El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, consideró que es lamentable que se “desdibuje” la reforma educativa con la suspensión indefinida de la evaluación docente, anunciada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) el viernes pasado.

Entrevistado al término de la entrega del Reconocimiento Autonomía Universitaria a ocho personajes de la historia de esa institución —entre ellos el ex secretario de Salud, Guillermo Soberón y a tres universidades públicas—, Narro Robles aseguró que la suspensión indefinida no debe implicar que no haya reforma educativa. “Reforma tiene que haber”.

“Lamento que se desdibuje [la reforma] con una determinación, de la que además no tenemos una explicación clara, más allá de unas cuantas decenas de palabras; y que si uno lee las cosas, de cualquier manera, no tiene la repercusión política que se buscaba pretendidamente”, expresó según una nota del periódico El Universal.

Al expresar su pesar por la medida de la SEP, interpretó parte de las razones: “Quiero pensarlo [que fue] para permitir generar un clima en condiciones mucho más favorables para el proceso electoral, lo lamento pues profundamente. Espero que exista en esa frase, de una suspensión por el momento temporal, la posibilidad de regresar de todos los actores, de las autoridades educativas y también de los maestros [a la evaluación]”.

Expuso que la educación en México requiere de reformarse profundamente y se puede constituir en el marco para ser aprovechado por todos los actores involucrados.

Dijo que a partir de ello “simplemente regresamos en un momento en el que estábamos [antes de la suspensión indefinida del proceso de evaluación magisterial]. No se trata de afectar los derechos de los profesores, se trata, por el contrario, de asegurar que los niños que van a la escuela pública en este país reciban la mejor educación”.

Consideró que es momento de generar certidumbre entre quienes están impartiendo esa educación, que además tienen las condiciones, los conocimientos, la preparación pedagógica, científica, humanista para poder enseñarle a los niños de México.

Al concluir la ceremonia del centenario del natalicio del ex rector Javier Barros Sierra, el rector José Narro afirmó que México no puede ser rehén de nadie, ni prisionero de grupos que a través de distintas maneras pretenden imponer un punto de vista, así sea para ellos muy legítimo, por lo que “hago un llamado a la sociedad a decir: ‘Ya basta, ya no queremos esto’”.

Recordó que en su momento él hizo pública su postura sobre la reforma, que no era integral, y que sin embargo, estaba en la dirección correcta. “Muchos reiteramos, muchas veces, que para el país el tema de la educación, y esta reforma educativa, es fundamental” para el futuro.

En un breve intercambio con medios de comunicación, al rector se le preguntó si haría un llamado a la SEP para avanzar frente a los grupos que se oponen, y manifestó que el llamado debe ser “al conjunto de la sociedad para que digamos ya basta, ya no queremos esto”.

Indicó que este “es un asunto no de una autoridad, este es un asunto de la sociedad. Yo sí hago un llamado a todas las estructuras, a todos los poderes, a todos los grupos, a todos los que tienen una participación, a los maestros de México”.

El viernes pasado, la SEP anunció —mediante un comunicado— la suspensión indefinida de la publicación de las fechas para la realización de los exámenes de maestros.

Critican silencio oficial

El comunicado telegráfico mediante el cual la Secretaría de Educación Pública de Emilio Chuayffet dio a conocer la suspensión indefinida de la evaluación de los maestros de México, sigue causando un ruido enorme que contrasta con el silencio gubernamental.

De acuerdo con otra nota del diario La Jornada, Manuel Gil Antón, experto de El Colegio de México (Colmex), recurre a una rola del grupo Kansas para definir el momento: hay ‘‘mucho polvo en el viento’’. Algo comienza a dejarse ver en medio de la polvareda que quiere culpar al ‘‘chantaje de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación’’: la SEP no hizo la tarea.

Gil Antón repasa el conjunto de especulaciones a las que ha dado lugar el escueto comunicado de Chuayffet y vuelve al centro de un debate que, del lado oficial y empresarial, se dio por cerrado: ‘‘Desde el principio del curso que está por terminar debió estar anunciado el nuevo modelo educativo (no otra cosa sino un modelo de enseñanza aprendizaje); eso no ha ocurrido. Uno puede preguntar: si no hay modelo educativo, ¿contra qué estándar se hace la evaluación?, ¿contra el de un profesor abstracto?”

En la polvareda sobresalen las protestas de los empresarios que emblematiza la agrupación Mexicanos Primero, que se reclaman dueños de la bandera de la educación cuando, como dice el doctor en ciencias Gil Antón, esta reforma no es ‘‘ni de lejos, educativa’’, sencillamente porque ‘‘no ha propuesto un modelo educativo que reoriente la estrategia mexicana para que su niñez y su juventud aprendan’’.

