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Hasta el 2017 funcionará el Sistema Nacional Anticorrupción

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Aunque se tiene planeado su aprobación esta semana, los legisladores necesitarán un año para aprobar y adecuar leyes para su aplicación.

El Senado de la República prevé aprobar, este martes, la minuta relativa a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción; sin embargo, pese a concretar la gran prioridad legislativa del último periodo ordinario de sesiones y calificar como un gran logro la definición del nuevo modelo de combate a la corrupción, éste no será implementado sino hasta 2017.

Según se estableció en el artículo del dictamen relativo a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, a partir de la entrada en vigor de este nuevo modelo, el Congreso de la Unión tendrá un plazo de un año para aprobar las leyes que complementan y hacen aplicables las reformas constitucionales que el Senado espera aprobar el día de mañana.

Es decir, será hasta el año 2016 cuando las cámaras de Senadores y de Diputados, emitan las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación; la ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción; y una ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones y las sanciones aplicables por actos de corrupción  en que éstos incurran, según se informa en una nota del diario 24 Horas.

De acuerdo con el régimen transitorio del proyecto que mañana concluye su andar legislativo, tras el plazo de un año en el que el Congreso buscará complementar la reforma a diversos artículos constitucionales, adicionalmente se otorgará un plazo de 180 días, para que los congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, realicen las adecuaciones normativas correspondientes.

Con ello se estaría aplazando, al menos, hasta 2017 la aplicación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. De hecho, en un sexto artículo transitorio el propio Congreso especifica que en tanto se expiden las leyes secundarias continuará aplicándose la legislación en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como de fiscalización y control de recursos públicos, en el ámbito federal y de las entidades federativas, hoy vigentes.

El senador Alejandro Encinas Rodríguez (PRD), presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, reconoció que el Congreso apenas está dando el “primer paso” en lo que se refiere a la consolidación del modelo de combate a la corrupción.

“El problema final”, aseguró, será la implementación de esta reforma, para lo que se requiere primero modificar entre 10 y 12 legislaciones vigentes, además de la creación de nuevos ordenamientos.

Admitió que no habrá resultados inmediatos tras la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, e incluso sostuvo que “difícilmente en este sexenio estará en operación (…) no hay certeza en los tiempos”.

Por su parte, Roberto Gil Zuarth, senador panista e integrante de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, afirmó que a partir de la aprobación de esta reforma, el Congreso de la Unión deberá iniciar una nueva tarea: concluir los instrumentos para combatir la corrupción y la impunidad.

“De esta reforma constitucional se tendrán que desdoblar leyes de responsabilidad de servidores públicos, una nueva ley de fiscalización, la ley que regule las atribuciones de cada uno de los órganos que están comprendidos en esta reforma constitucional; modificaciones al código penal para revisar los tipos penales y las penas que se aplican a las distintas conductas asociadas a la corrupción”, señaló.

Quien maneje recursos públicos deberá de rendir cuentas: Beltrones

Manlio Fabio Beltrones afirmó que con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ninguna persona física, moral, partido político, sindicato, fideicomiso o fondo que maneje recursos públicos, o cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, quedarán excluidos de informar a quien lo solicite sobre esos recursos u otros datos de interés ciudadano de que disponga.

De acuerdo con otra nota del periódico La Crónica, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados dijo que igual ocurrirá con los órganos autónomos en cualquiera de los tres niveles de gobierno, por lo que, sostuvo, esta Ley hace efectivo el derecho ciudadano a la información pública.

En un comunicado, dijo que con la aprobación y remisión al Ejecutivo federal de la Ley General de Transparencia no habrá reservas en casos que impliquen violaciones de los derechos humanos o que involucren posibles hechos de corrupción.

El político sonorense subrayó que, sin duda, “esto representa un paso firme hacia un gobierno abierto al escrutinio ciudadano, como corresponde a una democracia moderna”.

Aseguró que la ley de transparencia hace efectivo el derecho ciudadano a la información pública, “sin excepciones ni privilegios”, tal como la sociedad lo ha demandado.

Resaltó que además de que la Ley aprobada, regula la organización y funcionamiento de un Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y define las bases de coordinación necesarias para operar un modelo de alcance nacional.

Ello, destacó, sin olvidar, que considera acciones de fomento de la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública que tienen como fundamento la rendición de cuentas y la participación ciudadana, señaló el líder de la bancada tricolor.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja pidió a su bancada mantener el ritmo de trabajo en las tres sesiones previstas para esta semana  para avanzar en el desahogo de los temas que se acordaron con los senadores.

Entre los que destaca: la Ley de Justicia para Adolescentes y las reformas de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y la Ley de Ahorro y Crédito Popular, entre otras minutas pendientes en San Lázaro.

De este modo, se avanza puntualmente en el acuerdo legislativo que establecimos con el Senado de la República para incrementar la productividad de ambas cámaras a unos días de que termine el periodo ordinario final de la LXII Legislatura, finalizó el líder parlamentario.
 

 

 

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