El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos insistió en la necesidad de que el gobierno mexicano le permita el acceso al 27 batallón de infantería del Ejército, con sede en Iguala, para entrevistar ‘‘directamente, y no por intermediación de la Procuraduría General de la República (PGR)’’ a todos los elementos que estuvieron presentes en los distintos escenarios del ataque a los estudiantes.

De acuerdo con una nota del periódico La Jornada, los especialistas consideraron que esta diligencia es ‘‘clave’’ en el proceso de esclarecimiento, ‘‘porque ellos estuvieron en varios escenarios’’ de los hechos la noche del pasado 26 de septiembre.

Al rendir el tercer reporte de avances de la misión, desde que iniciaron su trabajo de coadyuvancia en la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos y la investigación judicial de los hechos –que desembocaron además en el asesinato de tres estudiantes y heridas de gravedad a dos más, que permanecen hospitalizados desde hace siete meses–, integrantes del GIEI advirtieron ayer sobre el grave riesgo de impunidad que podrían entrañar las referencias recabadas por la delegación sobre situaciones de tortura, malos tratos o violaciones al debido proceso, denunciadas por varios de los presuntos responsables detenidos en el Cefereso 4 de Tepic, Nayarit, mayoritariamente policías ministeriales e integrantes del grupo criminal Guerreros unidos, señalados por la PGR.

En nombre de los cinco expertos del grupo, dos de ellos, Carlos Beristain y la ex fiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz, explicaron en conferencia de prensa las recomendaciones que han presentado al gobierno mexicano y que están pendientes de cumplimiento.

Entre las recomendaciones destaca la urgencia de reactivar la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos, en colaboración con sus padres y bajo un nuevo protocolo de búsqueda conforme a estándares internacionales.

Subrayaron también la necesidad de unificar en un solo juzgado y en un solo expediente las 13 causas relacionadas y dispersas en seis juzgados distintos, en cinco ciudades diferentes, donde son procesados un centenar de detenidos en tres penales de máxima seguridad: Altiplano estado de México), Tepic (Nayarit) y Puente Grande (Jalisco).

Anunciaron que a partir del 20 de mayo, cuando el grupo regrese a México, acudirán al penal de Tepic a entrevistarse con la esposa del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca, María de los Ángeles Pineda. Para la reunión con el mismo Abarca –recluido en Tamaulipas– no hay fecha aún, aunque se prevé que sea una de las últimas diligencias que realice el GIEI.

Admitieron que aunque desconocen todavía cuál es el nivel de involucramiento del ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre, ‘‘obviamente es parte de lo que se deberá investigar’’.

Beristain y Paz confirmaron que, entre los 16 procesados con los que el GIEI se entrevistó en Tepic recientemente, ‘‘un número lamentablemente alto’’ refirieron haber sufrido tortura. En uno de los casos, el defensor de oficio incluso pidió la aplicación del protocolo de Estambul. Otros 10 presentaron recursos de queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Se preguntó a los expertos si, de confirmarse la tortura, esta circunstancia puede tirar el caso contra los implicados. Respondieron que una vez tomada nota de las denuncias, procederán a contrastarlas con lo que está en el expediente y los reportes médicos para determinar la veracidad.

‘‘El análisis exhaustivo de esas denuncias es fundamental’’ ya que, de confirmarse, tendría ‘‘consecuencias legales y un impacto muy negativo’’.

Beristain agregó: ‘‘Ha sucedido en casos que ustedes en México conocen muy bien’’. Añadió que ‘‘serán los jueces quienes valorarán si esas denuncias tienen confiabilidad y qué es lo que hay que hacer’’.

Los expertos indicaron que en esta tercera etapa se logró analizar el desarrollo de los hechos de la noche del pasado 26 de septiembre en Iguala, en más de 10 escenarios y momentos, con lo que tienen ya ‘‘mayor conocimiento de los lugares donde se dieron los hechos relevantes, los ataques a los seis autobuses y otros vehículos’’.

Como en la presentación del segundo reporte, el GIEI insistió en que los delitos del caso Ayotzinapa se deben investigar por desaparición forzada, no por secuestro, como figura actualmente en las averiguaciones previas.

Pero además, deben incluirse otros ilícitos graves como tortura, en particular en el caso del estudiante Julio César Mondragón, el joven de la Normal Rural de Ayotzinapa desollado por sus atacantes. También citaron los delitos de tentativa de homicidio, en el caso de Aldo Gutiérrez y Édgar Vargas, los dos que aún permanecen hospitalizados graves, después de siete meses.

Añadieron que hay otras irregularidades como encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, uso no adecuado de la fuerza, lesiones y amenazas que sufrieron los normalistas sobrevivientes. ‘‘Estos delitos también deben ser adecuadamente investigados’’.

Finalmente, en el tema relacionado con la atención a las víctimas, los expertos de la CIDH mencionaron que en el caso del joven que quedó en estado de coma, Aldo Gutiérrez, la Secretaría de Gobernación se comprometió con sus padres a obtener ‘‘una rápida segunda opinión’’ médica sobre sus posibilidades de recuperación. Esto último sigue pendiente.

Reestablecerán la búsqueda de los normalistas de Ayotzinapa

La Policía Federal y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, acordaron restablecer la búsqueda de los muchachos desaparecidos desde el 26 de septiembre del año pasado.

Según otra nota del diario Excélsior, Carlos Beristain, integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informó que ambas partes acordaron lo anterior durante una reunión celebrada a inicios de este mes.

A petición de las autoridades y de los familiares, las partes acordaron un encuentro, donde asistieron los papás de los normalistas y Enrique Galindo, comisionado general de la Policía Federal de México.

Dicho encuentro se realizó el 5 de mayo de 2015, y durante el mismo se acordó continuar el proceso de búsqueda hasta que se tenga certeza del destino de los normalistas desaparecidos”, dijo el integrante del grupo.