Candidatos a gobernador que resultaron ganadores en el pasado proceso electoral del 7 de junio tienen abiertas averiguaciones previas en su contra ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Según una nota del periódico El Financiero, se trata de candidatos de las principales fuerzas políticas del país (PRI, PAN y PRD) quienes enfrentan cargos no sólo por delitos electorales, pues en algunos casos se relacionan con la mala administración de los recursos del Estado o lavado de dinero.

Destaca el caso de los gobernadores electos panistas Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur, y Francisco Domínguez Servién, de Querétaro, quienes fueron denunciados en la PGR por presunto lavado de dinero. Esto luego de que se dio a conocer una grabación en la que ambos hablan de la recepción de recursos económicos para sus respectivas campañas por parte de un sujeto al que identificaron como el Cros.

La grabación alude a la recepción de “seis kilos” mensuales durante cinco meses de la campaña, frase que la dirigencia del PRI interpretó como que se trataba de seis millones de pesos o dólares de dudosa procedencia.

Al queretano Domínguez Servién también lo investiga la Comisión Nacional de Derechos Humanos por acoso sexual y amenazas contra la joven edecán Norma Jackeline González Encinas, con quien sostuvo una relación.

En tanto, Carlos Mendoza Davis ha sido señalado en varios medios de comunicación por la detención de uno de sus parientes políticos a quien se le vinculó con el Cártel Arellano Félix.

Se trata de Avelino Montoya Saracho, capturado el 11 de septiembre de 2014 con un cargamento de 6.6 toneladas de marihuana que presuntamente introdujo desde México a en San Diego, California, Estados Unidos. El 27 de octubre y tras hacerse público el caso, el ahora gobernador electo reconoció que su esposa Gabriela Velázquez Dipp es cuñada de Avelino Montoya Saracho, pues este sujeto está casado con su hermana Valeria.

Sin embargo, negó tener cualquier tipo de relación comercial o criminal con Avelino Montoya Saracho, quien enfrenta cargos en una Corte de San Diego, en Estados Unidos, con base en los expedientes penal 14-MJ-3175-NLS y migratorio 14-CR-2915-BEN.

Hasta el momento no se ha hecho pública ninguna investigación de la DEA o de las autoridades mexicanas en contra del panista Carlos Mendoza Davis.

Desvía recursos de empleados municipales al PRI

En pleno proceso electoral federal, el Ayuntamiento de Torreón desvió hacia el PRI Coahuila millones de pesos que descontó de los salarios de empleados municipales, de acuerdo con una investigación del Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con otra nota del periódico Reforma, estos descuentos llegaron a representar hasta 31 por ciento del salario que reciben los empleados con las remuneraciones más bajas y 6 por ciento de los que reciben los mayores sueldos.

"Las constancias que nos traen firmadas dicen que todos voluntariamente cedieron el 3.5 por ciento de su ingreso, pero la comprobación del propio Ayuntamiento nos dice que una persona que tiene un ingreso de 956 pesos a la quincena, se le están reteniendo 287 pesos, 31 por ciento", señaló el consejero Ciro Murayama durante la sesión del Consejo General del INE celebrada ayer según se informa en una nota del periódico Reforma.

El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, argumentó ante el INE que los descuentos se hicieron por petición expresa de sus empleados; sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación consideró que las retenciones sólo pueden hacerse por causas justificadas en las leyes.

El INE documentó transferencias por 1 millón 148 mil 359 pesos desde cuentas del Ayuntamiento de Torreón hacia una cuenta de la Fundación Colosio del PRI, entidad que posteriormente transfirió ese recurso a una cuenta del PRI Coahuila.

Sin embargo, esta suma aplica únicamente para las transferencias hechas entre enero y abril de 2014, aunque el INE acreditó que los descuentos siguieron efectuándose al menos hasta noviembre del año pasado, cuando ya había iniciado el proceso electoral federal.

La primera vez que el asunto llegó a la Comisión de Quejas, las consejeras Beatriz Galindo y Adriana Favela votaron por no castigar este mecanismo de financiamiento y llegaron a equiparar estos descuentos con los que se hacen para las aportaciones a sus fondos de retiro.

Sin embargo, la Sala Superior del Tribunal les corrigió la plana y el 18 de diciembre de 2014 ordenó que se dictaran medidas cautelares para que el Ayuntamiento de Torreón dejara de aplicar los descuentos.

El senador Luis Fernando Salazar, uno de los legisladores del PAN que presentaron la denuncia por las transferencias, celebró ayer el acuerdo del INE, de no dejar en manos de la autoridad electoral local su investigación.

"Una ventaja y un logro es que el caso se lo quitaron al Instituto Electoral de Coahuila -IEPCC- que ya iba a resolver y ahora lo va a resolver el INE", indicó.