiones iniciaron el 23 de abril y el 8 de mayo, según los oficios 500-05-2015-1649 y 1680, a los que se tuvo acceso.

Los citatorios fueron enviados por la Administración Central de Planeación Estratégica.

Denuncian abusos durante interrogatorio

Alejandro Israel Herrera Lamadrid, socio propietario de la casa que renta Marcelo Ebrard, solicitó a un juez federal cancelar el interrogatorio donde la PGR le ofreció ser testigo protegido en la investigación por lavado de dinero contra allegados al ex Jefe de Gobierno del DF.

El empresario pidió al Juzgado Tercero de Distrito en Amparo Penal del DF anular sus declaraciones rendidas el pasado 28 de mayo, porque en ella los fiscales de la PGR le violentaron sus derechos humanos y garantías individuales.

"Me fue tomada (la declaración) violentando flagrantemente mis derechos humanos y garantías individuales y sin que la autoridad ministerial cumpliera cabalmente con las formalidades del procedimiento", dijo Herrera en la demanda de amparo 505/2015.

Herrera es socio de la Constructora Enalser, empresa que renta una casa a Ebrard en la Colonia Roma.

La tarde del 28 de mayo, el empresario fue retenido y llevado a declarar por la fuerza ante la Procuraduría, con base en una orden de localización y presentación girada en la averiguación previa SEIDF/CGI/013/2015.

El interrogatorio que Herrera pide cancelar vía amparo, se llevó a cabo en la Coordinación General de Investigación, organismo adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.

Según el testimonio que el empresario presentó en su amparo, entre otras ilegalidades, la PGR lo amenazó con detenerlo, de cambiar el sentido de las preguntas y de requerirlo como testigo e interrogarlo como indiciado.

De acuerdo con documentos judiciales a los que el diario Reforma ha tenido acceso, en la diligencia el empresario recibió la oferta de convertirse en testigo colaborador, la cual no aceptó, según su dicho incluido en la demanda de amparo.

En el interrogatorio la PGR le pidió responder preguntas sobre el círculo de amistades, familiares, socios y empresas de Enrique Ebrard Casaubón, empresario inmobiliario hermano del ex Jefe de Gobierno.

El órgano jurisdiccional resolvió que la declaración ministerial no constituye un acto o agravio que deba reclamarse a la autoridad, sino una circunstancia que es parte de los hechos que se indagan.

Sin embargo, de acuerdo con información judicial, el Herrera presentó una queja contra dicha resolución, con el propósito de que un tribunal colegiado determine la aceptación de su reclamo.

En su amparo, Herrera también pidió al juzgado impedir la integración a sus espaldas de esta investigación, suspender cualquier orden de localización y presentación o arraigo en su contra.

El juez negó la suspensión definitiva, porque no existen de momento esas órdenes en su contra.

PAN se sumaría la propuesta de investigar a Ebrard

Senadores y diputados de la Primera Comisión de la Permanente prevén discutir la próxima semana un punto de acuerdo para solicitar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Procuraduría General de la República (PGR), que aceleren las indagatorias contra Marcelo Ebrard Casaubón, por el presunto uso de recursos de origen ilícito, en la adquisición de un inmueble en la Ciudad de México.

En la última reunión ordinaria de la Permanente del Congreso fue turnado a la citada comisión la solicitud suscrita por el grupo parlamentario del PRI, en la que se señala que existen indicios que apuntan a un fuerte conflicto de interés y otros probables delitos de orden federal, en el que se encontraría involucrado el ex Jefe de Gobierno, por irregularidades en el arrendamiento y venta del predio ubicado en la Colonia Roma.

Según otra nota del diario 24 Horas, los legisladores del tricolor recordaron que Marcelo Ebrard es acusado por su presunta participación en la venta irregular de un predio ubicado en Plaza Río de Janeiro en la Delegación Cuauhtémoc, a la constructora Enalser, la cual tiene como uno de sus socios al hermano del ex mandatario capitalino.

El predio, se vendió a la constructora en un millón 064 Mil Pesos, cuando estaba valuado en 33 millones, y en él se construyó un edificio que actualmente renta el ex jefe de gobierno capitalino por 80 mil pesos mensuales.

En ese contexto, los legisladores priistas afirmaron que independientemente de lo que estén haciendo las autoridades del Distrito Federal respecto al caso, es preciso que las dependencias federales aceleren y presenten sus propias investigaciones.

Por ello, buscarán que se solicite a la SHCP y a la PGR, realizar y agilizar las indagatorias contra Marcelo Ebrard, mientras que instarán a la Contraloría General del Distrito Federal acelerar la investigación que se encuentra en proceso y revisar los contratos de compraventa y arrendamiento de inmuebles en los que haya participado Marcelo Ebrard, durante los últimos cinco años.

Ante la solicitud emitida por el PRI para acelerar las investigaciones contra Marcelo Ebrard, la bancada de Acción Nacional afirmó que respaldará el punto de acuerdo para que este caso no quede impune, siempre y cuando no se esté promoviendo con fines políticos.

La integrante de la Comisión Permanente y secretaria de la Comisión del Distrito Federal, Mariana Gómez del Campo, afirmó en entrevista con el diario 24 Horas, que su partido exigirá justicia ante este y otros casos de posible corrupción, pero no participará en ninguna “cacería de brujas”.

“Siempre exigimos desde Acción Nacional que se haga justicia pero que no sea solo un tema político, que sea un tema de justicia. Nosotros estamos a favor de que se investigue lo que se tenga que investigar, siempre que haya elementos. El ex jefe de gobierno si no tiene nada que ocultar seguramente responderá, entonces lo que exigimos es que se haga justicia que no sea un tema político”, declaró.

En ese sentido consideró que también se deberá exigir una vez más el avance de las indagatorias sobre la construcción de la Línea 12 del Metro, tema del que dijo se lleva casi un año reclamando esclarecimiento y deslinde de responsabilidades.