~~Oaxaca.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca logró el 18 de marzo último la liberación de un indígena zapoteco que estuvo interno por más de un año en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Santa María Ixcotel, debido a que el organismo detectó irregularidades en el proceso judicial.

El 8 de agosto de 2014 comparecieron ante el director de Peticiones, Orientación y Seguimiento de Recomendaciones de la Defensoría, Bernabé Hernández Flores, familiares del campesino Daniel López Flores y su asesora legal, quienes solicitaron el apoyo de la Defensoría para obtener la libertad del trabajador agrícola, quien fue privado de su libertad mediante un proceso irregular.

Los quejosos indicaron que el campesino es originario de Santa María Lachichina, Villa Alta, y desde enero del año pasado se encontraba privado de su libertad en el CERESO de Santa María Ixcotel. Los familiares del agraviado afirmaron que el agente del Ministerio Público con sede en Talea de Castro, Villa Alta, había fabricado delitos en su contra, al acusarlo de asalto, lesiones y robo.

Por su parte, el director de Peticiones Orientación y Seguimiento de Recomendaciones de la Defensoría, Bernabé Hernández Flores, destacó que este miércoles 18 de marzo la Segunda Sala de lo Penal dictó el auto de libertad a López Flores por violaciones a su derecho al debido proceso, incluyendo falta de pruebas.

La familia había acudido en agosto de 2014 a la Defensoría por carecer de recursos para pagar a un abogado, pues quien los asesoraba dio su apoyo temporalmente cobrando sólo gastos de trasportación, que ya les resultaban insostenibles, luego de que otros litigantes les ofrecieron resolver el caso sin cumplirles.

Los quejosos, vecinos del campesino entonces preso, expusieron que López Flores era quien solventaba la economía de su familia y estaba al cuidado de su hijo adolescente, el cual se encuentra solo en la comunidad, por lo que les era imposible seguir sufragando los gastos para una defensa privada del caso en los tribunales.

El defensor Hernández Flores, al revisar el expediente penal 15/2013, detectó diversas irregularidades en la averiguación previa, las cuales vulneraban el derecho al debido proceso del campesino.

La revisión practicada por la Defensoría registró entre las irregularidades del proceso que el agente del MP de Talea de Castro manifestó que realizó la diligencia de inspección ocular en el lugar de los hechos el 16 de junio de 2012, lo cual resulta imposible porque la denuncia fue presentada hasta el día 26 de ese mismo mes.

Otras irregularidades halladas en el proceso contra López Flores son que los documentos con los peritajes balístico y médico, admitidos por el Ministerio Público de Talea, presentan inconsistencias en las fechas.

El representante de la Defensoría, Hernández Flores, dijo que al advertir estas irregularidades y al tratarse de un caso excepcional, porque el inculpado no habla español, el organismo autónomo solicitó al Juzgado Mixto de Primera Instancia que diera trámite al recurso de apelación interpuesto por la asesora legal del interno.

El Juzgado Mixto de Primera Instancia respondió a la solicitud de la Defensoría al remitir el expediente a la Segunda Sala. Posteriormente el juzgado estableció que el 3 de diciembre de 2014 se haría la audiencia de vista.

Para esta audiencia, la Defensoría apoyó a López Flores en la elaboración de su escrito de expresión de agravios, en el que constaron las posibles violaciones a derechos humanos cometidas en su contra, entre ellas, que al rendir su declaración preparatoria no se le asignó un traductor certificado.

La Defensoría solicitó nuevamente a la Segunda Sala resolver este caso lo más pronto posible, por intermediación de la directora de Derechos Humanos del Tribunal, pues los efectos negativos contra López Flores al privarlo de su libertad fueron diversos; por ejemplo, no pudo asistir al funeral de su madre, además de que la primera vez que salió de su pueblo fue sólo para ser ingresado al CERESO de Ixcotel.

La Defensoría reconoció la disposición del Poder Judicial del Estado para resolver este caso a favor del indígena afectado por las irregularidades del proceso.