A pesar de las movilizaciones magisteriales en Oaxaca y Guerrero, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, se manifestó en contra de ‘‘militarizar’’ las elecciones.

De acuerdo con una nota del diario La Jornada, el representante del INE reconoció que a partir del caso Ayotzinapa, por primera vez ‘‘han abanderado la amenaza de interrumpir o de impedir las elecciones; eso es un fenómeno que nunca antes habíamos enfrentado y ha obligado a trabajar en condiciones adversas’’.

Ante visitantes extranjeros que observarán la elección, Córdova dijo: ‘‘Hemos tenido que suspender operaciones de la organización electoral en tanto se relaja el clima de eventual violencia que puede en algún momento haberse desatado como producto de una realidad en la que desafortunadamente vive nuestro país; es decir, el clima de inseguridad’’.

Por otro lado el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Constancio Carrasco, sostuvo que estos días se han podido atestiguar manifestaciones públicas y protestas sociales que ‘‘han rebasado los márgenes permisibles en una sociedad democrática’’, aun cuando se considerara que sus reclamos son legítimos.

Señaló que se han podido ver también hechos de violencia que en algunos casos han trascendido a los candidatos, por lo que llamó a todos los actores a conducirse a través de un diálogo plural.

Por su parte, Córdova indicó: ‘‘No hemos solicitado el auxilio de la fuerza pública, porque hemos considerado que no es conveniente militarizar las elecciones. Esto nos ha complejizado (sic) el trabajo de campo, pero no lo ha impedido. A tres días de la elección, el INE está listo para instalar la casi totalidad de las 149 mil casillas’’, con excepción de cuatro.

Entre tanto, las juntas distritales de Oaxaca continúan cerradas a cuatro días de la elección, confirmó el consejero Marco Antonio Baños; sin embargo, señaló que ‘‘se pudo rescatar la mayor parte de los paquetes electorales’’.

Indicó que hasta el momento se han distribuido entre los funcionarios de casilla de esa entidad alrededor de 20 por ciento, aunque a escala nacional el promedio oscila en 40.

Baños explicó que hay tiempo suficiente para garantizar los comicios. Indicó que el acuerdo del Consejo General, que faculta a la junta local y distritales a mover las sedes, está orientado a agilizar procesos en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas.

El consejero Arturo Sánchez destacó a su vez que la preocupación ahora es que la distribución sea a tiempo para instalar todas las casillas, pero ‘‘donde no se puede pues no se puede’’.

Dijo que hasta el sábado se realizarán los esfuerzos de distribución de los paquetes sin poner en riesgo que se pierdan, lo cual es fundamental porque habrá un momento en que no podrán reimprimirse boletas.

Señaló que en Oaxaca ya están buscando la forma de reubicar las sedes de las juntas distritales, pero no es tan fácil dado el contexto de destrucción que ha habido de las sedes del INE.

A su vez, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto, señaló que en aquellas entidades donde se ha destruido paquetería electoral se han iniciado las averiguaciones correspondientes. Subrayó que la destrucción de material está contemplado como delito electoral, además de aquellas acciones tendientes a ‘‘obstaculizar o interferir el proceso’’.

Expresó que ya se han enviado a esas entidades (Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Puebla) agentes del Ministerio Público para que realicen las diligencias correspondientes y se consigne a las personas involucradas. Por otro lado, en Baja California Sur, los reportes indican que el huracán Blanca entrará ‘‘muy degradado’’ a Los Cabos, el próximo domingo a las 14 horas, por lo que no se contempla suspender las elecciones.

A su vez, el consejero electoral Ciro Murayama llamó a los actores políticos a que, en caso de resultados muy cerrados, no incurran en la irresponsabilidad de anunciarse como vencedores de la contienda con base en encuestas de salida.

A decir de Murayama Rendón una encuesta de salida o “exit poll” no es segura porque a quien se le aplica puede decir que votó por un partido y en realidad lo hizo por otro, lo que es muy diferente al caso del Conteo Rápido que sí es confiable.