Es en ese terreno que se da la decisión de la SEP, un acto que Gil Antón califica de ‘‘sumamente incoherente, sobre todo por el enorme énfasis que le habían puesto a la reforma, y dentro de ella a la evaluación, y dentro ésta a la evaluación de los profesores como la solución clave’’.

–Pero no hubo ni tutores para los docentes de primer ingreso, ni programas de actualización, ni reforma de las escuelas normales.

–Nada, nada. Todo lo educativo está en suspenso y todo lo administrativo está en una lógica que carece de orientación educativa.

Si algo faltara, la SEP dio a conocer el pasado 29 de mayo el programa de estímulos a la docencia, que entre otras cosas sustituye a la carrera magisterial y que está indisolublemente ligado a la evaluación

‘‘Pero si lees las 79 páginas del programa te darás cuenta de que todos los criterios para establecer los incentivos, los tiene que hacer el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, justo el organismo al que le pasaron por encima con esta suspensión. La relación de la SEP con el INEE es ahora muy tensa.’’

En el debate público –y aun cuando se esté en contra de la reforma– predomina la crítica en el sentido de que la evaluación se paró ‘‘violando la ley. Pero el otro punto es cuándo van a explicar. ¿No merecemos los ciudadanos una explicación?’’

Aunque Gil Antón considera que la evaluación tal como fue concebida ‘‘tenía muchos problemas’’, es partidario de ‘‘una evaluación que valga la pena, aunque con lo que hicieron también le quitan energía social a la búsqueda de una evaluación valiosa. Salimos perdiendo, y las razones tuvieron que ser de índole muy pragmática; otra vez el pragmatismo le pega a la planeación’’, dice.

–El silencio del gobierno multiplica las preguntas: ¿sobre qué bases nuevas, construidas en esta administración, se podría realizar una evaluación?, ¿con los viejos planes de estudio?, ¿con base en el acuerdo 592, diseñado por el yerno de Elba Esther Gordillo?

–Tratar de entender que un solo factor pudo generar una decisión tan inesperada es difícil, porque habían insistido en que el corazón de la reforma era la evaluación.

La presión fue de los empresarios, no de la coordinadora: Aboites

“Fueron los empresarios los que sometieron al gobierno, con una presión muy fuerte, a esta idea de que la evaluación era lo fundamental de la reforma, y ahora reaccionan de una manera verdaderamente extrema, con este bloque de organizaciones, algunas tal vez ficticias’’, sostiene de entrada Hugo Aboites, investigador del tema educativo y actualmente rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

La firma del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (Comie) fue incluida en la lista de organizaciones que se sumaron a la protesta empresarial. Aboites, miembro de ese consejo, dice al respecto: ‘‘Acabamos de recibir un comunicado donde nos informan que ni siquiera les preguntaron’’.

Sobre las voces que acusan a la disidencia magisterial de ‘‘acorralar’’ al gobierno, Aboites sostiene que ese argumento se diluye cuando es claro que las movilizaciones magisteriales de ahora no son comparables a las de 2013, cuando se aprobó la reforma.

Las presiones, para el académico, vinieron más bien del lado empresarial: ‘‘Fueron los empresarios los que obligaron al gobierno a proponer como una reforma constitucional algo que cabía en un decreto del secretario de Educación Pública. Y lo llevaron a la Constitución para encadenar al gobierno’’.

La batalla de los empresarios es por controlar la educación con aliados ‘‘como la Fundación Chespirito’’ y, ‘‘lo peor’’, con el INEE, ‘‘que se supone debería ser un organismo autónomo, claramente inclinado del lado empresarial, en defensa del proyecto de Mexicanos Primero, muy molesto porque no se han cumplido al pie de la letra todas sus demandas’’.

–La versión que gana en los medios es la de un ‘‘triunfo’’ de la CNTE que hace ceder al gobierno...

–Más bien me parece que la presión empresarial ha generado un debilitamiento gubernamental. Y es una presión miope, que busca cambios sin ninguna consideración ni sensibilidad respecto de la situación que vive el país.

–Se habla también de una incapacidad de la SEP para llevar a cabo la evaluación.

–No. Es la creciente incapacidad del gobierno para controlar al sector empresarial que está empoderado. Y eso es lo más preocupante, porque hay muchos coqueteos de los empresarios con el Ejército, con todos estos homenajes y declaraciones, tratando de generar una convergencia social para que se evalúe, aunque en el fondo quieren la convergencia en torno a su postura de lo que debe ser la educación en México.

Las preguntas de Alonso Raya

Al diputado perredista Miguel Alonso Raya, egresado de la escuela rural de El Mexe, tampoco le hace sentido la versión que culpa a la CNTE, aunque esté en desacuerdo con los disidentes en su estrategia de boicot electoral.

