México.- La observación electoral ha influido de manera fundamental en el fortalecimiento de la democracia en nuestro país debido a que ha contribuido a la confianza de los ciudadanos y la legitimidad de las instituciones.

Es por ello que nos preocupa el lenguaje que utilizó Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), en la conversación telefónica que le grabaron ilegalmente, porque se apuesta al

desgaste del Instituto Nacional Electoral (INE) a meses de su creación y a días de la elección.

Debemos de reconocer que el INE no es solo su presidente, además que no representa la totalidad de las personas que conforman el organismo electoral. Lo único que se provoca es que se incremente el abstencionismo en estas elecciones.

La labor de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos A.C. (CMDH) como observador electoral, reforzará antes, durante y después de las elecciones la participación ciudadana ya que el pasado 17 de mayo el Comité Técnico de Evaluación del Proyecto de Apoyo para la Observación Electoral, aprobó dos proyectos de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos A.C. (CMDH) para la observación electoral del presente año.

Uno que está relacionado con la Justicia Penal Electoral de 2015, comprendida en el marco de la promulgación de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, el cual tiene como objetivo el análisis del funcionamiento y desempeño de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE); y el otro que tiene como finalidad evaluar la reforma político-electoral del año 2014 y definir si su aplicación coadyuva al fortalecimiento de la democracia en México; así como la implementación de dichas reformas por las autoridades electorales (INE, TEPJF y Organismos Públicos Locales OPLES).

El trabajo de la CMDH relacionado con los derechos políticos no ha cesado con la observación de comicios federales que ha venido realizando desde las elecciones federales de 1994, sino que ha mantenido una constante participación en la difusión del respeto a los mismos.

La experiencia acumulada de la Comisión derivada de su participación en los procesos electorales de 1994, 1997, 2000, 2003, 2006, 2009 y 2012 la han comprometido a continuar brindando sus esfuerzos en este tema.

Con esto la CMDH cumple uno de sus objetivos de promover la participación ciudadana para la construcción de una democracia plena y fomentar una cultura de respeto, haciendo conciencia con estos programas, de que la vigencia de los derechos humanos, no es responsabilidad exclusiva de las autoridades o partidos políticos, sino de todos y cada uno de los ciudadanos.

Como ejemplos podemos indicar que durante los procesos electorales pasados varias de las recomendaciones y sugerencias que nacieron de la observación de la CMDH se tomaron en cuenta para los cambios legislativos, como la propuesta de que el Tribunal Federal Electoral, dependiente en aquel entonces del Poder Ejecutivo pasara al Poder Judicial y tomara el nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); el caso de la creación de Salas Regionales, el fortalecimiento de la Sala Superior, la profesionalización del personal, los tiempos para resolver sentencias, la transparencia y el carácter de hacer público y accesible la información, así como la fiscalización de los recursos que se otorgan a los partidos y candidatos para que sean revisados durante el proceso electoral.

Durante el proceso electoral del 2006, antes del día de la jornada electoral, se pudo observar que el Tribunal realizaba su trabajo como lo marcaba el COFIPE, pero después de la elección la Comisión fue testigo, por lo cerrado de la elección presidencial, que se dio una presión mediática, de la que el TEPJF respondió institucionalmente, pero esto provocó que después de la calificación se buscara por parte de varios actores desprestigiar al Tribunal, el cual supo responder de forma adecuada cada punto del que fue cuestionado.

Ante las elecciones cada vez más competitivas, las organizaciones de observadores, así como los observadores independientes, deben regir su labor conforme a los principios de certeza, legalidad, independencia e imparcialidad.