Del total de las reformas legislativas previstas en el Decálogo por la Paz, la Unidad y la Justicia que el presidente Enrique Peña Nieto presentó en noviembre pasado, seis se encuentran atoradas en el Senado, incluyendo las propuestas del Ejecutivo federal para afrontar la impunidad y el dominio del crimen organizado en territorios y corporaciones policiales.

Un análisis detallado del planteamiento hecho por el mandatario federal el 27 de noviembre anterior muestra que las tres principales iniciativas que Los Pinos envió a la Cámara alta como cámara de origen ni siquiera se han dictaminado.

De acuerdo con una nota del periódico Excélsior, se trata de las propuestas que fueron enviadas por el Ejecutivo el 2 de diciembre de 2014: facultar al Congreso para expedir la ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales; reformas para la redefinición de competencias en materia penal, y facultar al Congreso para expedir la ley en materia de policías estatales únicas.

También hay tres casos detenidos en el Senado de la República que corresponden a dictámenes que aprobaron los diputados en tanto fueron Cámara de origen: la creación del teléfono único de emergencias como medida de auxilio contra la delincuencia, así como la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la puesta en marcha de esta línea.

Además la desvinculación del salario mínimo como unidad de referencia para calcular multas y otros precios para trámites.

Hasta septiembre se podría aprobar la propuesta de seguridad

La propuesta que reforma los artículos 21, 73, 104, 105, 115, 116, y 123 constitucionales para replantear el modelo de seguridad pública y establecer un nuevo sistema policial, fue enviada a la Cámara alta el 1 de diciembre pasado como parte de la estrategia anunciada por Peña Nieto, para mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho en nuestro país; no obstante, será hasta después de septiembre (en el primer periodo ordinario de la LXIII legislatura), que los senadores buscarán procesar este proyecto legislativo.

A cinco meses de recibirse en el Senado la propuesta del Ejecutivo federal, el presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil Zuarth (PAN), reconoció que ningún avance se ha logrado; sin embargo, responsabilizó al propio Gobierno de la República y al grupo parlamentario del PRI de dilatar su aprobación.

En entrevista con el diario 24 Horas, el legislador panista señaló que, además de las profundas diferencias por su contenido, persiste la falta de interés del Revolucionario Institucional, lo que ha impedido el avance de la reforma sobre seguridad y justicia, de modo que –advirtió- será entre junio y septiembre que los senadores buscarán construir un modelo de consenso.

“No se pudieron concretar mayores avances en razón de que hay profundas diferencias en la visión de los modelos que le convienen al país. Pero además, vemos a un gobierno que no está defendiendo su iniciativa, a un grupo parlamentario del PRI que no cree en esa iniciativa y que en consecuencia tampoco la está promoviendo; vemos a dos grupos parlamentarios –PAN y PRD- que tienen profundas diferencias con ese modelo (…) lo que hemos decidido en función de ello es que nos daremos todo el verano para poder intentar construir un modelo de consenso”, indicó.

Gil Zuarth puntualizó que hubo voluntad de su fracción política para atender el proyecto, y señaló que incluso se presentaron iniciativas alternas al proyecto original.

En respuesta, el legislador del PRI y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Omar Fayad Meneses, asentó que es la falta de acuerdos entre todas las fuerzas políticas, y no la responsabilidad de un solo grupo parlamentario, lo que ha estancado durante cinco meses el trámite de la reforma enviada por el presidente de la república.

Tras los señalamientos de la oposición, el legislador priista reviró “nosotros estuvimos en todo momento interesados en seguir avanzando en el tema (…)  aquí no podríamos culpar a un grupo parlamentario, todos los grupos parlamentarios debimos haberle dado prioridad a un tema que es prioritario, debimos haber logrado un consenso, debimos haber resuelto lo que se pudiera, debimos haber sacado adelante esta importante iniciativa. Para todo había alternativa, había salida, pero finalmente imperaron otros temas”.

Fayad Meneses, reconoció en entrevista con el diario 24 Horas, que si bien existen diversas propuestas en la mesa, no se ha logrado unificar criterios, pero advirtió, el PRI seguirá insistiendo en que se procese el paquete de reformas en materia de seguridad y justicia, hecho que dijo, será más factible a partir del mes de septiembre.

