El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la implementación de la reforma educativa es una obligación constitucional que no tiene “marcha atrás”, a pesar de la resistencia de unas minorías.

En tanto, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Fernando Franco González-Salas propuso al iniciar la discusión de decenas de peticiones de amparo planteadas por maestros de varias entidades del país, declarar constitucionales dos artículos de la Ley General del Servicio Profesional Docente, y dos de sus artículos transitorios, en particular el tema que corresponde a la evaluación obligatoria de los maestros y sus consecuencias jurídicas.

Al participar en el XVI Encuentro Internacional Virtual Educa 2015, en Guadalajara, Peña Nieto dijo que la reforma educativa “no tendrá marcha atrás porque es una obligación constitucional”.

Ante educadores del continente, el mandatario aludió a la aplicación este fin de semana de la evaluación a más de 39 mil maestros que buscan una promoción con base en sus méritos.

“Se trata de un cambio de paradigma que enfrenta resistencia de unas minorías”, apuntó tras destacar que el nuevo modelo educativo beneficia a maestros y a alumnos.

La evaluación a los maestros se aplicó en 30 estados, salvo Oaxaca y Michoacán, donde fue suspendido por las protestas de miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que se oponen a la reforma y a los exámenes a los docentes.

De acuerdo con una nota del periódico 24 Horas, Peña Nieto indicó que México ha puesto en marcha transformaciones importantes para que la educación de calidad y la innovación sea un nuevo motor de desarrollo y progreso.

“Concretamos una reforma educativa de gran calado que tiene como prioridad lograr que todos los niños y jóvenes reciban una educación de calidad”, afirmó tras recordar este fue el primero de los cambios constitucionales planteados por su gobierno en diciembre de 2012.

Las reformas han facilitado el acceso a las tecnologías de la comunicación mediante la creación de más de 100 mil sitios de acceso a internet para este fin de año y la entrega de 950 mil tabletas a los alumnos de quinto año de seis estados del país.

“A la fecha se han entregado casi 950.000 equipos a alumnos de 6 de las 32 entidades que tenemos en México”, dijo el Presidente, quien anunció que en el próximo ciclo escolar se dará este beneficio a unos 950 mil estudiantes más.

En lo que va del mandato, añadió, la inversión en ciencia y tecnología ha aumentado un 32%.

“Estas acciones en su conjunto permitirán a nuestro país avanzar hacia una verdadera sociedad del conocimiento en la que todos los mexicanos tengan acceso a las tecnologías y conocimientos necesarios para desarrollar su potencial”, destacó.

La evaluación docente es un punto clave de la reforma educativa promulgada en febrero de 2013 y, según sus promotores, con ella se busca elegir a los profesores mejor calificados para promoverlos a cargos más altos o para que permanezcan en labores de enseñanza.

Sin embargo, pese a que la Secretaría de Educación Pública (SEP), encargada de la supervisión de las pruebas, reportó 82.7% de participación en los exámenes, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de las entidades de Chiapas, Oaxaca y Michoacán no asistieron al proceso.

La CNTE ha mantenido una lucha constante contra la reforma educativa, en específico contra la evaluación docente, que considera “punitiva” y contraria a los derechos laborales del magisterio.

Incluso, ha realizado acciones de protesta en la capital del país para negociar sus demandas con las autoridades federales, sin tener resultados concretos hasta la fecha.

Corte dará aval a evaluación docente

Funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultados ayer por La Jornada indicaron que al menos seis de los 11 ministros votarán en favor de la constitucionalidad de la ley secundaria que derivó de la llamada reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto.

Los amparos alegan violaciones al derecho de audiencia previa, no aplicación retroactiva de la ley y negación de la libertad de trabajo, previstos en la Constitución, y para negarlos o concederlos sólo se requiere mayoría simple de seis de los 11 ministros.

Los artículos 52 y 53 de la ley impugnada por un grupo de integrantes de una corriente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación (SNTE), así como su octavo y noveno transitorios, detallan las reglas de evaluación para la permanencia en el servicio docente, tanto de maestros que ya tenían nombramientos antes de la reforma de septiembre de 2013, como para los de nuevo ingreso.

