El Gobierno federal metió mano al Presupuesto aprobado por los legisladores para dar una mayor tajada a Los Pinos y quitarle al sector salud.

Así, la Presidencia tendrá 419 millones de pesos extras; Hacienda, 382, y Energía 4 mil 83 millones. En cambio, el gasto para hospitales y centros de investigación fue recortado en mil 450 millones de pesos.

DE acuerdo con una nota del periódico Reforma, los datos se encuentran en un informe que Hacienda entregó al Congreso, el cual detalla las "adecuaciones presupuestarias" que se hicieron a lo que aprobaron los diputados y que rebasan el 5 por ciento de las partidas.

En el caso del ramo presupuestal 02 "Oficina de la Presidencia de la República", San Lázaro aprobó un presupuesto anual de 2 mil 296 millones de pesos, pero Hacienda informó que fue ampliado a 2 mil 715 millones, es decir 18 por ciento más.

Los aumentos correspondientes a Hacienda se dieron en las comisiones nacionales Bancaria y de Valores, de Seguros y Fianzas, y del Sistema de Ahorro para el Retiro, que reflejaron incrementos presupuestales de 25.4, 34.4 y 54.5 por ciento, respectivamente.

En cambio, en el ramo de Salud, se detallan recortes a 11 hospitales e institutos, además del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, por un monto de mil 450 millones de pesos.

Entre los mayores afectados está el Hospital Dr. Manuel de Gea, al que se le redujeron 412 millones de pesos, un 26 por ciento de su gasto original.

En el caso del Instituto Nacional de Geriatría, de los 202 millones aprobados, sólo le dejarán 54, es decir 73 por ciento menos que lo aprobado por San Lázaro.

El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca se quedará sin 123 millones de pesos, de los mil 69 programados.

Otros afectados son el Hospital Juárez de México, así como los regionales de Alta Especialidad del Bajío, Oaxaca y Ciudad Victoria.

En el mismo sector salud, otros 11 órganos desconcentrados también verán reducidas sus partidas presupuestales.

Por ejemplo, el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones deberá operar con 130 millones menos de los 801 programados, esto es una reducción de 16.2 por ciento.

Otros afectados son el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, con 10 millones menos; el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA, al que le quitan 29 millones.

Así como el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, al que le restan 49 millones, y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que tendrá 36 millones menos.

En cambio, otros gastos que se disparan a la alza son los asignados a las tareas de formación policial, la promoción turística y telecomunicaciones.

Fracasó el Seguro Popular por mala administración

El Seguro Popular es “un dolor de muelas”. Se originó con el objetivo de que “el dinero siga al paciente, no a la institución”. La idea fue buena, pero falló su aplicación porque recursos hay, “y muchos, como nunca antes”, pero están “mal aprovechados por una pésima administración”, y los pacientes no tienen los servicios médicos que requieren, afirmó Javier Potes González, presidente del Consorcio Mexicano de Hospitales.

De otra manera, dijo, no se entiende que a más de 10 años de operación del Seguro Popular, todavía la mitad del gasto en salud provenga del bolsillo de los pacientes. La explicación es que éstos no encuentran en la atención pública el servicio que necesitan y recurren al sector privado, a unidades cuya calidad es “más bien malita”.

En entrevista, el empresario aseguró que el sistema nacional de salud “tiene cáncer; sin embargo, no hay un sentido de urgencia de hacer algo. Al menos no se ve”.

Según otra nota del diario La Jornada, Javier Potes recordó que en la reforma a la Ley General de Salud que dio paso a la creación del Sistema Nacional de Protección Social en Salud y a su brazo operativo, el Seguro Popular, se incluyó la posibilidad de que participara el sector privado en la prestación de servicios médicos.

Sin embargo, ello no ocurre por falta de reglas ni sistemas de control de clínicas y hospitales particulares y tampoco existen tabuladores claros. Sucede, entonces, que el dinero no sigue al paciente, y éste no tiene la posibilidad de elegir a su médico.

Interrogado sobre la deficiente calidad de los servicios médicos privados, Potes González reconoció que eso un problema, pero que tampoco ha habido iniciativas para resolverlo. Una opción podría ser que el Consejo de Salubridad General (CSG) incluyera en los procesos de certificación de calidad a unidades médicas pequeñas y medianas que puedan resolver enfermedades de baja complejidad, las cuales no requieren de grandes instalaciones ni equipos médicos complejos.

En el país, señaló, existen 3 mil hospitales privados, de los cuales únicamente 100, los más grandes, están certificados por el CSG. Si hubiera mecanismos intermedios, dijo Potes, con distintos niveles “muchos más entrarían a la jugada”. Habría posibilidad de supervisar su actividad –qué hacen y cómo– en beneficio de los usuarios.

En la actualidad, la prestación de servicios médicos está dividida. En un extremo están las personas de altos ingresos que pagan pólizas de seguros de gastos médicos mayores, consultas médicas y fármacos. Hacen un gasto de bolsillo que no tiene impacto en sus finanzas.

Del otro lado está el sector con los más bajos ingresos económicos, cuya única opción es acudir a las instituciones de seguridad social –los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste)– y al Seguro Popular, y esperar a que los atiendan, así como que les den los medicamentos que haya.

Entre ambos sectores hay de 25 a 30 millones de mexicanos de clase media que ya no acuden al IMSS ni al Seguro Popular, sino al ámbito privado. Tienen un gasto de bolsillo con un impacto mayor en su economía y sin la certeza de la calidad de la atención, indicó Potes, quien hace unos días participó en el foro Liderazgo en Salud, organizado por el Tecnológico de Monterrey.

Por eso es lamentable, agregó, que con tanto dinero disponible en los estados, por medio del Seguro Popular, no haya claridad ni transparencia en su manejo.

Señaló que modificar el actual sistema sanitario no será fácil, pero “tenemos que ser creativos”. Mencionó, por ejemplo, la creación de incentivos para que los médicos sean activos en el cuidado de la salud de sus pacientes.

En contraste, por ejemplo, en Francia existe un esquema en el que médicos y pacientes obtienen beneficios si cumplen con esquemas de prevención y detección temprana de padecimientos.

Otra opción está en los recién creados seguros médicos privados para personas de ingresos medios. Esta es una iniciativa del Consorcio Mexicano de Hospitales, que agrupa a 38 establecimientos en 35 ciudades de la República. Consiste en una póliza con un costo de entre 3 mil y 5 mil pesos por una suma asegurada de 150 mil pesos. Con este monto se pueden cubrir 95 por ciento de las causas de hospitalización (apendicitis, amigdalitis, accidentes, partos).

Este proyecto, con alguna colaboración con el Seguro Popular, podría ser parte del cambio del modelo que requiere el sistema nacional de salud, concluyó Potes.