El legislador pone el tema de este modo: ‘‘Si evalúo 100 y 50 me salen mal, ¿en qué sistema los voy a nivelar?, ¿a corregir? Porque la ley dice que tienes que meterlos a la actualización’’.

Y ese es uno de los detalles que olvidó el evaluador Chuayffet Chemor.

–¿Han sido informados los diputados sobre cómo avanza la reforma que aprobaron?

–Nada. Mañana (hoy) meto un punto de acuerdo (en la Comisión Permanente del Congreso) de las cosas que le mandatamos a la SEP y que no ha cumplido: ¿dónde está el nuevo modelo educativo?, ¿dónde la restructuración del sistema de formación y actualización?, ¿qué hizo con el equipamiento general de las escuelas?, ¿qué avance ha tenido en la atención a los estados con rezagos ancestrales? Caray, el INEE dice que sólo 26 de las 480 escuelas normales cumplen los requisitos de formación adecuada.

El coordinador perredista en San Lázaro ve en Mexicanos Primero un agrupamiento dedicado a buscar que ‘‘se corra a muchos maestros, para terminar de estigmatizar, para madrear a la escuela pública”. Y en la SEP mira ‘‘una autoridad inoperante que no quiere reconocer su incapacidad’’.

Partidario de la evaluación, afirma que, sin embargo, no debe hacerse sobre la base de ‘‘amenazas, con la guadaña sobre las cabezas de los profesores, sin reconocer lo que causaron el corporativismo y la complicidad entre SEP y sindicato durante tantos años’’.

Habría que seguir, en medio del polvo, la pista del dinero. Hace unos días, Juan Díaz de la Torre, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, informaba que, como consecuencia de la reforma, un ejército de 250 mil personas se sumará a las filas de los 750 mil docentes que ya disfrutan la jubilación.

A ello habrá que agregar los estímulos económicos que ganarán los mejor evaluados. ¿Se pospone la evaluación para que aguante el sistema de pensiones, para no pagar más a los mejores maestros? Son preguntas que se estrellan en el silencio de Emilio Chuayffet.

Cede la SEP ante la CNTE

La Secretaría de Gobernación cedió una vez más ante la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

De acuerdo con otra nota del periódico Reforma, el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, firmó ayer una nueva minuta de acuerdos con la sección 22 de la CNTE-Oaxaca, que contraviene la reforma educativa. Apenas el viernes, la Secretaría de Educación anunció la cancelación de la evaluación educativa.

En el documento se acuerda que ningún trabajador podrá ser removido de su cargo y función, no sufrirá detrimento en su salario y no podrá ser removido de las funciones que ha venido desempeñando.

La Ley General del Servicio Profesional Docente, reglamentaria del artículo tercero Constitucional, establece que los maestros están obligados ser evaluados para permanecer en el servicio.

Indica que, derivado de dicha evaluación -la cual estaba prevista en su primera fase en septiembre próximo- el maestro que no apruebe deberá participar en cursos de formación continua, capacitación y presentarse al siguiente año a la evaluación de desempeño.

De no aprobar en una segunda ocasión, deberá volver a los cursos de formación y, en la tercera oportunidad, será removido de su cargo y reasignado a otras funciones dentro del servicio educativo.

Sin embargo, la minuta firmada por Miranda señala que se construirá un proceso de evaluación con una amplia participación social que atienda los rezagos y necesidades de los mexicanos.

Lo anterior es contrario a la Constitución, que establece que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) es un órgano autónomo, el único facultado para establecer los procesos de evaluación para los maestros.

La minuta de Gobernación indica además que no se ejercerá ningún tipo de sanción o represión administrativa o judicial en contra de los trabajadores como consecuencia de su participación en las actividades de carácter político-social.

La Ley General del Servicio Profesional Docente plantea que un trabajador que tenga tres faltas consecutivas sin justificación podrá ser separado del servicio educativo.

A través de Miranda, Gobernación se comprometió a ser interlocutor con las instancias federales para propiciar mejores condiciones en materia de seguridad social para el magisterio.

Además, a respetar la autonomía sindical y a coadyuvar en los procesos penales de los maestros de la CNTE.

Esta es la minuta número 19 que el subsecretario de Gobernación firma con integrantes de la CNTE, sin que hasta el momento las demandas y las formas de presión y lucha del magisterio disidente hayan variado en los últimos dos años, pues la primera minuta se firmó el 13 de mayo de 2013.

Ayer, el dirigente de la sección 22 de la CNTE, Rubén Núñez, aseguró que el documento que recibieron en Gobernación es respuesta a las 11 demandas que presentaron a la autoridad federal el 1 de mayo.

"Estuvimos en Gobernación para recibir respuestas a nuestro pliego petitorio, cosa que no sucedió. Sólo nos respondieron con un documento que calificamos como nulo porque no responde a las demandas centrales que planteamos", criticó.