El Senado aprobó ayer el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, el cual en opinión de la oposición, es muy limitado.

De acuerdo con legisladores contrarios al PRI esta ley será insuficiente para atacar los abusos, excesos y desvíos de recursos públicos cometidos por funcionarios de los tres Poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno.

Según una nota del periódico Reforma, las bancadas del PRI y del PVEM impidieron que se modificara el Artículo 108 de la Constitución para retirar la inmunidad al titular del Ejecutivo, con la finalidad de que pueda ser procesado por actos de corrupción.

Tampoco aceptaron eliminar el fuero de altos funcionarios, por lo que, para poder llevar ante la justicia a gobernadores, alcaldes y legisladores, primero será necesario desaforarlos.

Otro de los puntos que los legisladores se negaron a incorporar fue la obligación de hacer públicas las declaraciones patrimoniales y de interés de los servidores públicos.

Los senadores de oposición consideraron que la reforma se queda corta frente al fenómeno de impunidad y corrupción que ha dejado pérdidas en el País por 86 mil millones de dólares en los últimos 10 años.

"La política seguirá siendo un espacio de impunidad gracias al fuero. No se podrá tocar con el pétalo de una averiguación previa a un político. El Presidente no va a ser sujeto de las leyes de responsabilidad administrativa ni será sujeto del Sistema Anticorrupción", criticó el senador del PAN, Roberto Gil.

"Esta reforma se queda corta para responder a los millones de mexicanos que, así como vieron la Colina del Perro -residencia del ex Presidente José López Portillo-, hoy se indignan con la 'Casa Blanca'", expresó el perredista Armando Ríos Piter.

Algunos de los legisladores coincidieron en que la simple creación del sistema anticorrupción no garantiza la caída de "peces gordos" o personajes señalados por peculado, cohecho, conflictos de interés, tráfico de influencias, moches o enriquecimiento ilícito.

"No hay que generar falsas expectativas. Lo malo de todo esto es que, por más candados que se pongan, la corrupción seguirá existiendo. Son rateros, no estúpidos", soltó el senador panista Javier Lozano.

El Pleno del Senado avaló con 98 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones cambios a 14 artículos de la Carta Magna para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual tiene como objetivo prevenir, controlar y sancionar los actos ilegales cometidos por servidores públicos.

Dicha reforma fue turnada a los Congresos de los estados para su discusión y eventual aprobación.

Aunque el acuerdo entre los coordinadores de ambas cámaras fue aprobar la minuta sin cambio alguno, para que no tuviera que regresar a la Cámara de Diputados, durante la discusión de ayer panistas, perredistas y petistas intentaron modificarla e insistieron en que ese Sistema Nacional Anticorrupción tiene serios vacíos e insuficiencias.

En tribuna, los presidentes de tres de las comisiones dictaminadoras, los priístas Cristina Díaz y Enrique Burgos, así como el senador del PVEM Pablo Escudero, resaltaron que se sientan las bases para frenar la corrupción al ‘‘dar dientes’’ vía mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la que podrá fiscalizar en tiempo real el uso de los recursos públicos y sancionar las faltas administrativas graves.

Según otra nota del diario La Jornada, la legisladora del PRI Graciela Ortiz pidió ‘‘no ver la paja en el ojo ajeno’’ e hizo notar que las nuevas facultades de la ASF permitirán revisar ejercicios anteriores, entre ellos el del gobierno del Distrito Federal por la línea 12 del Metro.

El coordinador del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett, recordó que el tema anticorrupción fue la primera propuesta de campaña de Enrique Peña y ayer se aprobó con tres años de retraso ‘‘para tratar de lavar su escándalo por la Casa Blanca o los conflictos de intereses en que ha incurrido su administración’’.

Salen a relucir el tema de los moches y la 'Casa Blanca'

En la discusión de la reforma anticorrupción en el Senado, legisladores de oposición lamentaron que el nuevo marco legal no va servir para combatir casos como la "Casa blanca" y los moches en la asignación de recursos para obra pública.

Los legisladores indicaron que en el caso de la "Casa Blanca", como se ha designado al inmueble que la Primera Dama, Angélica Rivera, adquirió de un contratista del gobierno federal, el presidente Enrique Peña no puede ser sancionado debido a que conserva inmunidad constitucional.

"Resulta incomprensible, inadmisible, y por lo tanto deplorable, que este Congreso de la Unión no se atreva a dar el paso y establezca un sistema de responsabilidad directa y objetiva para la cabeza de los servidores públicos, el presidente de la República", acusó el panista Javier Corral.

Su compañero de partido, Ernesto Cordero, dijo que la reforma no va a prevenir que estos casos vuelvan a darse.

"No nos engañemos, esto no va a terminar, ni siquiera va a prevenir que vuelva a suceder otra 'Casa Blanca'", indicó el panista según la nota del diario Reforma.

El perredista Armando Ríos Piter señaló que asuntos de corrupción no se investigan y no se castigan porque no existe voluntad política para ello, pues el combate a la corrupción depende de que exista esta disposición, que cuando ocurre, es en realidad una venganza política.

El senador Mario Delgado indicó que ni la legislación actual ni el nuevo entramado institucional que se creará con la reforma, sirven para castigar el conflicto de interés que significa la adquisición de la "Casa Blanca".

Legisladores del PRI y del Partido Verde rechazaron una propuesta de modificación impulsada por un grupo de panistas en la que incluían en el Artículo 108 que el Presidente de la República pudiera ser acusado por ejercicio abusivo de funciones, conflicto de interés, tráfico de influencia y cohecho.

La Constitución actualmente establece que el Presidente sólo puede ser acusado por traición a la Patria y delitos graves del orden común.

En tanto, Cordero indicó que la reforma no atacará la manera en que en la Cámara de Diputados los legisladores de las distintas fuerzas políticas se reparten los recursos para obra pública, sobre los cuales cobran comisiones a las empresas que ganan los contratos.

"En muchos países el moche es considerado como un delito y es una práctica que está a milímetros de ser considerada un soborno", advirtió.
Repartirse el dinero para obra pública de manera discrecional, sostuvo, genera de inmediato un mercado corruptor por el que desfilan los presidentes municipales, debilitando la institución legislativa.