En el caso de las “exit poll” explicó que las casas encuestadores van a distintas casillas y cuando las personas van saliendo les preguntan por quién voto, les dan una boleta simulada que cruzan y la meten también a una mochila con forma de urna simulada.

A partir de ahí el encuestador va contando los votos y los reporta cada cierto tiempo. Así se agregan los resultados y se hacen proyecciones, pero puede haber ciudadanos que digan que votaron por un partido y en realidad su decisión fue distinta.

Según otra nota del periódico Excélsior, el consejero detalló que cuando cierra la jornada y se levanta la veda para dar a conocer sondeos, encuestas y demás, en ocasiones algunos medios de comunicación dan a conocer los resultados de ese ejercicio, lo que no debe ser considerado un conteo rápido.

Se multiplicaron quejas y denuncias

Derivado de la reforma política, que cambió el modelo de justicia electoral, durante las campañas para la elección de diputados federales, las quejas ante el Instituto Nacional Electoral, las denuncias ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y las impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aumentaron más del doble en comparación con los comicios intermedios de 2009.

A dos días de las elecciones del 7 de junio, el Instituto Nacional Electoral reporta que se han presentado 526 denuncias ante la Comisión de Quejas y Denuncias, de las cuales 398 son Procedimientos Especiales Sancionadores, es decir, que se resuelven en el curso de la elección y 128 Procesos Ordinarios.

En contraste, en la última elección intermedia para renovar la Cámara de Diputados (2009), se presentaron en total 468 denuncias. El aumento en el presente proceso electoral se debe a la creación de nuevas leyes de Delitos Electorales, Partidos Políticos y General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las cuales dotaron de más facultades al INE para investigar y sancionar a los partidos y candidatos.

Ante ello, se creó la Unidad Técnica de la Contencioso Electoral, la cual se encarga de apoyar a la Comisión de Quejas para investigar las denuncias y elaborar dictámenes en cuanto a procesos, principalmente, de violaciones al artículo 134 constitucional que regula el modelo de comunicación política.

De acuerdo con otra nota del diario 24 Horas, el desglose del INE señala que de las 398 denuncias mediante la vía del Procedimiento Especial Sancionador, el mayor número, 138, fueron por uso indebido de pauta de estos tiempos en radio y televisión.

Por colocar propaganda fuera de su distrito, municipio o estado de competencia se iniciaron 102 procesos especiales sancionadores;  81 por presuntas calumnias; 49 por compra, contratación o beneficio obtenido a través de tiempo en radio y televisión y 28 denuncias por actos anticipados de campaña y precampaña.

En procesos ordinarios, es decir, que el INE halló la probable comisión de un delito y realiza las diligencias, están abiertas todavía 128 quejas que serán desahogadas tras la votación del 7 de junio.

En su último reporte, la Comisión de Quejas indica que también realizó 327 solicitudes de medidas cautelares; ordenó suspender 50 spots de tv y radio y sesionó en 104 ocasiones.

La Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales es una de las instituciones encargadas de la impartición de justicia electoral que más participación tuvo en el proceso electoral que culminará con la jornada electoral del próximo domingo.

Por la probable comisión de diversos delitos, en lo que va de 2015, la Fiscalía inició mil 207 averiguaciones previas, de las cuales 307 terminaron en consignaciones ante la autoridad judicial.

De acuerdo con Santiago Nieto Castillo, titular de la Fepade, prácticamente el trabajo de la instancia se triplicó respecto a otros años electorales debido a las nuevas reglas que dotan de mayores atribuciones a la Fepade y endurecen los castigos a quienes violen las leyes electorales.

En promedio, dijo el fiscal durante un taller para periodistas, en años con elecciones intermedia e incluso presidenciales se presentaban 400 denuncias, lo cual se triplicó en esta elección, donde alcanzó más de mil 200.

Entre los delitos más denunciados se encuentra el cambio atípico de domicilio o turismo electoral así como la presunta compra o coacción del voto.

Además, durante la elección se lograron 17 sentencias condenatorias, se giraron 70 órdenes de aprehensión y 400 actas circunstanciadas.