En ello coincidió el senador Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, quien señaló, durante los últimos cinco meses, apenas se logró la presentación, por parte de distintos grupos parlamentarios, de propuestas para modificar la propuesta original, mismas que no prosperaron.

“No pasó,  porque no hay acuerdo general, particularmente en lo que se refiere a la intervención de municipios, la posibilidad de que tuviera que asumir total o parcialmente las funciones municipales el gobierno federal; la cuestión de  tipificación de los delitos de carácter general para que se aplicara la misma norma en todo el país; y el mando único”, declaró.

PRI presume 29 reformas aprobadas

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, afirmó que la aprobación en esta Legislatura de 29 reformas constitucionales, 442 reformas y decretos, y 44 nuevas leyes, dan cauce jurídico a la transformación nacional en materia educativa, de telecomunicaciones, energía, competitividad, hacienda pública, justicia, transparencia, anticorrupción, y régimen político.

Todo ello, dijo, es consecuencia de un trabajo legislativo plural alentado por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que ha sido ampliamente respaldado por la bancada tricolor en San Lázaro.

“Esa línea de conducta permitió que durante la última semana del periodo ordinario se cumpliera el acuerdo bicameral y tuvieran prioridad los temas de consenso más amplio para desahogar el mayor número de dictámenes pendientes con rapidez y responsabilidad”, subrayó según otra nota del periódico La Crónica.

Destacó que en sintonía con la labor del Senado, la Cámara baja ordenó su trabajo para aprobar, en el último día de sesiones, la reforma constitucional que faculta al Congreso para legislar en materia de desaparición forzada y tortura de personas. “Estos delitos serán considerados como graves, de acuerdo con los compromisos internacionales que México ha suscrito en materia de derechos humanos y, sobre todo, conlleva una obligación moral del Estado mexicano de cerrar el paso a esas prácticas aberrantes”, indicó.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro destacó que se aprobaron otros dictámenes que abordan temas fundamentales para el desarrollo y bienestar de los mexicanos. Entre estos destacó el rubro de justicia, en el que se aprobaron reformas para hacer imprescriptible el delito de pederastia y para tutelar mejor los derechos de los niños al momento de nacer, así como mecanismos alternativos de impartición de justicia agraria.

El jefe de la bancada tricolor destacó de igual forma la obligación de que los medicamentos homeopáticos sean prescritos únicamente por médicos especializados en esta rama de la salud, y la promoción de la igualdad de oportunidades en los programas de cultura física y deporte, y entre las mujeres y hombres indígenas.

Otras modificaciones jurídicas promueven el desarrollo de la actividad económica en áreas fundamentales como la industria naval y la marina mercante y la pesca y la acuacultura, obligan a los concesionarios de telecomunicaciones a transmitir mensajes en situaciones de emergencia e incorporan el uso del correo electrónico certificado en la administración pública.

También se reforzaron los instrumentos para combatir el secuestro mediante la geolocalización de los aparatos telefónicos utilizados para cometer ese delito, resaltó.

Hoy promulgan la ley de transparencia

El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, afirmó que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada por el Congreso y que será promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto este lunes, permitirá combatir con mayor eficacia la corrupción.

Dijo que ésta es percibida por los ciudadanos como el principal problema que enfrenta el país, así como promover el respeto a los derechos humanos.

Dicha norma, que reglamenta el artículo 6° constitucional, crea un nuevo sistema nacional de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales a nivel federal y local y una plataforma nacional de transparencia, el cual se articula y vincula con el Sistema Nacional Anticorrupción, resaltó.

De igual forma, establece que los sujetos obligados, incluidos servidores públicos de los tres Poderes y de los órganos autónomos, partidos políticos y sindicatos a documentar todos sus actos de autoridad debidamente fundamentados y motivados y prohíbe clasificar como reservada la información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

Esta norma, avalada en la Cámara de Diputados el pasado 16 de abril, recordó, tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.

Obliga también a transparentar sus ejercicios a cualquier persona física, moral o sindicato, que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios, señaló según otra nota del periódico La Crónica.

De igual manera, busca promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas.

Ello, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, atendiendo las condiciones sociales, económicas y culturales de cada región.

El coordinador perredista en San Lázaro afirmó que la aprobación de la Ley de Transparencia, junto con la del Sistema Nacional Anticorrupción, representa uno de los logros más importantes de la LXII Legislatura.