Ahorradores defraudados por los dueños de la sociedad financiera popular Ficrea anunciaron que interpondrán un amparo contra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para hacer valer una ley que obligaría al Estado a cubrir con fondos públicos los recursos que depositaron en la firma.

“Se está solicitando el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que se cubra a todos los ahorradores de Ficrea el importe total de las inversiones realizadas” hasta el momento en que la firma fue intervenida por las autoridades, anunció Fauzi Hamdan Amad, representante legal de un grupo de ahorradores de la firma financiera.

La CNBV intervino Ficrea el 7 de noviembre pasado, bajo la acusación de ocultar a la autoridad supervisora operaciones con una empresa propiedad de los mismos accionistas y bajo señalamientos de lavado de dinero. Desde entonces, la firma financiera dejó de pagar a los ahorradores. Hasta ahora hay cuatro personas detenidas, pero el principal accionista de la compañía, Rafael Olvera Amezcua, sigue prófugo.

Al momento de la intervención Ficrea había captado recursos de ahorradores por 5 mil 628 millones de pesos. Tenía registrados 6 mil 366 ahorradores y había concedido créditos a 6 mil 724 clientes, de acuerdo con datos de la CNBV.

De acuerdo con una nota del periódico La Jornada, la decisión de los ahorradores representados por Hamdan Amad de presentar un amparo fue tomada después de que la SHCP se declaró “incompetente” para atender el reclamo de que el Estado asuma la responsabilidad patrimonial por la pérdida del patrimonio de los ahorradores de Ficrea.

El 10 de marzo, explicó Hamdan Amad en conferencia de prensa, presentó a nombre de sus representados un escrito en la SHCP en el que reclama la responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de la que, a su juicio, fue una mala supervisión de la CNBV que abrió la puerta al fraude de los dueños de Ficrea.

La petición fue sustentada en el artículo 113 de la Constitución, que en su segundo párrafo establece: “La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes”. Este artículo constitucional está reglamentado en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que define que la persona afectada por una irregularidad de la administración pública será indemnizada con la cantidad sujeta a reclamo, los intereses respectivos y el 30 por ciento de la suma de los dos anteriores conceptos por “daño moral”.

Hamdan Amad dijo que Hacienda, el 17 de marzo, solicitó a los defraudados información que ya está en su poder, como los nombres de los ahorradores, un conducto que consideró producto de “la mala fe” de la dependencia. No obstante, fueron cumplidos en tiempo los requerimientos de la SHCP.

“De manera totalmente ilegal y absurda”, la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, que depende de la propia SHCP, argumentó el 26 de marzo pasado que Hacienda “resultaba incompetente para conocer la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado y ordenó que remitiera el asunto a la CNBV”, que es la entidad señalada por los ahorradores de haber fallado en la supervisión de Ficrea, dijo.

En la práctica, la decisión de Hacienda de declararse incompetente abrió la puerta para presentar la demanda de amparo indirecto, en la modalidad de acción colectiva, lo que significa que de su resultado, si es favorable, podrán beneficiarse todos los ahorradores de Ficrea y no sólo los representados por Hamdan, explicó. “Nos estamos ahorrando siete u ocho meses, porque ya no tendremos que promover un juicio contencioso administrativo”, expuso.

Si obtienen el amparo, los ahorradores deberán recibir el reintegro del total de sus recursos, intereses y el pago de daño moral directamente del presupuesto de la Federación. Hacienda se quedaría como propietaria de los activos de Ficrea, que al ser vendidos servirían para resarcir los recursos públicos empleados, añadió.

La demanda de amparo será presentada este miércoles. Hamdan dijo que espera una resolución favorable en un plazo de cinco meses. Como Hacienda puede inconformarse, el representante legal anticipó que el caso llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Si se buscará pagar el 100% del dinero a los defraudados

En coordinación con el gobierno federal, la Comisión Especial del caso Ficrea del Congreso de la Unión presentó la solución para que los ahorradores defraudados no pierdan su dinero, pues cinco mil 319 de ellos recuperarán el ciento por ciento de su dinero de hasta un millón de pesos, a partir de mayo, vía un nuevo Fondo de Apoyo que el gobierno federal alimentará con mil 600 millones de pesos.

Además, para apoyar a los ahorradores que no participen de este Fondo de Apoyo, Nacional Financiera otorgará un crédito de mil millones de pesos, respaldado por la cartera de crédito de una de las empresas relacionada con Ficrea, el cual se repartirá de manera proporcional entre los ahorradores, y que se denomina alternativa de monetización.

Según otra nota del periódico Excélsior, la presidenta de la Comisión Especial, la senadora Blanca Alcalá, acompañada de senadores y diputados federales, negó que se trate de un rescate y dijo que “es un instrumento mediante el cual se permitirá adelantar los recursos de la liquidación en beneficio de los ahorradores más pequeños. Estos recursos no son fondo perdido, porque a través del Fondo el gobierno federal adquiere los derechos de los ahorradores participantes convirtiéndose en el principal acreedor de Ficrea”.

La senadora poblana precisó que este esquema tiene un alto impacto de beneficio a los ahorradores, pues sin este esquema sólo se atenderán a dos mil 614 ahorradores y con éste se eleva el número a cinco mil 319, que representan 79 por ciento del total de personas físicas afectadas por el fraude en Ficrea.

Y en cuanto al tema de monetización, precisó que todos los ahorradores que participen en él mantendrán todos sus derechos para el proceso de quiebra ordinaria: “De no haber participado la banca de desarrollo en el proceso de monetización, el valor comercial de la cartera de crédito de Ficrea hubiera sido entre 300 y 500 millones de pesos; y con este esquema es de mil millones.”