Según otra nota del periódico La Jornada, el alegato más fuerte planteado por los abogados de los docentes que integran el denominado Comité Ejecutivo Nacional Democrático (CEND) refiere que los artículos cuestionados sujetan su permanencia en el empleo a una evaluación obligatoria, lo que de acuerdo con los quejosos, es contrario al derecho a la estabilidad laboral de los burócratas que contiene el artículo 123 de la Constitución y diversos tratados internacionales.

Otro argumento planteado por los abogados de los maestros refiere que deberían ser regulados exclusivamente por normas de carácter laboral, contenidas en el mismo artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo.

La propuesta que planteó Fernando Franco a sus compañeros durante la sesión pública de este lunes –cuya discusión es probable que se prolongue a los días martes y jueves de esta semana, en que se reúne el pleno de ministros– apenas avanzó ayer en temas de técnica jurídica, entre ellos el de legitimación (interés jurídico de los maestros quejosos) y competencia de la Corte para conocer del asunto.

En la sesión de este martes, los 11 ministros discutirán si coinciden con los argumentos de fondo vertidos por Fernando Franco en su proyecto de resolución o si se inclinan por amparar a los docentes, lo que se ve poco probable, de acuerdo con las fuentes consultadas.

De inicio, el ministro Fernando Franco –quien coordinó a la comisión de secretarios que durante más de un año preparó los proyectos de sentencia– dijo que desde su punto de vista no son inconstitucionales los artículos impugnados, debido a que la reforma al artículo tercero de la Constitución creó una excepción para las relaciones laborales del personal docente al servicio del Estado.

Al dar lectura a su proyecto, Franco destacó que “el hecho de que la ley prevea la evaluación obligatoria para los docentes que a la fecha de la entrada en vigor de dicha ley contaran con nombramiento definitivo, así como la consecuencia de ser readscritos para continuar en otras tareas distintas a la función docente, en caso de no obtener un resultado favorable en la tercera evaluación, no resulta inconstitucional, sino que, por el contrario, encuentra su base en la obligación de contar con un sistema educativo de calidad, en términos de lo previsto en el artículo tercero constitucional”.

Y agregó que “si bien se prevé que para los docentes que tuvieran nombramiento provisional la consecuencia de ser evaluados desfavorablemente será la separación del servicio, ello es congruente con la intención de lograr un sistema educativo de calidad, lo cual constituye un derecho humano de los educandos que debe privilegiarse frente a los derechos laborales de docentes que ni siquiera contaban con un nombramiento definitivo”.

Mientras se realizaba el primer día de discusión de los amparos contra la reforma educativa, un grupo de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE protestaron afuera de las instalaciones de la SCJN.

Los quejosos interpusieron los 26 demandas de amparos colectivos y durante la protesta reprocharon el hecho de que después de 18 meses hasta hoy son discutidos los expedientes.

Padres de familia exigen a la SEP sancionar a maestros

Consuelo Mendoza García, presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), advirtió la urgente necesidad de que la autoridad educativa, “de una vez por todas tome cartas en el asunto y haga valer la ley de educación”.

“Nos alegramos de que finalmente se haya realizado esta evaluación magisterial pero lamentamos que no haya sido en todas las entidades porque no se crea un “piso parejo” para todos los profesores y mientras muchos se esfuerzan por cumplir con lo establecido en la ley otros se burlan de ella y desafían a la autoridad”, externó según otra nota del diario Crónica.

Sin embargo “no podemos —aseveró—, seguir a capricho de un sector que lejos de aportar y sumar por la mejora de la educación en México, amenaza e incluso se burla de la autoridad educativa”.

Luego de que este fin de semana, se llevó a cabo la evaluación para promoción de plazas del magisterio nacional de educación básica, Mendoza García reprobó que 17.3 por ciento de los profesores mexicanos no hayan tenido acceso a la promoción de dirección, supervisión y asesores técnico pedagógicos.

Los principales afectados son los propios profesores que pierden la oportunidad de mejorar y los alumnos que tienen el derecho de contar con profesores mejor preparados.

Es indignante, subrayó, ver que este sector de profesores –aunque no se refirió directamente a los mentores del magisterio disidente integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, afecta a millones de niños que no pueden recibir instrucción.

Además, abundó, dañan la movilidad de varias ciudades, afectan a los comerciantes de éstas, muchas veces generan violencia y vandalismo a su paso, retan a la autoridad y contrario a tomar acciones y sancionarlos, “se les premia” pagando íntegro su sueldo.